Los políticos y juristas participantes en las jornadas de AlcoyALICANTE. Unanimidad entre los partidos políticos y contundencia en la postura del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunitat Valenciana. La jornada celebrada este viernes en el Ágora de Alcoy sirvió para evidenciar que políticos y juristas valencianos están más que comprometidos con la causa de recuperar, cambio constitucional mediante, las competencias en materia de derecho civil.
El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, encargado de inaugurar las jornadas, fue el más claro al señalar que hay que aspirar a un cambio en la Carta Magna que permita, tras las sentencias del Tribunal Constitucional (en base al artículo 149.1.8º) que anulaban las tres leyes aprobadas por Les Corts al amparo del Estaut d'Autonomia, recuperar las competencias arrebatadas de facto por el Alto Tribunal.
Pero las jornadas sirvieron fundamentalmente para cumplir dos objetivos: el primero, oficializar un pronunciamiento general de los ocho colegios de abogados de la Comunitat, a través del Consejo que los agrupa, en favor del derecho civil (sin concretar con qué fórmula recuperarlo). El segundo, poner de acuerdo a los cinco partidos con representación en Les Corts y el Congreso de los Diputados en explorar las fórmulas que permitan llevar a cabo esta aspiración.
PP, Compromís, Ciudadanos y Unidos Podemos, representados por María José Ferrer, Isaura Navarro, Emigdio Tormo y Ricardo Sixto coincidieron en la necesidad de abordar un cambio constitucional (de mayor o menor calado, según las aspiraciones de cada uno) para encajar las competencias legislativas de la Comunitat en materia de derecho civil, que ya tienen otras regiones. El conseller había pedido la "máxima unanimidad, aquí y en Madrid", para lograrlo. Y parece que las bases están sentadas.
La jornada, promovida por la Real Academia de Cultura Valenciana (RACV) y la Associació de Juristes Valencians (AJV), reunió a unas 80 personas entre participantes y público, entre los cuales la opinión mayoritaria fue la de la necesidad de cambiar la Constitución, con una reforma "amable" que no afecte al cuerpo principal, sino a su Disposición Transitoria segunda, de forma que la Comunitat pueda ejercer las citadas competencias en base a su tradición histórica, aunque no estuvieran compiladas cuando la Carta Magna entró en vigor (el argumento empleado por el Alto Tribunal).
Para ello, la secretaria autonómica de Transparencia, Zulima Pérez, encargada de clausurar el cónclave, avanzó que promoverán una reunión (en el plazo de un mes) con los parlamentarios nacionales de todas las formaciones con presencia en la Comunitat para trasladarles esta determinación y fijar una postura común que se trasladará también a las cúpulas de las formaciones en Madrid.
Un compromiso que llega a punto de cumplirse el primer año de la primera sentencia del Constitucional que anulaba la Ley de Régimen Económico matrimonial valenciana, con el voto discrepante del magistrado Juan Antonio Xiol, y prohibía de facto a Les Corts legislar en materia de derecho civil, pese a ser una competencia reconocida en el Estatut de 2006, aprobado en las Cortes Generales por las dos formaciones mayoritarias. El presidente de la AJV, José Ramón Chirivella, moderador de la mesa redonda con los cargos políticos, considera que "en un año ha cambiado rotundamente la visualización de esta problemática", de forma que la sociedad valenciana está mucho más concienciada con la recuperación de las competencias en materia de derecho civil.
Todas las formaciones que deben fijar una postura común en Madrid han apoyado el manifiesto de la AJV a favor del derecho civil en alguno de los ayuntamientos (40 en la provincia de Alicante, incluidos los 20 con mayor población) donde se ha debatido la moción impulsada por los juristas valencianos. Ahora se trata de pactar una postura común en la Cámara autonómica. Cabe recordar que la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que preside el alcalde de Elda, el socialista Rubén Alfaro, ha remitido a todos los ayuntamientos la moción para que la aprueben: de momento van 190 en toda la Comunitat.
