Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La ordenanza de ruido continúa con su tramitación interna en el Ayuntamiento de València. El pasado otoño empezaban las conversaciones entre la Concejalía de Medio Ambiente, dirigida por Pilar Soriano, y los grupos municipales, con el propósito de consensuar una normativa que contara con el mayor respaldo posible.
El texto, que todavía es un borrador, incluye entre otros puntos la regulación de los toques de campana -asunto polémico en los últimos años debido a las quejas y denuncias contra iglesias- y de toques de relojes históricos, la declaración de las Zonas Acústicamente Saturadas, además de sanciones por las molestias acústicas de vecinos o de sus mascotas, entre otras.
Sin embargo, una de las novedades que recoge el documento, tal y como desveló Valencia Plaza, es el procedimiento de sanción a las terrazas que provoquen tres quejas vecinales, acreditadas siempre por la Policía Local, a lo largo de tres años. Así pues, si alguien presenta reclamaciones ante el consistorio por el ruido de una terraza, la Policía Local deberá constatar las molestias y "el Ayuntamiento podrá imponer medidas correctoras para garantizar el derecho de los vecinos al descanso".
Estas "medidas correctoras" consisten, en primera instancia, en la reducción del horario autorizado de las terrazas en una hora. Pero la sanción será progresiva si se dan más quejas. Si desde el primer aviso y durante el año siguiente se producen nuevas quejas, se reducirá una hora más su horario. Pasado un año desde la segunda restricción, si se registra otra queja, "se procederá a la revocación de la licencia", reza el borrador.
Sin embargo, no incluye el artículo correspondiente ninguna referencia a la devolución de la licencia ni de las horas de horario perdido. Es por eso que el grupo municipal de Ciudadanos, dirigido por Fernando Giner, y mediante el edil José María Bravo, ha pedido a la delegación consistorial que está confeccionando el texto que se clarifique esta cuestión y se precise cómo los hosteleros sancionados pueden optar a recuperar la autorización retirada.
Existen reservas en el sector de la hostelería, con todo, sobre la objetividad o la discrecionalidad de las denuncias y las sanciones, dada la dificultad para discernir, excepto en casos de flagrante evidencia, la cantidad de ruido que procede de la terraza y de sus usuarios, de otros ruidos que se puedan dar en la vía pública. En ese sentido, se preguntan representantes del sector qué métodos empíricos se utilizan en dichos casos.
Vicente Pizcueta, uno de los representantes de la plataforma Convivir Russafa, arguyó en respuesta a este medio cuando saltó la noticia que debería ser personal técnico el que constatara las molestias y no la Policía Local. "La Policía Local no tiene los medios ni la capacidad técnica para hacer una medición objetiva en un entorno tan complicado como la vía pública", opinaba Luis Hortelano, representante de la asociación 'Al Balansí' por una Hostelería Responsable.
Por otro lado, en una entrevista a este diario, la concejala de Protección Ciudadana y responsable de la Policía Local, Anaïs Menguzzato, aseguró que "al final, un policía es un agente de la autoridad y se le estima veracidad en su declaración", además de que se harán mediciones en cada caso. Pero sostuvo que "es importante que los criterios sean muy concretos para que no sea una valoración subjetiva de un agente", por lo que considera que lo mejor para una normativa es "ser lo más concreta posible para que la actuación sea lo más sencilla posible y facilitar así el trabajo de la Policía.
Ahora bien, ciertamente la concejalía de Menguzzato no realizará ninguna alegación al texto, puesto que ha colaborado de manera estrecha con la delegación de Medio Ambiente en la redacción del texto.
