La ex regidora de Turismo de Orihuela, Pape Ferrando. ORIHUELA. Carpetazo al caso Fitur del Ayuntamiento de Orihuela. La Fiscalía Anticorrupción y los acusados, incluidos la ex concejala de Turismo en la etapa del PP Pepa Ferrando -actualmente concejala de Foro Demócrata-, han llegado a un acuerdo de conformidad por el que admiten el fraccionamiento de contratos en la adjudicación de los stands de Fitur para el Ayuntamiento de Orihuela entre 2008 y 2011. De esta manera, los acusados han sido condenado dos años de prisión más una multa e inhabilitación para ejercer cargo público con lo que todos evitan la entrada en prisión. El acuerdo se ha alcanzado en la primera jornada del juicio oral, tras dos horas y media de negociaciones, que se han celebrado este miércoles en el juzgado de lo Penal de Orihuela.
En su petición inicial, Anticorrupción solicitaba nueve años de prisión para la regidora oriolana, y otros tantos de inhabilitación, y a los empresarios, penas que oscilan entre los 8 y los 4 años y medio de prisión, en función de los encargos asumidos por cada una de las empresas por la contratación de stands y material promocional.
Además de Ferrando, se sentaban en el banquillo de los acusados los representantes de las empresas Mare Stand, Rótulos y Componentes, Equipamiento integral para stand Molinos, Exporigging, Mojaia, Benabarra, Octopus Events, Intermedio Montajes y Ecothink; es decir, Ainhoa Molinos Zufiria y Javier Molinos Zufiria, todos ellos, como administradores de las cinco primeras empresas; Juan Bautista Rodríguez Miquélez, de Benabarra y Octopus Events; y Juan Ignacio Goñi e Ignacio Alonso Gorostiza, de Intermedio e Ecothink.
Finalmente, Ferrando ha sido condenada a 24 meses de prisión por, a razón de seis meses por cuatro delitos de prevaricación administrativa con fraude; y a tres años y seis meses de inhabilitación para ejercer cargo público. Los empresarios Javier Molinos Zufiria, Mercedes Lasa, Ainhoa Molina Zubiria, a 18 meses de prisión, y a 2 años y 10 meses de inhabilitación; a Juan Bautista Rodríguez Miquélez, 20 meses de prisión y a 2 años y 10 meses de inhabilitación, y a Ignacio Alonso Gorostiza, seis meses de prisión y a 3 años de inhabilitación. En todos ellos, se tiene en consideración el atenuante de reparación de los daños. Y con la aceptación de los hechos, evitan el ingreso en prisión por no tener antecedentes penales. Juan Ignacio Goñi queda absuelto.
La responsabilidad civil queda fijada en 149.697 euros, que ha sido depositada por Javier Molinos, Mercedes Lasa y Ainhona Molinos, en las arcas del Ayuntamiento de Orihuela.
Cómo ya se apuntara en los informes policiales aportadas la causa, Ferrando y los empresarios estaban acusados de actuar en connivencia para trocear los contratos y eludir la convocatoria de concursos para los expositores municipales de Fitur y de la Feria Valenciana de Turismo con importes inferiores a 18.000 euros durante el periodo 2007-2011.
Y en la petición de Fiscalía se detallaba, de acuerdo con los informes periciales, hasta las cantidades que se podría haber defraudado. Así, en el primer contrato, Orihuela pagó 52.436,99 euros al entramado de empresas cuando debió de abonar 23.695,78 euros; en 2009, 91.577,33 pese a que el valor real de los servicios contratados era de 53.176,39 euros; en 2010, se abonaron 58.000 euros, cuando la cifra, según el valor del mercado, hubiese sido 33.737 euros ; y en 2011, 82.075 euros en lugar de 35.280,27 por lo que respecta a Fitur y 45.893,34 euros, en lugar de 29.350,12, por lo que concierne a la Feria de Turismo de la Comunidad Valenciana. En total, 149.697,66 euros.
