Francisco Gómez (Coepa) y Salvador Navarro (CEV), con sus homólogos de Murcia y Almería en medio. Foto: EFEALICANTE. La patronal alicantina tiene un plan. De momento, un 'plan B' que esperan no tener que llegar a utilizar, pero que de darse el caso consideran que les permitiría sobrevivir al margen de la nueva CEV, a la que no reconocen su carácter de patronal autonómica. La clave está en la Ley de Participación Institucional. Los fondos públicos que llegan del Consell por ejercer la labor constitucionalmente reconocida a las patronales, y que con el agitado panorama patronal de la Comunitat (Cierval en liquidación, la CEV convirtiéndose en autonómica, y Coepa negándose a reconocerlo) quedan en una especie de limbo.
Según la Conselleria de Economía, los fondos públicos se transfieren a la patronal autonómica, no a las provinciales. Sobre el papel, entonces, a la CEV, con Coepa quedándose al margen. Con el modelo anterior, Cierval repartía luego esos fondos entre las tres patronales provinciales, que eran a su vez fundadoras de la autonómica y tenían representación en base a una cuota territorial. Ahora, en teoría, la patronal autonómica es la CEV, tras el cambio en sus estatutos. Pero lo cierto es que Cierval sigue existiendo, aunque en fase de liquidación, y que los fondos de este año se habían firmado a nombre de la antigua patronal autonómica.
Coepa contaba con recibir 120.000 euros por esta vía (desde Cierval), para poder cumplir con el plan de viabilidad que le permitió salir del concurso de acreedores a finales del año pasado. Si ese dinero llega finalmente a la CEV, y Coepa no se integra en la nueva patronal autonómica (algo que los alicantinos no tienen intención de hacer si no se reconoce su peso territorial y su identidad jurídica diferenciada), Francisco Gómez se encontrará con un agujero de 120.000 euros que volverá a poner en riesgo la existencia de la patronal.
Así que el 'plan B', si no hay acuerdo con CEV, consiste en dos acciones simultáneas: pleitear por la Ley de Participación Institucional (es decir, oponerse en los juzgados a que la nueva CEV sea considerada como la patronal autonómica y reclamar la parte proporcional de los fondos, dado que Coepa está de hecho ejerciendo las funciones de participación institucional), y pedir a los socios de Coepa que se rasquen el bolsillo. Es decir, que aporten los 120.000 euros que dejarán de llegar vía fondos públicos. O dicho de otro modo, aprobar una derrama al margen de las cuotas que ya pagan los socios de la patronal alicantina, y por las que ingresan algo más de 200.000 euros (o los ingresarán, una vez se apruebe el incremento de la cuota anual en la asamblea de este verano).
En la patronal alicantina tienen hechos los números: Coepa está formada por 60 asociaciones empresariales de distintos sectores. Si hay que pedir una derrama, sería de 2.000 euros por asociación, lo que a su vez diluye el impacto de la derrama al dividir esa cantidad entre sus respectivos asociados. ¿Y en 2018? La posibilidad que baraja Coepa es que la primera derrama sea a fondo perdido, y de las siguientes (calculan que solo serían necesarias dos más) se podría devolver una parte cuando la patronal se haya puesto al día con el plan de viabilidad. Fuera de la CEV, la recaudación por cuotas se quedaría íntegra en Alicante (antes había que aportarla a Cierval), y Coepa funciona a día de hoy con dos empleados y una sede libre de cargas.
La clave está en que el número de asociados se mantenga. Y los alicantinos no temen una 'fuga' de asociados hacia la CEV autonómica. Principalmente, porque los propios socios de Coepa han transmitido a Gómez que, en todo caso, mantendrían una doble adscripción (fórmula por la que podrían optar sectoriales de ámbito autonómico como la hotelera Hosbec o la zapatera Avecal). En este sentido, el propio Gómez descartó este viernes que la creación de la federación autonómica de organizaciones industriales Confeindustria, de la que forma parte Avecal, suponga una vía de agua. "Marián (Cano, la presidenta de la sectorial zapatera fundada en 2010 por Rosana Perán) ya nos ha dicho que seguirá en Coepa aunque se asocien también a la CEV", dicen los alicantinos.
El 'plan A', eso sí, sigue siendo que la CEV acepte las condiciones de Coepa: esto es, que se reconozca a la patronal alicantina como representante del empresariado de toda la provincia (Salvador Navarro les ofrece asociarse "como una más"), con personalidad jurídica propia y capacidad de obrar, y con una presencia en la toma de decisiones de la CEV basada en su representatividad territorial. "Tienen nuestras condiciones sobre la mesa desde que decidimos enviar a Cierval a liquidación", dice Gómez.
¿Y si el 'plan B' también sale mal? Gómez, que acaba de dar una rueda de prensa junto a sus homólogos de Murcia y Almería para presentar los actos de reivindicación del Corredor Mediterráneo, sentencia: "Bajar la persiana".
