Dalmau denuncia "presiones de los poderes fácticos" contra el decreto de tanteo

VALÈNCIA (EP). El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, ha denunciado este domingo en sus redes sociales que desde la aprobación del decreto ley para la ampliación de vivienda pública mediante tanteo y retracto "no se han detenido las presiones y amenazas" contra su persona, "tanto públicas como privadas, por parte de los poderes fácticos que defienden a los fondos de inversión".

La denuncia de Dalmau, a través de un 'hilo' de publicaciones de Twitter, se produce después de que el 5 de junio el pleno del Consell aprobase un decreto ley que amplía los supuestos en los que las administraciones pueden adquirir inmuebles para destinar a vivienda pública mediante el derecho de tanteo y retracto. Con esta normativa, la administración podrá adquirir viviendas procedentes de ejecuciones por impago de la hipoteca o aquellas que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias, aumentando el parque público para poder dar respuesta a las situaciones de emergencia habitacional.

El conseller ha relatado este domingo que "la propuesta llegó a oídos de los lobbies de sectores económicos poco transparentes y de los grupos de inversión, y sonaron las alarmas". "Empezaron entonces las presiones y las amenazas, públicas y privadas, por parte de quienes quieren mandar sin presentarse a unas elecciones", ha denunciado.

Dalmau ha resaltado que la normativa "ayudará a aumentar el parque público de la Generalitat y de los ayuntamientos, como recomienda el Banco de España" y "contó con la participación de los agentes involucrados, organizaciones sociales y empresariales, operadores jurídicos y expertos varios". Así, ha defendido que el decreto "fue ampliamente participado y se tuvieron en cuenta todas las recomendaciones que ayudaron a mejorarlo". "Siempre con diálogo", ha insistido.

El vicepresidente ha puesto en valor que el decreto-ley permite a las administraciones públicas "actuar con preferencia en transmisiones de viviendas como las adquiridas mediante dación en pago, proceso judicial de ejecución hipotecaria, procedimiento de venta extrajudicial o en edificios completos de viviendas". "No solo eso; también permite ejercer el derecho de adquisición preferente a los ayuntamientos para nutrir sus viviendas públicas. La necesidad es clara: después de la pandemia, y ante la posibilidad de nuevas amenazas, hay que asegurar que nadie se quede sin techo", ha defendido.

En esta línea, ha resaltado que la norma "pondrá freno a las grandes ventas especulativas de vivienda" y está enfocada "a asegurar el derecho constitucional y estatutario a una vivienda digna". De hecho, "nos coloca en la vanguardia de las políticas progresistas mundiales", ha asegurado.

El conseller recuerda que el 15 de julio se convalidará el decreto-ley en Les Corts, "lo que le dará carácter permanente", pero ha lamentado que "hasta entonces las presiones no cesarán". "En esa votación veremos quién está al lado de los fondos buitre y quién al lado de la gente", ha concluido.