Obra pública en una imagen reciente. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La licitación de obras de construcción por parte de las distintas administraciones públicas del estado (general, autonómica y local) alcanzó los 678 millones de euros en el primer semestre en la Comunitat Valenciana, según la estadística oficial hecha pública esta semana por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (anteriormente, Fomento). Este volumen licitado supone un incremento del 27% respecto al primer semestre de 2020, cuando se licitaron 531 millones de euros.
Cabría tener en cuenta que 2020 fue un año atípico, en el que el primer semestre estuvo marcado por la irrupción de la pandemia y la parálisis casi total de la actividad económica en el confinamiento de marzo a mayo. No obstante, la licitación pública del pasado ejercicio no fue precisamente baja, si se compara con la última década. De hecho, en 2020 se dobló el volumen del primer semestre de 2019, antes de la crisis del coronavirus, cuando la licitación total (según la estadística oficial del Mitma) ascendió a 276 millones de euros entre enero y junio.
De esta forma, hay que remontarse a 2010 para encontrar un primer semestre con mayor volumen licitado en la Comunitat Valenciana que el actual, según los datos del Ministerio consultados por Alicante Plaza. Más de una década. En ese año, además, la obra pública venía impulsada por decenas de licitaciones en el marco del Plan E del Gobierno central y el Plan Confianza de la Generalitat, puestos en marcha para paliar las consecuencias de la crisis del ladrillo, que había estallado en 2008.
En total, durante el pasado ejercicio completo se licitaron en la Comunitat Valenciana contratos de obra pública por valor de 1.131 millones, según el Mitma, un 80% más que en 2019, cuando en todo el año se licitaron 626 millones. Al cierre del primer semestre de 2021, las administraciones públicas ya han licitado contratos por el 60% de esa cantidad, lo que hace prever que este ejercicio pueda superarse el dato del año pasado y convertirse así en el mejor de la serie prácticamente desde la anterior crisis.
Eso sí, el cambio de tendencia no obedece precisamente a un cambio en la estrategia inversora de la Administración General del Estado (AGE) en la Comunitat, según el desglose de las licitaciones del primer semestre llevado a cabo por la Cámara de Contratistas de la Comunitat. Más bien, son la Generalitat y, sobre todo, los ayuntamientos y diputaciones, los que tiran del carro de la obra pública en el territorio.
Según el último estudio de la Cámara de Contratistas, el Estado central (contando el Mitma, el resto de ministerios, la Seguridad Social, o los distintos entes y empresas públicas que lo conforman) solo aporta el 19% del total de la cantidad licitada, 129 millones, con un incremento respecto al mismo periodo del año pasado del 13,7%. Un aumento que, pese a ser significativo, se queda muy lejos de la media, que ha aumentado un 190%. Las licitaciones de la Generalitat, por su parte, han aumentado un 22% en el periodo, y las de la administración local casi un 29%. Ayuntamientos y diputaciones han licitado así ya cerca de 300 millones, más del 43% del total.
De hecho, el protagonismo del Gobierno central en la obra pública en la Comunitat es más bien limitado durante el primer semestre de este año, tal como viene sucediendo de forma crónica en los últimos ejercicios. El gerente de la Cámara de Contratistas, Manuel Miñés, destaca que de enero a junio, la AGE ha licitado 3.195 millones de euros en toda España, de los que a la Comunitat Valenciana le han correspondido solo 128,9 millones. Es decir, un 4,037% del total.
Los que deberían ser los dos grandes tractores de la obra pública en la Comunitat, el Corredor Mediterráneo y la red de carreteras, apenas pesan en el total, según los datos de la Cámara de Contratistas. Así, el Mitma ha licitado 120,8 millones en la Comunitat (el 5,24% del total nacional), la Dirección General de Carreteras 31 millones (el 5,8%) y Adif 59,2 millones, el 4,44% del total nacional, "pese al tan cacareado Corredor Mediterráneo".
"La inversión en obra pública está muy por debajo de lo que nos corresponde por población", defiende Miñés (la Comunitat aporta el 10% de la población y el 9% del PIB), "eso no es algo discutible, pese a lo que recoge el Estatuto de Autonomía aprobado por las Cortes Generales". "Esperamos que con la licitación del bypass de Valencia y dos o tres proyectos más que tienen que salir, se mejore la ratio".
En este sentido, salvo el tramo Castellón-Vinaroz, la licitación de Adif corresponde a pequeñas obras y la supresión de un par de pasos a nivel en Cullera. "Es una pena porque una manera de compensar la infrafinanciación sería apretar con la inversión", argumenta el gerente de la Cámara de Contratistas, "pero persisten en la doble discriminación". Miñés destaca que Andalucía recibe el 12,3% del volumen licitado en el primer semestre; Galicia, el 10,97%; y Cataluña, el 10,27%; mientras la Comunitat se queda en el 6,26%, un valor que se ha cronificado.
