VALENCIA. La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat (Aerte) ha pedido una reunión de urgencia entre todos los agentes del sector para establecer las bases de un nuevo modelo de concertación de plazas después de que la Generalitat haya paralizado los nuevos expedientes de ingreso.
La decisión se produce tras una nueva sentencia del TSJCV conocida este miércoles que también declara ilegal la exclusividad de las plazas concertadas de accesibilidad del segundo tercio y rechaza la responsabilidad patrimonial de la Generalitat por supuesto incumplimiento del contrato.
Hasta que se ponga en marcha el nuevo sistema, Aerte propone que se permita a las personas dependientes que obtengan una plaza concertada la libre elección de centro entre todos los acreditados.
Aerte propone que todas las personas que se encuentren en un centro de accesibilidad social, conforme a la derivación de plazas del segundo tercio declarado contrario a derecho, permanezcan en los centros en los que se encuentren en la actualidad.
Según lamenta Aerte, en sus centros se ha vivido de primera mano "el trastorno y los inconvenientes que supone para una persona mayor que ya se encuentra adaptada al entorno de una residencia el traslado a otra, como ha ocurrido en tantas ocasiones cuando personas han sido enviadas de forma obligada, para no perder el derecho a una plaza pública, a las plazas concertadas irregulares de accesibilidad social, por lo que desea que no se vean afectadas de ninguna manera".
No obstante, en el caso de que una persona que se encuentre en esos centros solicite de manera voluntaria el cambio, este se debería llevar a cabo. Así se podrá poner solución a los casos en los que las personas se han tenido que alejar de su entorno por la que la resolución les obligaba a ello, considera la asociación.
Por otro lado, solicita a la Conselleria que se convoque "inmediatamente" una reunión de urgencia a las entidades representativas del sector para establecer las bases de un nuevo proceso de concertación que regularice esta situación y permita poner al servicio de la Ley de Dependencia todos los centros acreditados para ello en la Comunitat, donde sea el usuario el que decida en qué centro quiere ser atendido.
Por otra parte, Aerte desea que se aclare cómo se van a solucionar los expedientes que estén pendientes de resolución y que ya no podrían ser atendidos en residencias de accesibilidad en base al segundo tercio.
"No tendría mucho sentido respetar la situación de una persona que se encuentra en un centro de accesibilidad, y si permitir el traslado de las personas que están esperando la concesión de una plaza pública en otra residencia, con el consiguiente trastorno y molestias al usuario", asegura.
Hoy en día, casi todas las personas pendientes de la resolución para ingresar en una plaza pública o concertada están siendo atendidas, y se encuentran perfectamente integradas, en alguna de las residencias que forman parte de la red de centros acreditados por la propia Conselleria. En esos casos, la resolución debería permitir que permaneciese en el centro en el que ya estuviera siendo atendido, considera Aerte.
