Hoy es 14 de agosto
ALICANTE. A finales de 2015, la familia Sala Martínez estaba a punto de firmar un pacto de socios que iba a dotar de estabilidad el funcionamiento de las empresas y las relaciones familiares. Ese pacto nunca se llegó a firmar, porque los hermanos comenzaron a asistir a las reuniones con abogados de parte que empezaron a radicalizar las posturas, y finalmente las costuras estallaron en la junta de accionistas un año después, en septiembre de 2016. Dos meses después, en diciembre, se producía el asesinato de la matriarca, Carmen Martínez, que según el fiscal y la acusación particular (ejercida por el hijo mayor, Vicente Sala Martínez) estuvo motivada por esa guerra empresarial.
La historia, quizá, habría podido ser muy distinta si ese pacto de socios se hubiera firmado. Según desveló esta semana en el juicio la que durante años fue la abogada del consejo de administración (que conoció a Vicente Sala junior y su esposa cuando les dio clase de Derecho en la Universidad de Alicante), hacia finales de 2015 había muy cerca un acuerdo para firmar un nuevo pacto. Ese acuerdo, de haberse plasmado, suponía convertir a la víctima, Carmen Martínez, en presidenta del consejo de administración (en ese momento lo era el hijo varón), y a Vicente Sala en consejero delegado único de las empresas Samar Internacional (la industrial) y Companía Española de Resinas (la patrimonial). Novocar, la empresa que dirigía el acusado, quedaba al margen.
Ese pacto dejaba un amplio margen de maniobra al primogénito al frente de la empresa familiar, de la que venía ejerciendo como director general desde que su padre ocupó la presidencia de la CAM, ya que las tres hermanas aprobaban su gestión. Pero obligaba a contar con el beneplácito del consejo de administración, donde ellas tres sumaban mayoría, para las decisiones de calado. Una forma de obligar a Vicente Sala a buscar la unanimidad de la familia para las grandes decisiones que afectasen a Samar y su imperio del plástico. Asimismo, llegado el momento, la acción de oro iba a desaparecer, al no poder cederse a terceros, tal como establecía el artículo 9 de los estatutos de la empresa, que nunca llegó a cambiarse porque la unanimidad ya no era posible.
El acuerdo nunca vio la luz, porque Carmen Martínez estaba empeñada en ceder la acción de oro a su hijo varón, de forma que tuviera manos libres al frente de las empresas, para cumplir (así lo anotó la propia víctima en su agenda, que se conoció durante la instrucción) con la voluntad de Vicente Sala padre expresada en su testamento. El resto es historia, y se está relatando a través de los testigos en un juicio donde se ha aireado con todo lujo de detalles la crisis familiar: destitución de Vicente Sala como presidente del consejo y CEO en julio, disolución del consejo de administración y nombramiento de administradores únicos (Vicente y su madre, respectivamente), en septiembre, cita en la notaría para cambiar los estatutos en enero... y dos disparos una tarde de diciembre.
La muerte de la matriarca y la situación accionarial, en la que las tres hermanas mantenían una mayoría de bloqueo, ya sin acción de oro (aunque los abogados de Vicente Sala entendían que sí se había transmitido al varón, en cumplimiento del testamento), desembocó en una cascada de pleitos: para evitar la cesión de acciones a terceros (como habían hecho las mujeres con sus hijos "por consejo de los abogados"), para aprobar las cuentas de 2016 con la acción de oro... el único acuerdo que fueron capaces de alcanzar los hermanos tras la detención de Miguel López, marido de Fuensanta Sala Martínez, como autor material de los hechos, fue para dividirse las empresas y separar sus caminos.
Este acuerdo llegó en abril de 2018, cuando el varón compró a sus tres hermanas su parte en Samar Internacional, a cambio de 54 millones de euros que incluyen su parte en la Compañía Española de Resinas (valorada en 12 millones), con una parte variable de 6 millones que depende de que Samar mantenga a su principal (y casi único) proveedor en los próximos años. En el último ejercicio antes de firmar la separación, para la cual Vicente Sala pignoró las participaciones de cinco empresas distintas con un pool bancario, Samar facturó casi 200 millones y ganó 3, en un ejercicio complicado por la muerte de su fundadora y la detención del gerente de Novocar como autor.