¿Adiós a una fórmula eficiente?

VALÈNCIA.- El día de la toma de posesión de Carmen Montón, en julio de 2015, Alberto de Rosa se presentó a la nueva consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, a la que pidió cita como representante de la empresa que gestiona, en régimen de concesión, la sanidad pública de más de 600.000 valencianos. El consejero delegado de Ribera Salud, que salió de allí con la sospecha de que no le querían mucho, tardó ocho meses en ser recibido en la única reunión celebrada entre ambos, fuera de agenda de la consellera y sin fotos. De eso hace ya quince meses en los que de los desencuentros se ha pasado a los encontronazos. 

La historia del Hospital de La Ribera es la de una controvertida iniciativa que dura ya veinte años, muy polémica en las esferas política y sindical pero a la que han sido ajenos muchos de los 260.000 usuarios de este hospital público. El centro que dio nombre al ‘modelo Alzira’ dejará de estar gestionado por la empresa Ribera Salud el 1 de abril de 2018, al haber descartado la Conselleria la prórroga de cinco años prevista en el contrato.

Una decisión cuestionable porque no se basa en criterios económicos o de calidad asistencial, sino ideológicos: «La salud es un derecho y no un motivo de negocio», justifica la consellera Carmen Montón. La decisión, envuelta en un creciente clima de crispación, ha derivado en numerosos pleitos entre la Conselleria y Ribera Salud y en un enconamiento entre Montón y De Rosa. El directivo valenciano señala un hecho que considera significativo: «Ni la consellera ni nadie del actual Gobierno valenciano ha visitado en estos dos años ningún hospital de concesión».

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Son cinco las áreas de salud de la Comunitat gestionadas por empresas privadas: La Ribera, Manises, Dénia, Elx-Crevillent y Torrevieja. Suman casi un millón de habitantes con tarjeta SIP —975.809—, una quinta parte de la población. La gestión privada se rige por los criterios de sanidad pública, universal y gratuita, como las áreas de gestión pública. La Generalitat paga a las empresas una cantidad fija anual por habitante de su área de salud. Sobre el papel, un contrato más de colaboración público-privada. En la práctica, una fórmula discutida desde que el conseller Joaquín Farnós lanzó la idea en 1996.

Zaplana y Farnós eligieron Alzira para el experimento. La justificación fue económica: por un lado, la Generalitat evitaba tener que invertir de golpe 54 millones en el nuevo hospital público, que construiría y gestionaría una empresa durante diez años, pasados los cuales pasaría a gestión pública. Y por otro, la Conselleria ahorraría dinero cada año puesto que la concesionaria percibiría un importe fijo anual inferior a la media del gasto sanitario valenciano. Demasiado inferior, según se vio después. Al concurso se presentó en solitario la unión temporal de empresas (UTE) formada por la aseguradora Adeslas (51%), Ribera Salud (45%) y las dos constructoras (Dragados y Lubasa). Ribera Salud la formaban Bancaja, CAM y Caixa Carlet, pero tras la desaparición de las cajas quedó en manos, al 50%, de Sabadell y el grupo estadounidense Centene. La UTE contrató como gerente a Alberto de Rosa y el Hospital de La Ribera fue inaugurado en 1999.

El experimento fue un fracaso desde el punto de vista económico. El hospital se puso en marcha entre protestas políticas y sindicales pero con el beneplácito de la población, satisfecha con la asistencia y con unas instalaciones infinitamente mejores y más cercanas que las del antiguo hospital La Fe. Además, ofrecía ventajas como la anestesia epidural en los partos, que el resto de hospitales públicos daba, nunca mejor dicho, con cuentagotas; lo que derivó en un trasvase de parturientas al centro alcireño. Pero a la empresa no le salían las cuentas, alguien había calculado mal el coste real de la asistencia.

«Montón ha decidido no prorrogar la concesión por motivos ideológicos; De Rosa no da por perdido el contrato, que ya está defendiendo en los tribunales»

El Consell de José Luis Olivas puso en marcha a finales de 2002 una operación de rescate. Anuló la concesión, indemnizó a la empresa y convocó otro concurso. Solo se presentó la misma UTE, que tuvo que pagar un canon de 72 millones, tres más de lo que había cobrado con la rescisión. A cambio, se encontró con un contrato que refundaba el ‘modelo Alzira’ y lo convertía en lo que hoy conocemos con ese nombre: ya no era de diez años sino de quince prorrogables y, lo más importante, la concesión no era solo sobre el hospital, sino sobre la atención primaria, especializada y hospitalaria de toda el área de salud. La cápita, lógicamente, era mayor.

«No se puede hacer contratos con tantas lagunas, que cuando hay algún problema no se puede sancionar a la empresa porque no está previsto», señala Isabel González, que el pasado mes de marzo fue nombrada directora general de la Alta Inspección Sanitaria. González, que en sus dos meses en el cargo tampoco ha visitado los hospitales que supervisa, critica que además de la revisión del contrato de Alzira, se cambió el de Manises en 2010, incorporando a esa concesión más de 40.000 tarjetas sanitarias. «Eso vulnera el concurso porque otros interesados podrían haber participado de haberlo sabido», denuncia haciéndose eco de las objeciones que puso a dicha renegociación la Sindicatura de Comptes en la auditoría operativa realizada sobre esa concesión sanitaria.

Parece evidente, y así se desprende de ese informe, que la actuación de los gobiernos del PP con las concesionarias fue más de colaboración que de control. El PP necesitaba que el modelo Alzira funcionase y se preocupó más de eso que de vigilar la actividad. No obstante, desde el punto de vista asistencial no consta que esa falta de vigilancia haya derivado en un mal servicio. Todo lo contrario, cuatro de las cinco áreas de salud privatizadas están en las primeras posiciones del ranking de calidad asistencial, según datos de la propia Conselleria recogidos por la Sindicatura.

El ejemplo de Portugal

El organismo fiscalizador de la Generalitat hizo pública el pasado 10 de abril la primera y única auditoría operativa del ‘modelo Alzira’ hasta la fecha. La falta de evaluación sobre esta fórmula de colaboración público-privada ha sido durante años criticada no solo por los detractores de la privatización sino por algunos de sus defensores que necesitaban pruebas de que era más eficiente.

El equipo de Montón aterrizó en la Conselleria con la misma queja y encargó dos informes, uno a la Sindicatura de Comptes sobre la concesión de Manises y otro a la Intervención General sobre la de Dénia. Curiosamente, no pidió ningún informe sobre el área de Alzira, la única cuya concesión finaliza en esta legislatura. La decisión de no prorrogarla ya estaba tomada, como anunció la propia consellera al inicio de su mandato, por lo que poco importaba lo que dijeran los informes.

Esta actitud contrasta con la de otro gobierno socialista, el de Portugal, que se ha visto en parecidas circunstancias. El ejecutivo liderado por António Costa —al que sustentan el Partido Comunista de Portugal y el Bloco de Esquerda— decidió a finales de 2016 mantener el modelo concesional en el Hospital de Cascais, inspirado en el ‘modelo Alzira’, en el que una multinacional gestiona el centro público desde 2008. La decisión de prorrogar fue tomada a partir de un informe realizado por la Unidad Técnica de Supervisión de Proyectos, dependiente del Ministerio de Hacienda, donde el grupo técnico concluyó que el modelo suponía un ahorro estimado de un 13,6% para la Administración. El gobierno de Costa ha anunciado que tras la prórroga de dos años convocará un concurso para continuar con la gestión indirecta con mejores condiciones para la administración portuguesa. Es decir, aprovechará la experiencia para corregir aquello que sea mejorable.

El informe del ministerio luso hablaba de un ahorro del 13,6%. El de la Sindicatura de Comptes fija el ahorro en Manises en un 24,6%. En euros, 42,5 millones al año. El resto de áreas de salud privatizadas no tiene auditoría operativa, aunque la de Manises sí recoge indicadores de calidad de todas ellas, con resultados por encima de la media. Haciendo un ejercicio de extrapolación por población asignada, el ahorro para la Conselleria podría superar los doscientos millones de euros al año.

El informe de la Sindicatura

«Podemos concluir que Manises es uno de los departamentos de salud más eficientes», afirma el organismo que dirige Vicent Cucarella en un informe que provocó sarpullidos en la Conselleria de Sanidad. Además del ahorro económico, el informe recoge que los indicadores de Manises son mucho mejores que la media en listas de espera y atención en Urgencias. En cuanto a la satisfacción, el 84,8% de los pacientes de este departamento declaró en 2015 estar satisfecho o muy satisfecho con la atención sanitaria recibida, frente al 81% de media. Del informe se desprende que las claves del ahorro son tres: menos personal que en la gestión pública, sueldos más bajos y mejor tecnología.

La respuesta de la consellera socialista fue cuestionar el trabajo de la Sindicatura, a la que el PSPV aplaudió en 2013 cuando en un informe sobre el concierto de resonancias magnéticas dijo que salía más cara la gestión privada que la pública. En el caso de Manises, Sanidad manifestó su desacuerdo con muchos puntos del informe en cuyas alegaciones y réplicas se evidenciaba cierta tensión entre ambas instituciones. Isabel González resalta que los propios autores del informe hablan de que tiene limitaciones e incertidumbres como la reclamación de 179 millones de euros de la Conselleria a la concesionaria de Manises. «Eso lo cambia todo», asegura. Y tanto. Se trata de pleitos judiciales por las liquidaciones anuales entre 2009 y 2013 sobre las que hay distintas discrepancias. Si ganara algún pleito la Conselleria, significaría que la gestión privada es aún más barata; si los ganara todos, sería tan barata que resultaría inviable.

Carmen Montón: : «El Consell seguirá el cumplimiento estricto del compromiso con la ciudadanía, que es revertir la sanidad a lo público»

El caso es que, según resaltan en Sanidad, la reversión del Hospital de Alzira supone el cumplimiento escrupuloso del contrato, que preveía una concesión de quince años prorrogables por un período de cinco. La Conselleria ha decidido no firmar dicha prórroga por motivos ideológicos. No obstante, Alberto de Rosa no da por perdido el contrato, que ya está defendiendo en los tribunales. «Ha habido mala fe, hay un problema de confianza muy grande», asegura De Rosa, en referencia a la «campaña permanente de persecución y desprestigio» de la que su empresa acusa a Carmen Montón. La consellera incluso contrató a un periodista como director de Gestión Sanitaria para llevar a los medios de comunicación nacionales su ‘guerra’ contra Ribera Salud. Es la batalla de la opinión pública, que sobre todo se libra en Alzira.

Desde la Conselleria de Sanidad insisten en que tienden la mano a la empresa para realizar una transición pacífica, pero los hechos no lo corroboran. El pasado 30 de marzo Sanidad enviaba una inspección médica al Hospital de Alzira para comprobar —en la basura— si la concesionaria estaba destruyendo información, lo que causó malestar en la compañía. En enero, Montón denunció en la prensa sobrecostes en la facturación de las Urgencias, acusación que Ribera Salud negó. Desde entonces ha solicitado cada lunes la convocatoria de una comisión mixta para aclararlo, sin éxito. La Conselleria no denunció los hechos. A ello hay que sumar las salidas de tono de algunos altos cargos contra la concesionaria.

Montón aprovecha, para justificar la reversión, la investigación judicial abiera a B2B, central de compras de Ribera Salud, por presunto cobro de comisiones en la compra de prótesis que paga la Conselleria. La empresa asegura que el juez, que declaró la causa secreta hace un año, aún no le ha pedido información. 

Próximo objetivo: Dénia

La estrategia de Ribera Salud para conservar Alzira es recurrir cada actuación de Sanidad. Los tribunales son, pues, el último obstáculo que le queda a Montón para culminar su objetivo, una vez superado, aparentemente, el del personal. Tras muchos meses de incertidumbre respecto al futuro de la plantilla no estatutaria del área de salud —casi 1.700 personas—, Sanidad ha optado por la única salida posible, aunque no deja de ser un parche que genera dudas legales: estos trabajadores engrosarán la plantilla de la Generalitat como personal indefinido no fijo y Sanidad, que debería sacar a concurso las plazas, garantiza que podrán permanecer en el centro hasta su jubilación.

Alberto de Rosa «El Gobierno que da todos los datos que justifican que continúe el ‘modelo Alzira’ es el que se lo quiere cargar»

El foco de la Conselleria está en La Ribera, pero Montón tiene otro frente abierto en la concesión de Dénia, en manos de la empresa Marina Salud, participada por la aseguradora DKV (65%) y Ribera Salud (35%). Un frente que abrió, sin previo aviso, Ximo Puig en una visita a Pedreguer en la que los vecinos protestaron por la falta de un centro de salud. Fue a finales de marzo de 2016 cuando Puig ordenaba iniciar el proceso de reversión del Hospital de Dénia. Un año después el proceso apenas ha avanzado.

Si la reversión de La Ribera genera dudas sobre su razonabilidad económica, el rescate de Dénia es un disparate económico, según reconocen en voz baja altos cargos del Consell. Hacienda ultima la valoración de la empresa, que fuentes del sector cifran en al menos setenta millones de euros. Resulta difícil de explicar que una administración deficitaria gaste ese dinero en rescatar una concesión que no vence hasta 2024 con una operación jurídicamente muy compleja.

No obstante, no es el precio lo que frena a Montón, sino la oposición de Ribera Salud, que ultimaba la compra de su 65% a DKV. De Rosa advierte de que si la Generalitat compra esa participación, ejercerá el derecho de tanteo, pero Sanidad afirma que, en ese caso, no autorizaría la compra. El proceso estaría abocado a un largo proceso judicial. Otro más.   

*Este artículo se publicó originalmente en el número 31 de la revista Plaza