Luis Díaz Alperi.ALICANTE (EFE). El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi (PP) será juzgado a partir de este lunes por un presunto fraude a Hacienda cercano a los 700.000 euros y cohecho impropio, delitos por los que la Fiscalía pide provisionalmente para él penas que suman 9 años y 9 meses de prisión. Junto al también ex diputado autonómico se sentarán en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal 6 de Alicante los empresarios Antonio Solana y Antonio Moreno y el responsable del puerto deportivo alicantino, Javier Palacio.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado, que ejerce la acusación particular en el proceso en representación de la Agencia Estatal Tributaria (AET), sostienen que Díaz Alperi dejó de ingresar 682.681 euros a Hacienda durante los años 2007, 2008 y 2010.
La mayor parte de esa cantidad (405.351 euros) corresponde al ejercicio de 2007, cuando el entonces alcalde tuvo unos ingresos reales de 1.004.878 euros pero solo declaró unas retribuciones de 113.250 euros por sus cargos públicos.
El presunto fraude de 2008 asciende a 144.862 euros y está relacionado con un incremento patrimonial no declarado por la adquisición de una embarcación tipo catamarán de 15,54 metros de eslora, bautizada con el nombre de Akra Uno, a través de la sociedad instrumental Andarx Business SL.
Por último, en 2010, Díaz Alperi defraudó, siempre según la versión de las acusaciones, 132.468 euros tras realizar diversos cambios de la propiedad del barco con otro de los sospechosos.
La denuncia fue presentada en 2013 e investigada por la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) debido al aforamiento del político, por su condición de diputado en el grupo popular de Les Corts.
El TSJCV abrió juicio oral contra los cuatro acusados en febrero de 2014, pero Díaz Alperi renunció a su acta en el Parlamento autonómico en abril de ese mismo año, lo que motivó que la causa fuera derivada a los juzgados de Alicante.
El procedimiento recayó en el Juzgado de lo Penal 6 de dicha ciudad en febrero de 2015, pero su titular, el magistrado Eugenio Alarcón, decidió, al cabo de más de dos años y medio, intentar devolverlo al TSJ, que rechazó esa inhibición.
La vista oral comenzará finalmente este lunes, con una sesión dedicada íntegramente al planteamiento de cuestiones previas de índole procesal, y se reanudará el 21 de mayo para concluir, tras una decena de jornadas, el 10 de junio.
El juez Alarcón ha rechazado de forma previa la recusación formulada por el exalcalde alicantino contra los dos peritos de Hacienda que instruyeron su expediente porque considera que el hecho de que cobren, como los demás inspectores, un complemento de productividad por objetivos no compromete su imparcialidad.
Además de los tres delitos fiscales, la Fiscalía acusa a Díaz Alperi de un delito de cohecho impropio derivado del amarre gratuito de su barco en el puerto deportivo de Alicante, una infracción que esta parte atribuye también a Javier Palacio.
El antiguo dirigente del PP está también a la espera de un juicio por supuesta corrupción, en el marco de una rama del "caso Brugal" relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, hechos por los que enfrenta a peticiones de penas que rondan los diez años de prisión.
Alicante entregó a la multinacional cuatro parcelas valoradas en 15 millones a cambio de su antigua fábrica que, en parte, ya han procurado un aprovechamiento lucrativo ventajoso para Altadis: una fue adquirida por la EUIPO para llevar a cabo su ampliación y en otra se construyó un residencial de más de 200 viviendas, en La Condomina. En las otras dos, en zonas privilegiadas como el PAU 1 y en la Playa de San Juan, todavía no se ha edificado. La tabacalera sigue siendo propietaria del 4% de sus antiguas naves, ya que no se ha entregado una quinta parcela pendiente, también en la zona de playa
