Un momento de la salida de la prueba desde Alicante en 2017. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV) de la Generalitat aguarda expectante ante los cambios que pueden derivarse de un doble golpe de timón registrado en menos de dos semanas sobre el desarrollo de la Volvo Ocean Race (VOR): uno de los últimos grandes eventos de la etapa de Gobierno del PP que el actual Consell (PSPV y Compromís) decidió mantener tras su llegada al poder, en 2015, junto al Gran Premio de Motociclismo.
El primero de esos virajes se dio a conocer el pasado jueves, cuando se confirmó el cambio de propietario de la competición. Fuentes de la Generalitat consultadas por Alicante Plaza precisaron que, en principio, todo parece indicar que la venta de los derechos de la prueba a la compañía española Atlant Ocean Racing Spain no supondrá ninguna variación sustancial sobre los compromisos económicos adquiridos hasta ahora para que Alicante siga siendo la sede de la etapa de salida en las dos próximas ediciones. Todo, al margen del año en el que se produzcan.
Las mismas fuentes precisaron que, en los primeros contactos mantenidos hasta ahora con los nuevos propietarios, se habría confirmado que el ciclo de la competición se mantiene a tres años, por lo que no existiría ninguna dificultad relacionada con la planificación presupuestaria, como sí se había planteado durante 2017, cuando Volvo anunció su intención de organizar una competición cada dos años.
No obstante, SPTCV aguarda todavía a que Atlant confirme por escrito que respeta en su integridad los términos del contrato suscrito con Volvo y que aclare si finalmente se produce el retraso de la próxima salida -previsto para 2020- hasta el año 2021.
Sin embargo, la resolución del segundo gran cambio se antoja más incierta. El Consell confía en que la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno permita rectificar la decisión del anterior Ejecutivo del Mariano Rajoy, de modo que la etapa de salida de la Volvo pueda ser considerada evento de especial relevancia pública en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ese reconocimiento es el que permite que las empresas que patrocinen la competición puedan tener acceso a exenciones fiscales, lo que, según fuentes del Consell, resulta clave para incentivar la participación privada en el desarrollo de la prueba.
En principio, tanto PSOE como Compromís ya han registrado enmiendas a los Presupuestos Generales en el Senado para tratar de que se incluya esa disposición adicional. También el PP ha movido ficha, como desveló el alcalde de Alicante, Luis Barcala, en el pleno ordinario del pasado jueves, cuando señaló que había remitido una carta al Ministerio de Hacienda para que se rectificase esa exclusión. Ahora, pese al cambio de Gobierno, la oportunidad de modificar esa decisión sigue estando en manos del PP, ya que es el partido que cuenta con mayoría absoluta en la cámara alta.
