2 + 2 = 0: la contabilidad creativa del Gobierno español con las víctimas del covid-19

Uno de los problemas de fondo con mayor incidencia en el espacio público desde que comenzó la crisis del coronavirus ha sido la gestión de los números. Toda la incertidumbre, el temor y las incógnitas causadas por la incidencia del covid-19 ha tenido su reflejo en una gestión de la información, por parte de las autoridades, que ha revelado múltiples deficiencias. Los números (de casos, de fallecidos, de sospechosos, de pacientes recuperados) han estado sometidos a discusión desde el principio, sobre todo por la sensación de que las autoridades no llegaban a todas partes, e incluso de que no podían atisbar sino la punta del iceberg.

Una sensación finalmente verídica, según ha podido constatarse con el paso de las semanas: en efecto, en los peores momentos de la incidencia de esta primera ola de la pandemia en España, cuando millones de personas (la mayoría de la población, salvo los trabajadores en servicios esenciales o en sectores que no podían hacer teletrabajo) estábamos confinados en nuestras casas viendo cómo se incrementaban, hasta cotas insospechadas y terribles, las cifras de afectados y fallecidos diarios, los servicios sanitarios se vieron desbordados, y la gestión administrativa de los casos también: la gran mayoría de los casos, los que tenían sintomatología leve, tenían que pasar la enfermedad en su casa, sin diagnóstico oficial (sin test), sin que nadie, de no ser ellos mismos, avisase a sus contactos, potencialmente contagiados también. Sólo los enfermos graves llegaban al hospital (algunos acababan en el hospital, de hecho, por no haberlos atendido precozmente). Y los muy graves, por desgracia, a menudo ni siquiera llegaban, pues fallecían antes, en sus residencias o domicilios particulares. 

Ante esa situación, y desde fechas muy tempranas, hemos arrastrado la sospecha permanente de que las cifras oficiales no se correspondían con la realidad. Desde luego, no lo hacían en lo que se refiere a los contagiados por covid-19, que eran muchísimos más de los diagnosticados: hasta diez veces más, unos 2,3 millones de personas, según el estudio de seroprevalencia elaborado por el Instituto de Salud Carlos III (un 5,2% del total de la población española). En consecuencia, también cabe suponer que los curados de esta enfermedad son muchísimos más, y que la tasa de letalidad del virus, afortunadamente, está más cerca del 1% del total de contagiados que del 10%.

Por desgracia, también está quedando cada vez más claro que el número de fallecidos, que ya es terrible según las cifras oficiales (27.000 personas), se ha de incrementar significativamente si tenemos en cuenta los fallecidos con síntomas de covid-19, pero a los que no se les hizo la prueba y por tanto no computan en las cifras del ministerio de Sanidad. El incremento de la mortalidad en España a lo largo de estos meses, respecto a la cifra de años anteriores, no deja lugar a dudas: podrían ser más de 48.000 los fallecidos por covid-19, según ha desvelado recientemente el Instituto Nacional de Estadística.

Todos estos problemas en el cómputo de las cifras pueden -y deben, en puridad- vincularse con el terrible impacto de la pandemia, que cogió desprevenida a la mayoría de la sociedad y también a la administración (nacional, autonómica y local). Lo lógico, lo deseable, es que el tiempo permita esclarecer los datos y actualizarlos.

Sin embargo, recientemente se ha producido un giro de gran importancia en cuanto al tratamiento de los datos. El ministerio de Sanidad ha abandonado el criterio seguido en los meses anteriores, consistente en informar de la actualización de las cifras proveídas por las comunidades autónomas, y se ha sacado de la manga un sistema alternativo, en virtud del cual sólo se notifican los fallecimientos que se hayan producido, y notificado, en las últimas 24 horas. El resultado de dicho cambio, dado que las comunidades autónomas continúan teniendo dificultades para actualizar dichos datos con celeridad, es que apenas hay fallecidos, según el ministerio. Porque los que hay, o se han producido en días anteriores, o si se producen en ese mismo día se notifican después.

Se supone que, obviamente, el ministerio de Sanidad actualizará periódicamente los datos que no cumplan esos exigentes requisitos. Pero, por lo pronto, nos encontramos con titulares de prensa, enfáticamente resaltados por parte del propio presidente del Gobierno, que afirman que en España hay días en que nadie muere de covid-19... Mientras las comunidades autónomas informan aún de decenas de muertos cada día.

Si fuéramos generosos con las intenciones del Gobierno podríamos suponer que se trata de un nuevo fallo de contabilidad. Pero es muy llamativo que los fallos que provoca el Gobierno siempre van en beneficio de sus intereses propagandísticos, como ocurrió con el intento de "colarle" a la OCDE unas cifras de test de covid-19 que incluían indiscriminadamente los realizados mediante PCR y mediante test rápidos, con lo que España figuraba entre los diez países de la organización que más test hacían (cuando se actualizaron dichas cifras, ya sin los test rápidos, bajó hasta el puesto 18). Aquí ocurre lo mismo: se notifican cero fallecidos y al Gobierno le falta tiempo para presumir de lo rápido que se ha producido el descenso de la curva. Y es cierto que así ha sido, en comparación con otros... pero no tanto. 

Resulta incomprensible que se corte por lo sano con los datos que se estaban aportando desde casi el inicio de la pandemia (homologables, más o menos, a los de otros países), y que no se sigan ofreciendo, aunque sea como añadido a los supuestos datos "mejor perfilados" que están dando ahora, cuyo efecto fundamental es disruptor: no permite seguir adecuadamente la evolución de la pandemia y, utilizando una de las expresiones favoritas de Fernando Simón, da una "falsa sensación de seguridad" a la gente, a la que se le dice que aquí ya no pasa nada y todo está superado, mientras diariamente surgen noticias de nuevos brotes que muestran que el virus dista de haber desaparecido, así como que su capacidad de propagación sigue siendo alta.

En el camino, el gobierno de coalición está logrando que más y más instituciones y organismos internacionales pongan en duda sus cifras. Por ejemplo, la OMS cifra los muertos en España en casi 30.000, unos 2.000 más que el propio ministerio de Sanidad. El Financial Times publica un artículo en el que explica la inconsistencia de los datos en España. Y, como ya se ha mencionado, el INE ha hecho una estimación que aumenta en 20.000 los fallecidos por covid-19 en España, a juzgar por el exceso de mortalidad, y a falta de otras explicaciones que puedan justificar dicho aumento. Aunque sólo sea porque su estrategia propagandística está saliendo muy mal y cada vez menos instituciones y ciudadanos confieren credibilidad a sus cifras, por favor: dejen de hacerse trampas al solitario.