El juez disuelve la Confederación de Empresarios de Castellón, que deja 1,7 millones sin pagar

CASTELLÓ. La Confederación de Empresarios de Castellón ya es historia. El juez de lo Mercantil de la capital de la Plana ha aceptado la solicitud de liquidación que antes del verano presentó la junta rectora de la CEC y ha dictado ya el auto de conclusión del concurso de acreedores en que se encontraba inmersa la anterior patronal castellonense, que solicitó este procedimiento a finales de 2016 para tratar de superar su angustiosa situación, con 1,75 millones de euros de deuda declarada.

La imposibilidad de generar ingresos, una vez que las patronales sectoriales y las diferentes empresas que se integraban en la CEC comenzaron a abandonar la entidad tras conocer la nefasta gestión del entonces secretario general, Rafael Montero, han motivado la desaparición de la patronal castellonense, extinta ya en la práctica desde hace años y cuyo relevo tomó la CEV. 

De hecho, esta asumió las riendas de la representatividad empresarial a nivel autonómico después de que su predecesora, Cierval, también entrase en concurso y desapareciese debido a las deudas, precisamente, de la CEC (que adeudaba a aquella entre 571.000 y 905.000 euros, según quien lo declarase) y de su homóloga alicantina Coepa. 

Los trabajadores cobran del Fogasa

De esta manera, según han confirmado a Castellón Plaza fuentes conocedoras, en la recta final de 2019 el juez ha dictado el auto por el que liquida la CEC. En él, tan solo se reconoce la obligatoriedad de pagar los créditos contra la masa, es decir, aquellos generados a partir de la solicitud del concurso de acreedores. 

Con ello, la administradora concursal, determinados abogados, una nómina de los trabajadores y otros pocos conceptos son los únicos que han percibido una remuneración, mientras la deuda -principalmente con entidades financieras y los trabajadores- no será abonada. Los 11 empleados con que llegó a contar la CEC percibirán así la mayor parte de las indemnizaciones por su despido y las nóminas que en aquel momento les adeudaba la entidad a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa). 

Y es que el goteo de asociaciones que se dieron de baja vivió sus últimos estertores en la conclusión de 2018. En aquel momento, tan solo unas pocas entidades se comprometieron a abonar la cuota de 2019 para pagar, precisamente, los créditos contra la masa.  

Proceso contra los anteriores directivos

Por otra parte, y de forma paralela, en los juzgados se sigue un procedimiento para tratar de resolver la investigación iniciada por la Fiscalía para clarificar el supuesto desvío de 1,8 millones de euros por parte del Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón, dependiente de la CEC, para celebrar unos cursos de formación que, presuntamente, nunca se celebraron, lo que hizo que desde el Consell se solicitase la devolución del dinero.

Por este motivo, el juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Nules abrió una investigación por la que en marzo de 2018 dictó auto de procesamiento contra la propia CEC, Cierval, Rafael Montero, el que fuera director de Economía y Formación de la patronal castellonense, José Antonio Espejo, y tres empresarios. Casi dos años después, este proceso todavía está pendiente de resolución.