VALÈNCIA. La Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València firmaron este martes un convenio para agilizar la implantación en la ciudad de todos los proyectos empresariales considerados como prioritarios. Concretamente, el objetivo de este acuerdo es reducir al 50% el tiempo de tramitación de todas aquellas licencias que puedan suponer la llegada de una actividad "interesante" para el impulso de la economía de la capital.
Los grandes proyectos que aspiran a convertirse en prioritarios deberán cumplir, al menos, una de estas dos condiciones: o bien suponer la creación directa de 10 o más puestos de trabajo, o bien llevar aparejada una inversión de más de 600.000 euros, sin contar con los activos inmobiliarios. Asimismo, también se dará prioridad a aquellos que estén relacionados con la mejora de los servicios públicos, el cuidado del medio ambiente o la innovación.
Tanto el Ayuntamiento de València como la Generalitat Valenciana, a través de la conselleria de Economía Sostenible que dirige Rafael Climent, deberán nombrar a una persona que se encargue de dinamizar el contacto entre ambas instituciones en este sentido. El interlocutor designado por el consistorio se encargará de trasladar a la Generalitat aquellos proyectos que podrían ser susceptibles de ser declarados como prioritarios, mientras que será la comisión técnica formada por ambas instituciones la que finalmente acordará si cumple o no con los requisitos para ser tramitada a través del Punto de Aceleración de la Inversión.
Además, el consistorio también se compromete a aportar información sobre el estado de tramitación de los procedimientos en la ciudad que entren dentro de este programa. Del mismo modo, la administración local será responsable de recudir al máximo los plazos de tramitación, licencias y redacción de informes, siempre cumpliendo con la legislación básica en la materia, mientras que la Generalitat deberá aportar rápidamente toda la documentación requerida para la correcta implantación del proyecto, de manera que sea más sencillo calcular y reducir los plazos administrativos. Por último, ambos formarán parte de una comisión técnica que se reunirá siempre y cuando el procedimiento en curso así lo requiera.
El convenio tendrá una duración inicial de un año, y se prorrogará anualmente de manera automática hasta un máximo de cuatro, en caso de que ambas partes estén de acuerdo y no haya incumplimiento por ninguno de los dos lados. Este acuerdo se enmarca dentro de la Ley de aceleración de la inversión de proyectos prioritarios (LAIP) que impulsó la Generalitat Valenciana en el año 2018, y que ya se ha implantado en otros 13 municipios de la Comunitat, 14 ahora con la adhesión de València.
Según explicó el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, el interés de esta norma es "que las inversiones prioritarias tengan más agilidad administrativa". Por ello, busca la colaboración estrecha entre la Generalitat y los ayuntamientos con el objetivo de que haya más rapidez en el proceso de implantación de las grandes industrias y servicios, los cuales "llegan un momento crucial para impulsar la economía y el empleo". Por su parte, el alcalde de València, Joan Ribó, celebró la implantación de este acuerdo y resaltó que todos los proyectos susceptibles a formar parte de él "tendrán un valor añadido para el impulso de la Comunitat Valenciana".
Además de la condición indispensable de generar 10 puestos de trabajo o contar con una inversión de más de 600.000 euros, los proyectos susceptibles de ser tramitados por la vía rápida tendrán que comprometerse a alargar su actividad durante un mínimo de tres años en la ciudad de València. Asimismo, los apartados por los que podrán recibir una mayor puntuación serán: la generación de ocupación, el desarrollo de tecnología o herramientas innovadoras y el impulso a la transición ecológica o la sostenibilidad ambiental.
Dentro de la generación de ocupación, el proyecto recibirá más puntos según el número de puestos de trabajo que aspire a crear, siendo más de 100 la máxima puntuación. Por su parte, en cuanto al desarrollo tecnológico, las empresas podrán optar a una mejor consideración cuanto más innovadoras sean las herramientas sobre las que esté trabajando. Igualmente, también podrá recibir un impulso si la herramienta en cuestión es genérica y aplicable a un amplio número de gestiones y servicios.
Finalmente, en el apartado de transición ecológica se tendrán en cuenta determinadas cuestiones como que la empresa tome medidas para reducir su consumo de energía, utilice materiales sostenibles para la producción de sus productos, tenga implementado un sistema de reducción de residuos, o promueva acciones para la adaptación al cambio climático. En este mismo sentido, también se contemplan otras acciones como por ejemplo implementar un sistema de movilidad sostenible para los trabajadores, o promover con su propia actividad global la neutralidad de carbono.
Otros apartados por los que también podrán sumar puntos los proyectos postulados a ser marcados como prioritarios serán la recuperación y fomento de actividades tradicionales, como por ejemplo el calzado o el mueble, formar parte de un sector estratégico orientado al conocimiento, la tecnología o los servicios sociales, promover la inclusión social, tener en marcha un plan de igualdad y conciliación para los trabajadores, o las prácticas y políticas de responsabilidad social que promueva la empresa.
En cuanto al tiempo estimado de implantación, este se adaptará a as exigencias de cada uno de los proyectos, dependiendo de la cantidad de licencias y permisos que requieran o de la dificultad de la tramitación de los mismos. Sea como sea, el objetivo es que cada uno de ellos vea reducido el proceso al menos a la mitad, dentro de su propio contexto.
El convenio firmado entre la Generalitat Valenciana y el Ayuntamiento de València tendrá funciones similares y complementarias a la de la Oficina de Inversiones que ya puso en marcha el consistorio en 2017. En este caso, la función del organismo era la de identificar los proyectos prioritarios que aspiraban a implantarse en la ciudad de València, todo ello con el objetivo de priorizar la revisión de sus expedientes por encima de los de otras solicitudes. De este modo, la intención también era agilizar su implantación lo máximo posible.
Aun así, esta oficina actuaba únicamente dentro de las competencias del Ayuntamiento de València, mientras que el nuevo convenio también contempla la agilización del proceso para todos aquellos trámites que dependen del gobierno autonómico. A partir de ahora, la Oficina de Inversiones seguirá funcionando dentro del contexto del acuerdo, tal y como ha explicado la concejala de Desarrollo Económico, Pilar Bernabé.
Concretamente, será el órgano encargado de evaluar y filtrar los proyectos que lleguen a la ciudad de València y que tengan potencial para ser considerados como prioritarios. Después, la petición se elevará a la Generalitat Valenciana para evaluarla conjuntamente dentro de los criterios del convenio.
