El Consell ignora las advertencias del CJC sobre la "dudosa constitucionalidad" de la Ley de Vivienda

VALENCIA. Los artículos de "dudosa constitucionalidad" detectados por el Consell Jurídic Consultiu (CJC) en el proyecto de Ley para la Función Social de la Vivienda no van a ser modificados por el Gobierno valenciano en el texto legal, que ya está a la espera de su debate y aprobación definitiva en Les Corts. Así lo explican a este diario fuentes de la Conselleria de Vivienda, que argumentan que su ley es "realista" y que está ideada para que no haya "problemas de inconstitucionalidad competencial".

Como reveló este martes Valencia Plaza, el CJC ha emitido un duro informe contra la ley, ideada para obligar a la banca y a otros grandes propietarios de viviendas vacías a poner los inmuebles a la disposición de los ciudadanos. Así, entre las observaciones "de carácter esencial" que realiza el consejo -aquellas que considera que "se deben atender" antes de aprobar la ley-, el organismo advierte de que no se puede imponer a los propietarios que sus viviendas estén ocupadas y de que no se puede "obligar" a la banca a alquilar los inmuebles a los desahuciados de los mismos, aunque el impago se haya producido por "circunstancias de emergencia social".

El ejecutivo autonómico, sin embargo, ha optado por desestimar todas las observaciones 'esenciales' del Consell Jurídic Consultiu. "Respecto a las alegaciones que no se han aceptado, se considera que las medidas adoptadas en los artículos 12 y 13 dicen expresamente que esta legislación no entra en vigor mientras exista la ley estatal (la vigente Ley de Segunda Oportunidad de mayo de 2017), de forma que claramente no afectaría a esta ordenación", consideran.

"Además, estos artículos son de competencia autonómica en materia de vivienda y no de derecho civil y, por tanto, no habría problemas de inconstitucionalidad competencial mientras no afecten a la ordenación estatal de la economía", afirman. El CJC, por contra, considera insuficiente la mencionada cautela y advierte de que, aunque quede sin efecto la ley estatal, seguirá existiendo "el fondo social de viviendas" a nivel nacional, con el que sí podría interferir a nivel competencial el texto valenciano.

Respecto a la "obligación" de tener ocupados los pisos que detecta el CJC en la ley, la Conselleria de Vivienda niega la mayor: "No es una vinculación directa ni una delimitación general del derecho de la propiedad porque sólo afecta a grandes tenedores. Lo que pretende la norma es marcar la función social de la vivienda para movilizar el stock en casos muy particulares".

Apoyo de la Abogacía de la Generalitat

Según añade Vivienda, el Gobierno valenciano "cuenta con el informe favorable de Abogacía, que para nada ha advertido de la inconstitucionalidad del texto". "Por lo tanto, el Consell ha aprobado este proyecto de ley que mantiene una postura realista, al lado de las personas, para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna, asequible y adecuada", defienden.

"De hecho, las alegaciones que se han aceptado se ha intentado buscar el equilibrio y han ido encaminadas a defender el interés de las personas y no otros intereses. Una de las más importantes de las que se han aceptado ha sido la de reconocer también el derecho a la vivienda a aquellas personas que la hayan perdido por avalar a otras", añade la administración.

Según concretan, el texto ha sido sometido a un proceso de participación pública donde se han analizado 167 alegaciones, "un número razonable que es una buena muestra de la aceptación y el apoyo mayoritario de los agentes económicos y sociales de la Comunitat".

Una ley "ambiciosa"

Según el departamento que dirige la consellera María José Salvador, la Ley para la Función Social de la Vivienda que ha tramitado el Gobierno valenciano "es realista y a su vez ambiciosa e innovadora al hacer efectivo un derecho constitucional que no había sido desarrollado".

"El objetivo del Gobierno valenciano es acercar el derecho a la vivienda a los pilares del estado del bienestar después de la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia. Es todo un reto, poner la vivienda entre las prioridades del Consell después de años de abandono que han situado a la Comunitat entre las autonomías con más número de desahucios mientras existen más de 500.000 viviendas vacías", opinan.