VALÈNCIA. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado al Ministerio de Hacienda que "active las medidas preventivas" recogidas en la ley de Estabilidad presupuestaria ante el riesgo de incumplimiento de la regla de gasto de todas las Comunidades Autónomas y en trece entidades locales, entre ellas los ayuntamientos de València y Gandia.
Así lo recoge un informe publicado este miércoles por el organismo que dirige Cristina Herrero, que, en lo que respecta a la Comunitat Valenciana, sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla de gasto para 2024 y prevé que la Comunitat alcance un déficit del 1,9 % del PIB. La AIReF estima que su cumplimiento llevaría a la Comunitat a un déficit del 1,2 % del PIB.
Por ello, recomienda al ministerio que dirige María Jesús Montero activar las medidas recogidas en el artículo 19 de la ley de Estabilidad Presupuestaria, que dispone que, en caso de apreciar riesgo de incumplimiento en una autonomía, el Gobierno "formulará una advertencia motivada a la Administración responsable previa audiencia a la misma".
Formulada la advertencia, el Gobierno dará cuenta de ella al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y se hará pública para general conocimiento. La Generalitat tendría entonces un mes para adoptar las medidas necesarias para evitar el riesgo, que serán comunicadas al Ministerio de Hacienda, según señala ese artículo de la ley.
Según dispone la ley aprobada en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro como ministro de Hacienda, si la administración apercibida no adopta en ese plazo de un mes las medidas oportunass o el Ministro de Hacienda aprecia que son insuficientes para corregir el riesgo, "se aplicarán las medidas correctivas previstas en los artículos 20 y 21 y 25, apartado 1.a)" de la ley.
Esto supondría, en la práctica, una intervención de la Generalitat valenciana por parte del Ministerio, ya que esos artículos incluyen una larga lista de medidas correctivas y coercitivas, así como una limitación de la capacidad de maniobra de la Conselleria de Hacienda, que tendría que pedir autorización para ejecutar determinados gastos.
La AIReF, que ya advirtió en abril de un riesgo de incumplimiento de la regla de gasto por parte de la Comunitat Valenciana en 2024, sigue apreciando riesgo de incumplimiento de la regla con los datos observados hasta el mes de abril y la información disponible a la fecha. Considera que el gasto computable en la Comunitat Valenciana crecerá un 7% en 2024, muy afectado por el impacto recaudatorio estimado en 2024 de las medidas de rebaja fiscal adoptadas (más de 500 millones de euros).
Este riesgo afecta al cumplimiento de la recomendación específica por país sobre el crecimiento del gasto primario neto de medidas de ingresos e implica un deterioro de la situación fiscal a medio plazo de la comunidad autónoma, afirma la AIReF.
El organismo que dirige Cristina Herrero mantiene su previsión de que la Comunitat Valenciana alcance en 2024 un déficit del 1,9 % del PIB. Vaticina que solo la Región de Murcia y la Comunitat Valenciana cerrarán 2024 con un déficit superior al 1%, mientras que se espera déficits en torno a medio punto en Cataluña y Castilla-La Mancha y más moderados en Andalucía y Madrid. En el resto espera equilibrio o superávit.
La cifra es muy superior a la de la Generalitat, que según el informe mantiene su previsión de cierre, estimando que alcanzará un déficit del 0,1 % con un crecimiento del 5,9 % del gasto computable. Según la AIReF, para alcanzar el equilibrio presupuestario en 2024 la Generalitat debería bajar el gasto un 5,8%.
En cuanto a la deuda, la AIReF estima que la ratio deuda/PIB de la Comunitat Valenciana se situará al cierre del ejercicio en un 42,1 % -una décima menos que en la previsión de abril- y señala que los mecanismos extraordinarios de financiación, es decir, la deuda con el Estado, representa ya un 88,3% de la deuda viva de la Comunitat Valenciana.
El informe de la AIReF destaca el impacto en la recaudación de la Generalitat que van a tener las rebajas fiscales aprobadas por el Consell de Ximo Puig en 2022 y por el de Carlos Mazón en 2023, un impacto que cifra en 495 millones para 2024, ya que en el caso del IRPF -la partida más grande- la recaudación se engloba en las transferencias del sistema de financiación autonómica, que tienen su efecto en diferentes años.