ALICANTE. Punto final, ahora sí, a la trayectoria de la que justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria era una de las promotoras de referencia en la Comunitat Valenciana. Trece años después de aprobarse el convenio de acreedores, y seis años después de que varios de esos acreedores denunciasen su incumplimiento, el juez ha abierto la fase de liquidación de la última sociedad que seguía existiendo del grupo Nou Temple.
En una providencia firmada el pasado 6 de junio a la que ha tenido acceso Alicante Plaza, el magistrado titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de València acuerda "dar publicidad a la apertura de la fase de liquidación de la mercantil Promociones Nou Temple SL", una vez que la sentencia de incumplimiento dictada a raíz de la denuncia del convenio en 2018 ha devenido firme.
Los acreedores, entre los que se cuentan decenas de empresas proveedoras afectadas por los impagos pero también organismos públicos, fondos de inversión y hasta compradores de viviendas inacabadas, tendrán difícil no obstante recuperar algo de su crédito, toda vez que ha transcurrido más de una década en la cual la promotora no llegó a retomar la actividad, y que el privilegio del Estado en la liquidación se llevará buena parte, si no todo, de lo que quede en bienes y derechos.
La liquidación de Nou Temple no ha sido sencilla. A pesar de que las denuncias de incumplimiento comenzaron a sucederse pocos meses antes de agotarse el calendario de pagos pactado en 2010, que finalizaba en 2018, el hecho de que el concurso involucrase a tres sociedades, dos de ellas sin apenas activo, los problemas con los administradores concursales y la negativa del juez en un primer momento a dar por incumplido el convenio han dilatado sobremanera el proceso. De hecho, la sentencia que ahora ha terminado por abrir la fase de liquidación se dictó hace cuatro años.
El grupo Nou Temple subió como la espuma entre 2006 y el estallido de la burbuja inmobiliaria. Con el exfutbolista del Valencia C.F. David Albelda como imagen publicitaria de sus residenciales, la promotora valenciana puso en marcha distintos proyectos en las tres provincias de la Comunitat Valenciana, en Tarragona y en Baleares. La declaración del concurso de acreedores, en junio de 2008, paralizó una treintena de promociones en marcha con más de 1.000 viviendas, que deberían haberse reanudado, según el convenio de acreedores, pero que nunca lo hicieron.
La firma que preside Vicente Flames logró en 2010 que los acreedores y el juez dieran el visto bueno a un convenio que suponía una quita del 50% y el pago del resto de la deuda, unos 80 millones de euros, en ocho años con dos de carencia. Tras salir del concurso, la promotora de Vicente Flames inició una ofensiva contra las entidades financieras que le negaban la disposición de préstamos promotor concedidos antes del concurso de acreedores, dado que la falta de liquidez le impedía reanudar las promociones paralizadas. En 2012 presentó varias denuncias contra Banco CCM, Banco CAM y Catalunya Caixa, a los que reclamaba 23 millones de euros. Las perdió todas.