Alicante está de moda. Vuelven los titulares a tipografía grande. La normalidad en el Ayuntamiento de Alicante, de nuevo, rota. Ese era el gran aval de este tripartito de izquierdas: había disputas, discusiones, pero todo dentro de la normalidad y de las puyas entre la izquierda, muy dada a ello. Ahora, el procesamiento del alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, nos devuelve la ciudad, salvando a las distancias, a cuatro años atrás. La pregunta es sencilla, ¿debería dimitir Echávarri? Sí. Aunque ya dejé entrever cuál era mi posición domingos atrás en esta misma tribuna, hay un elemento nuevo: hemos pasado de una investigación a un auto judicial, que recoge indicios. Por lo tanto, no estamos en el definitivo, pero el escenario ha cambiado.
Vamos con lo deseable y recomendable. Dejando claro que nos encontramos ante un caso de supuesta prevaricación administrativa, Echávarri debe dimitir porque él mismo y su partido pidieron la dimisión del entonces vicealcalde, Andrés Llorens, que fue juzgado y absuelto por un caso de similares características; debe dimitir porque se presentó como el alcalde de la ética frente a la etapa del pasado del PP, protagonizada, en su últimos años de gestión, por múltiples casos de corrupción, y sobre todo, debe anunciar que va a dimitir si se consuma la apertura de juicio oral, que debería ser el momento procesal que deberían fijar los partidos para los casos administrativos, como el que nos encontramos. Un alcalde nunca debería llegar al banquillo de los acusados.
¿Debería hacerle dimitir el PSPV? Desde luego que sí, porque hay indicios de supuesta prevaricación, pero sobre todo la dimisión debería ser inmediata si se consuma la apertura de juicio oral. Además, sería recomendable para la organización, el PSPV, de acuerdo con sus alianzas de gobierno con Compromís, y como gesto de diferenciación respecto a la etapa del PP, y teniendo en cuenta que Echávarri no sólo tiene la causa de Comercio pendiente, sino que también ha sido denunciado por Fiscalía por el caso del despido de una interina, que, a su vez, es la cuñada del portavoz del PP de Alicante, Luis Barcala. Por lo tanto, no sólo está inmerso en una causa, sino que tiene el rieso de verse en otra, que tampoco pinta bien, porque el fiscal también ve indicios de delito.
Echávarri, que está convencido de su inocencia, como casi todos, tiene (o tenía) una salida honrosa: podría haber renunciado a la Alcaldía, como le sugirió Compromís, y dejar la vara de mando en manos de su número dos, Eva Montesinos, de manera que el PSPV podría mantener la Alcaldía de la ciudad más importante que gobierna y recomponer las alianzas con Compromís. Con Guanyar, desde luego, no: es imposible.
Pero nadie, de momento, ha buscado los 15 votos necesarios para la elección de un nuevo alcalde. El tripartito tiene 14 regidores y necesita el respaldo de al menos uno de los dos ediles no adscritos o del grupo Ciudadanos, que podría poner nuevas condiciones y marcar un discurso propio. Ellos deberán saber qué quieren ser de mayores en esta vida: no se siempre se puede estar detrás de la barrera sin tomar decisiones. Ahora bien, si no se consiguen los 15 votos, que a día de hoy no son fáciles de obtener, más de uno deberá caerse del burro. El obstáculo no sólo es Echávarri: Guanyar también dificulta algunos posibles acuerdos. Si quieren izquierda, a lo mejor deben ceder ellos. Que nadie lo olvide.
A Echávarri no lo interesa el relevo, como demuestran los hechos. El PSPV lo debería tener en mente por si el recurso del alcalde ante la Audiencia Provincial no estima su salida del caso y se ve abocado al banquillo, y por tanto, a llevar a la institución a una situación límite. De momento, gana tiempo, pero sobre todo el PSPV se expone al desgaste de mantener a un alcalde señalado por el auto de juez y a las comparaciones con el pasado, pese a la diferencia en magnitud y tipo de delitos que se acusa.
¿Qué va a hacer Echávarri? Ya lo ha anunciado: se mantendrá en la Alcaldía, a la espera de que la Audiencia Provincial corrija el auto de la juez. Su estrategia de defensa es que si ha habido algo, es un error administrativo; en todo caso, no hay dolo y que el alcalde -pese a ser el responsable de la competencias- no estuvo al corriente de los hechos, algo le haría en todo caso responsable por omisión, como viene a apuntar la juez instructora. Pero sólo tiene un tiro: la Audiencia Provincial.
El PSOE de Alicante, no se sabe bien si en connivencia con Blanquerías, respalda al alcalde: reitera el matiz administrativo del caso e insiste en que mientras no hay una culpabilidad evidente, Echávarri debe gobernar y si lo tiene que hacer en solitario, lo hará. "La gente votó por la izquierda, y debemos seguir con ese mandato y no permitir el acceso del PP al poder después de 20 años de casos corrupción sistemática", alegan desde la agrupación.
¿Cuál es la alternativa? Si no hay 15 votos, Echávarri seguirá. Y lo hará gobernando desde la Junta de Gobierno. No hay alternativa, de momento, no hay 15 votos.
Pero si dramático es lo del PSPV y el tripartito, peor es lo del PP, que no quiere la Alcaldía de Alicante ahora, que en todo caso, según ha dicho su portavoz, Luis Barcala, la asumiría por "imperativo legal" (sic). Es lo que hay.
Pues eso, Alicante, condenada al continuo escarnio, al despiporre autonómico. Ya sin normalidad democrática, ni por vergüenza ajena, ni por dignidad, por falta de acción de unos y por omisión de los otros. Con un branding day (en Información) empezó todo. Nadie se acuerda de Alicante: vuelve la agonía. Ni dimitir...ni curar. Ni la absolución nos valdría como prevención. Volveríamos a caer.