Hoy es 14 de agosto
VALÈNCIA. El equilibrio entre el presupuesto y la falta de personal de À Punt es una balanza complicadísima de equilibrar. Y la tensión se intenta resolver en el día a día, y el pilar de esta es el peso de la externalización en su programación. En la antigua Canal 9, la ley reservaba un porcentaje a la producción propia en la parrilla, pero en À Punt, en un contexto diferente, se cambió el paradigma para flexibilizar la producción externa a toda la producción con una única excepción sin fisuras: los servicios informativos. Pero la realidad es otra.
Sendas licitaciones de la radiotelevisión dejan claros los lugares a los que la redacción no llega. Por ejemplo, las crónicas internacionales. Según la Plataforma de Contratación, la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana adjudicó un contrato menor con un valor máximo de 10.000 euros (se paga por cada crónica hecha) a la periodista valenciana Alba Santana para el “Servicio para conexiones en directo y elaboración de crónicas desde Suramérica (principalmente Colombia) para los servicios informativos”.
Este contrato no es el primero que hace À Punt para coberturas internacionales, pero su ley de creación lo impide cuando, en el artículo 26.2 reza que “La Corporación no podrá ceder a terceros la producción y edición de los programas informativos”. El enunciado solo deja una excepción, la de hacerlo mediante un convenio de colaboración con otros medios u organismos públicos.
Preguntados por esta cuestión, la radiotelevisión explica que “nuestro objetivo es ofrecer la mejor información a nuestra audiencia. En Internacional, buscamos completar el material que nos llega a través de las grandes agencias internacionales con crónicas y director desde lugares de interés informativo”. A partir de ahí, la misma respuesta desgrana el modus operandi: “Nuestra primera opción siempre es desplazar periodistas de À Punt, pero nuestra limitación de recursos no nos lo permite siempre. En estos casos, contamos con la colaboración de las televisiones de FORTA, con las que compartimos el trabajo de nuestros respectivos enviados cuando lo consideren oportuno. En situaciones ocasionales, también hemos contado con la colaboración de periodistas que viven en lugares de interés informativo y que nos puede proporcionar crónicas y directos con mirada valenciana a un precio que sí podemos asumir”.
Este sería el caso de este contrato menor. Alba Santana es una periodista valenciana afincada en Colombia freelance que también trabaja con otros medios internacionales. “La actualidad en Sudamérica con el cambio político en Colombia y la trascendencia de las elecciones brasileñas hizo que nos decidiéramos a contar con los servicios de una periodista, que nos proporciona un material exclusivo y de calidad. La alternativa era empobrecer nuestra información, limitándonos a reproducir las noticias de agencia, porque enviar un corresponsal a Colombia o Brasil no entra en nuestro presupuesto”, explican.
En todo caso, no es solo en Internacional donde se encuentran estos casos. También recientemente se licitó el servicio de “recursos audiovisuales con equipos ENG para Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana”, que tenía como dos lotes la producción de imágenes y crónicas de comarcas a las que, según justifica el ente público en el pliego, les es más difícil llegar. Estas son el Camp de Morvedre y L''Alt Palància (Lote 1) y La Costera, Canal de Navarrés y La Vall d'Albaida (Lote 2). Así, por un total de 203.280 euros con impuestos, este contrato también irá destinado a suplir las carencias de personal de los servicios informativos de la casa. El contrato exige a la productora que la radiotelevisión podrá pedir a cualquier día y a cualquier hora la toma de imágenes de un hecho noticioso, tanto con las cámaras como el móvil para que también puedan servir para las redes sociales.
Con todo esto, consultadas varias fuentes internas de la plantilla, estas muestran cierta preocupación por la creciente externalización y por estos posibles excesos.
En mayo de 2021, el comité de empresa ya llevó a À Punt al Tribunal de Arbitraje Laboral ante la intención de sacar a licitación servicios de información meteorológica. La cadena entendía que “Después de analizar con la propia sección de L’Oratge la viabilidad de esta novedad [que era la ampliación de este espacio], se ha concluido que la distribución de los recursos humanos y técnicos de la casa imposibilita la elaboración de este espacio por parte de la plantilla de À Punt”. Por su parte, los sindicatos entendían que “debe suministrarse desde las bolsas de trabajo temporales que la CVMC tiene creadas a tal efecto” y opinaban que con este movimiento “se evita, irregularmente que aumenten las RPT y se ajusten a las necesidades reales del servicio y también que puedan ofertarse las nuevas plazas en las OPES”.
En noviembre del mismo año, À Punt decidió apearse de la vía judicial, dándole la razón a la plantilla y retirando la licitación, que ya había adjudicado, dejándola sin efecto. La justificación de la censura de esta externalización se podría aplicar a varios contratos menores y licitaciones actuales.