Aspecto que presenta una de las promociones paralizadas de Nou Temple, en Xàbia. Foto: APALICANTE. El fondo Aiqon Capital y el Banco Santander, dos de los grandes acreedores financieros de la promotora valenciana Nou Temple, han decidido adherirse a la demanda de los pequeños acreedores de la Marina Alta para que el juez declare el incumplimiento del convenio de acreedores aprobado en 2010. Según han explicado fuentes próximas, tanto el fondo de capital riesgo (que adquirió la cartera de fallidos de Catalunya Caixa en 2014) como la entidad que preside Ana Patricia Botín han adoptado esta decisión al no lograr mediante requierimientos judiciales que la promotora les abonase las cantidades adeudadas según el plan de pagos previsto.
Como adelantó este martes Alicante Plaza, un grupo de acreedores de la promotora valenciana han presentado una denuncia en el juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia por considerar que la empresa está incumpliendo el plan de pagos que le permitió salir del concurso de acreedores en 2010. La firma que preside Vicente Flames logró el visto bueno a un convenio que suponía una quita del 50% y el pago del resto de la deuda, unos 80 millones de euros, en ocho años con dos de carencia. Según denuncian estos acreedores, ni se está cumpliendo el calendario de pagos ni se ha reanudado la construcción de las promociones paradas que debían garantizar la viabilidad del grupo promotor.
El fondo Aiqon Capital reclama a la promotora valenciana, que en los buenos tiempos usaba la imagen del exfutbolista del Valencia C.F. David Albelda como reclamo publicitario para sus promociones, más de 1,5 millones de euros por un crédito impagado a CatalunyaCaixa, ahora absorbida por el BBVA. Como el Banco Santander, este fondo también ha requerido el pago a través del juzgado que instruyó el concurso de acreedores, sin éxito. Según las fuentes consultadas, Aiqon Capital ya ha remitido al juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia un escrito de adhesión a la solicitud de los acreedores, y el Banco Santander tiene previsto hacerlo en los próximos días.
La mayoría de los acreedores que han presentado la solicitud de incumplimiento son pequeñas empresas que trabajaron para Nou Temple en sus promociones de la zona de la Marina Alta, donde se han quedado paralizadas obras en Dénia, Xàbia, Jesús Pobre y Els Poblets. El motivo es que la promotora "no ha venido atendiendo los pagos comprometidos tras la aprobación del convenio", además de que "carece de actividad y de personal, que ni siquiera les atienden al teléfono" y que en el domicilio al que se han trasladado, a una casa cerrada de una antigua promoción en Ribarroja del Turia "nunca hay nadie", según un portavoz de los acreedores.
Las demandas se han presentado cuando "queda algo más de un año para que la promotora logre que se cierre el concurso de acreedores y con ello cualquier derivación de responsabilidad", advierte. Los denunciantes piden que se celebre una vista oral "para aclarar las razones que han llevado a la promotora a permanecer en un estado de inactividad durante siete años" e "incumplir el convenio apoyado en 2010 por la mayoría del crédito concursal". Si el juez considera que, tal como denuncian estos acreedores, el convenio se ha icumplido, Nou Temple podría verse abocada a la liquidación.
El grupo Nou Temple inició, entre 2006 y el estallido de la burbuja inmobiliaria, una treintena de promociones en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, Tarragona y en las Islas Baleares, fundamentalmente. En junio de 2008 se declaró en concurso de acreedores al verse estrangulada por la falta de financiación, y paralizó las obras que estaban en marcha de más de 1.000 viviendas. Unas viviendas que deberían haberse reanudado, según el convenio de acreedores, para continuar con la normal actividad de la empresa y poder atender así sus compromisos de pago (80 millones de euros en ocho años con dos de carencia). Pero, según denuncian los acreedores, esas obras nunca se reanudaron.
Tras salir del concurso, la promotora de Vicente Flames inició una ofensiva contra las entidades financieras que le negaban la disposición de préstamos promotor concedidos antes del concurso, dado que la falta de liquidez le impedía reanudar las promociones paralizadas. En 2012 presentó varias denuncias contra Banco CCM, Banco CAM y Catalunya Caixa (tres entidades nacionalizadas que tenían vetada la concesión de préstamos promotores), a los que reclamaba 23 millones de euros. Un juez incluso llegó a decretar un embargo preventivo de bienes a la entidad castellano-manchega por la cantidad reclamada, pero finalmente Nou Temple perdió todas las demandas. En el caso de la CAM, a la que reclamaba 10 millones, recurrió cuando la entidad ya había sido absorbida por el Banco Sabadell, pero un juez dio definitivamente la razón al banco en 2014.
