Palau de les Arts. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. Un año más, la auditoría externa de Cacsa incluye una reprimenda por los terceros en los que se encuentra asentada la Ciudad de las Artes y las Ciencias, cuya propiedad debería ostentarla la sociedad autonómica. No obstante, en esta ocasión el auditor avanza una novedad: tras años incumpliendo la ley la Generalitat ha iniciado los trámites para acometer el traspaso de los inmuebles a la empresa pública.
"La Conselleria de Hacienda y Modelo Económico, conjuntamente con la sociedad, está trabajando en la inscripción en el Registro de la Propiedad, de la agrupación y segregación de las parcelas incluidas en las Áreas A (manzana del Palacio de las Artes) y B (manzana del Museo y l´Hemisferic), sobre los que se constituirán los derechos necesarios para su utilización por la sociedad según lo establecido en la Ley 14/2003 de Patrimonio de la Generalitat", detalla el auditor.
No obstante, al tratarse de un escenario que persistía al cierre del pasado ejercicio, la auditoría volvió a anotar una salvedad al respecto. "La sociedad, a la fecha de emisión de este informe, se encuentra en trámites de recibir la formalización de la concesión con la Generalitat para asignar dichos activos a los epígrafes de inmovilizado adecuados, así como calcular su adecuada valoración y estimar las vidas útiles a efectos de determinar su correcta amortización, por lo que, no es posible cuantificar el posible efecto, en su caso, que tendrá la formalización de la concesión en las cuentas anuales adjuntas".
Al respecto, el auditor recuerda que en su momento Cacsa realizó una aportación de 9,9 millones de euros a la Generalitat para que se acometiera la transacción, de modo que es preceptivo acometerla. "Dentro del epígrafe de 'otros activos intangibles' del balance adjunto se incluyen, por importe de 9.889 miles de euros y bajo el concepto de bienes en cesión de uso, los importes satisfechos por la Sociedad para la adquisición por compraventa o expropiación, a nombre de la Generalitat, de terrenos sobre los que se asientan construcciones propiedad de la sociedad, entendiendo que se trata de un desembolso necesario para la formalización del derecho de uso".
En consecuencia, tras años incumpliendo la normativa, la Generalitat y Cacsa se han puesto manos a la obra para que el traspaso sea por fin una realidad.
