A propósito de la gigafactoría

Cuando ya se ha escrito casi todo, y por duplicado, de la noticia económica de esta década en la Comunitat Valenciana, uno se ve en la necesidad, en este espacio de reflexión, de detenerse en detalles que inviten al lector a hacerse preguntas. Una de ellas, sin ánimo de estropear la tarta de celebración, es lo poco que se habla de cuántos residuos va a generar la gigafactoría de baterías de Sagunto y cómo se van a gestionar.

Al respecto, la empresa Powder Holdco (Grupo Volkswagen), que va a desarrollar el proyecto, se refiere al "reciclaje de los residuos de los electrodos" con estas inquietantes palabras: "Durante la producción de baterías se produce una cantidad significativa de chatarra, superior al 10%, cuyo reciclaje es costoso y complejo. Power Holdco tiene la intención de implantar un proceso innovador de reciclaje, con cierta incertidumbre tecnológica, para que parte del material activo de la chatarra pueda ser reutilizado directamente en el proceso de producción".

La flamante consellera de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica –de Medio Ambiente, para entendernos–, Isaura Navarro, tan preocupada por la ampliación del Puerto de Valencia, debería pedir certidumbres sobre el destino de esa chatarra mientras se resuelve la incertidumbre tecnológica de la que habla la empresa.

Sobre el reciclaje de las baterías usadas, señala la empresa alemana: "Debido a que la batería es muy difícil de reciclar, los esfuerzos en cuanto a la investigación en reciclaje se centran en la recuperación de componentes procedentes de minerales raros, de elevado precio de mercado y escasez. Power Holdco ya está trabajando en su centro de I+D de Salzgitter en el diseño de mejoras de las actuales tecnologías de reciclaje en las que este grupo empresarial ha sido pionero en la Unión Europea". Esto es más esperanzador. No obstante, el destino de la batería usada no es un problema exclusivo de Sagunto, a no ser que la UE obligue al fabricante a responsabilizarse del reciclaje de la batería.

Estas afirmaciones están en el Documento de consulta pública de la iniciativa industrial presentado por la filial de VW promotora de la gigafactoría, "a efectos de su declaración como proyecto territorial estratégico". ¿Y qué es eso de proyecto territorial estratégico? Pues ahí viene la segunda consideración colateral sobre el gran acontecimiento que ha reforzado a Puig como candidato a sobrevivir el próximo mes de mayo al empuje del PP en España.

La declaración de "proyecto territorial estratégico" que Puig le ha prometido a Volkswagen le supondrá a la multinacional ventajas como la venta directa de suelo público sin concurso –gracias a un cambio legal a la carta que introdujo la Generalitat para allanar el camino de la gigafactoría–, la exención de licencias y de cargas urbanísticas, algunos beneficios fiscales y una tramitación administrativa prioritaria y con plazos más cortos.

Esto último es relevante. La atención informativa se ha centrado, como es lógico, en los cerca de mil millones de euros de ayudas que recibirá la multinacional vía Perte y otros mecanismos, pero hay otra parte que, sin ser dinero contante y sonante, también vale mucho: los privilegios en la tramitación administrativa.

Concretamente, Volkswagen solicita la exención de la obtención de licencias de obras municipales o de cualquier otro tipo de autorización municipal o declaración responsable a presentar ante el Ayuntamiento de Sagunto para la construcción y primera ocupación de la gigafactoría. No es que no vaya a haber control, pero no quiere que sea municipal sino de la Generalitat. Además, reclama que el proyecto consiga una reducción a la mitad de los plazos previstos de todos los instrumentos de planeamiento, gestión, edificación, ambientales y los dirigidos a la puesta en funcionamiento de la planta. El objetivo, que la fábrica esté lista en 2026. 

El Consell de Puig presumirá de eficacia, pero instrumentos administrativos como el "proyecto territorial estratégico", la "actuación territorial estratégica (ATE)" o el "proyecto prioritario" del Ayuntamiento de València son en realidad una constatación de la incapacidad de las administraciones para resolver uno de los grandes problemas que padecen las empresas cuando quieren poner algo en marcha: la burocracia. Y como no pueden resolverlo, hacen excepciones que suponen un privilegio para las más grandes, que son las más fuertes.

Este mismo domingo, el compañero David Pérez Solves cuenta en Castellón Plaza cómo las trabas burocráticas y la lentitud de la Generalitat en la tramitación de las Declaraciones de Interés Comunitario (DIC) son un gran impedimento para la creación de nuevos negocios en los municipios del interior de la provincia de Castellón, aquejados del grave problema de la despoblación.

Y este sábado Begoña Torres y Pablo Plaza entrevistaban a Alfredo Burguera, presidente de la recién creada Asociación de Afectados por los Retrasos de Licencias del Ayuntamiento de València (Aflival), que con el nombre está dicho todo.

Los 3.000, 4.200 o hasta 40.000 puestos de trabajo directos e indirectos –la cifra crece a medida que aumentan las exigencias de VW– que se generarán gracias a la gigafactoría son muy importantes, pero también lo son las decenas de miles de empleos que se crearían si de desbloqueran los centenares de proyectos empresariales que están parados en la Generalitat y los ayuntamientos, como son los parques solares o las licencias de hotel. Estos pequeños y medianos empresarios ni siquiera piden subvenciones o ventajas fiscales como Volkswagen. Se conformarían con que no les pusieran palos en las ruedas.