Rafael Ballester y Perfecto Palacio, durante la presentación de los estudiosALICANTE. El Instituto de Estudios Económicos de Alicante (Ineca) aprueba, por primera vez desde que comenzó su serie de análisis, los Presupuestos de la Generalitat para la provincia de Alicante. Por primera vez desde 2008, cuando comenzó la serie, la inversión autonómica en la provincia se acerca a su peso poblacional, gracias a las inversiones extraordinarias por la Dana de 2019. En cambio, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) siguen acentuando el déficit inversor en la provincia en base a su peso poblacional, y ya son 2.831 millones de euros los que Alicante ha dejado de percibir en base a su censo.
Así lo han destacado este jueves el presidente de Ineca, Rafael Ballester, y el de CEV Alicante, Perfecto Palacio, durante su comparecencia para presentar el análisis de los presupuestos para 2021 que ha realizado el think tank alicantino. El análisis global de ambos presupuestos refleja que las inversiones previstas por la Generalitat Valenciana han mejorado acercándose al criterio poblacional contemplando las inversiones extraordinarias por la Dana, y que el Estado perpetúa el agravio presupuestario con la provincia de Alicante.
Sobre los presupuestos de la Generalitat, Rafael Ballester ha incidido en que "por primera vez se presentan unos presupuestos que dicen cumplir el criterio de equidad poblacional, si bien parece que tiene como soporte la inversión asociada a recuperarnos de los daños sufridos en la Vega Baja por la Dana de 2019, porque si se excluyen las inversiones extraordinarias, seguiríamos por debajo del criterio poblacional". El presidente Ineca ha llamado la atención además sobre lo "preocupante" que resulta que los presupuestos "cada vez se componen de menos inversión, más servicio de la deuda y menos territorialización de gasto, por lo que cada vez dudamos más de la factibilidad de lo proyectado".
En cuanto a los PGE, el presidente de Ineca ha señalado que en base a los datos manejados, "el Estado sigue sin observar este elemental criterio en su política de inversiones, pese a que es verdad que respecto a versiones anteriores se observa un incremento neto en el volumen económico que se dice se va a invertir". Así, "en los anteriores Presupuestos de 2018 (prorrogados hasta 2020) hemos pasado de la posición 49 en 2018 a la 46 en 2021 por la cola. Por tanto, pese a la mejora, no estamos de celebración, pues seguimos instalados en el coche escoba del pelotón". En estos años, solo un ejercicio ha roto la tendencia, 2015, con las obras del AVE en la provincia.
Por su parte, Perfecto Palacio ha afirmado que "la introducción de la equidad poblacional en los Presupuestos de la Generalitat Valenciana es una buena noticia, pero ahora debemos asegurarnos de que la ejecución presupuestaria se realiza al 100%, porque es en esa etapa donde se territorializan de verdad los presupuestos", mientras que ha lamentado que "este criterio no haya sido trasladado a los Presupuestos Generales del Estado, en los que todavía estamos a años luz de recibir lo que nos corresponde".
El director de Estudios de Ineca, Francisco Llopis, encargado de analizar los dos presupuestos, ha puntualizado que Alicante dispondrá de 464,6 millones de euros en 2021 para inversiones territorializadas por parte del Estado y la Generalitat. De esta cantidad, 164,6 millones llegarán del Ejecutivo autonómico y el resto, 300 millones, serán aportados en inversiones por parte del Gobierno del Estado. A juicio de Llopis, "preocupa no obstante el importante porcentaje de los presupuestos que se quedan sin territorializar en el caso de la Comunitat Valenciana ya que escasamente se llega al 50% del presupuesto del capítulo VI".
El director de Estudios ha finalizado su intervención poniendo de manifiesto la reducida ejecución que en el caso del Consell presentan los presupuestos de inversiones, pues en la serie histórica la parte ejecutada se queda en promedio en torno al 50%, pasando al año siguiente como remanente para el siguiente ejercicio, y así repetidamente. En concreto, y para el último año cerrado, en 2018, se quedaron sin ejecutar 338,1 y 483,5 millones respectivamente en el capítulo VI y VII.
