VALÈNCIA. La segregación de una parcela, o mejor dicho, la no segregación de una parcela de viales públicos en el sector urbanístico de Port Saplaya está retrasando el cumplimiento del acuerdo suscrito entre Egusa -la empresa municipal de suelo de Alboraia- y Quabit hace ahora un año aproximadamente.
Éste sustanciaba el pacto por el cual el Ayuntamiento pretendía pagar la deuda de 26,3 millones de euros contraída con la inmobiliaria -tras una sentencia judicial- mediante la dación en pago de solares ubicados en Port Saplaya, como adelantó Valencia Plaza. No obstante, el incumplimiento de una cláusula de dicho acuerdo ha impedido que se complete la operación por el momento.
Egusa y Quabit habían incluido en el acuerdo una cláusula según la cual la firma pública del Ayuntamiento debía delimitar y ubicar exactamente qué zona de una de las parcelas era considerada zona de dominio público al contener viales públicos y que, por ende, no podía entrar dentro de la dación. No obstante, esto no se ha producido desde entonces, pese a haber dado Quabit hasta tres prórrogas para tal menester.
Incluso el consistorio solicitó en primavera a la inmobiliaria una cuarta prórroga de tres meses para poder cumplir con esta parte del pacto, pero ésta rechazó tal posibilidad, según ha podido constatar este diario. En mayo, la firma privada se exculpó e imputó el incumplimiento única y exclusivamente a la corporación local, rechazando el argumento del retraso con motivo de la pandemia de coronavirus y la declaración del estado de alarma, pues, sostenía la inmobiliaria, esta no afectaba a los plazos administrativos en los acuerdos privados.
Asimismo, Quabit apuntaba que el consistorio en varias ocasiones le había comunicado que esta cláusula ya se cumplía y que la parcela no estaba afectada por dominio público, por lo que, para la empresa, era incoherente el hecho de que el Ayuntamiento no hubiera cumplido esta cláusula. Ahora, según han trasladado ambas partes, se continúa negociando para dar salida a este conflicto.
Preguntadas fuentes de la inmobiliaria por este diario, señalaron que Quabit "continúa negociando el acuerdo" dado que hay "diferentes aspectos urbanísticos" a cerrar todavía con Egusa. En este sentido, señalaron que las negociaciones son "fluidas y continuadas" con el objetivo de llegar a un "consenso" sobre "diferencias de criterios" en el aspecto urbanístico. Y por ello se mostraron confiadas las mencioandas fuentes de que "todo quedará solventado tras el verano".
El embrollo viene de lejos, ciertamente. Quabit y la sociedad municipal emprendieron en 2008 un proyecto urbanístico fallido en Port Saplaya que incluía la construcción de 900 viviendas, un hotel, una marina, un auditorio y cientos de amarres. La fecha límite fijada para desarrollar el sector (la UE-2 Port Saplaya) era 2014, pero la crisis económica, sin embargo, impidió cumplir los plazos.
Para entonces, Quabit ya había aportado 23,4 millones de euros en concepto de beneficios futuros del proyecto, por lo que demandó a la empresa municipal reclamando la devolución de dicho montante. En 2016, el Juzgado de Instrucción número 6 dio la razón a la inmobiliaria en una sentencia ratificada posteriormente por la Audiencia de Valencia.
En ella obliga a la empresa municipal Egusa a devolver los 23,4 millones de euros y otros 2,8 en concepto de intereses legales. La delicada situación de la sociedad municipal hacía difícil la devolución de la deuda, pero tras largas negociaciones y una batalla legal, ambas partes alcanzaron el pasado verano el mencionado acuerdo para resolver el conflicto, de manera que Egusa saldará lo adeudado con los solares donde, en un principio, se iba a llevar a cabo el macro proyecto.
Un año después, no obstante, el incumplimiento del acuerdo ha obligado a retrasar la operación y ambas partes se encuentran en negociaciones para reconducir el conflicto.
El proyecto urbanístico será finalmente mucho más modesto que el presentado antes de la crisis inmobiliaria. El presidente de la inmobiliaria, Félix Abánades, rebajó las expectativas hace dos años, y avanzó que la intención ahora pasa por construir 500 viviendas en lugar de las 900 inicialmente previstas. Renunció también a la marina con cientos de puestos de embarque y al auditorio. Y aunque se resistió a renunciar al hotel, finalmente también lo hizo.
En cuanto al centro comercial de este sector, que es propiedad de Leroy Merlin y Alcampo, entre otros, Abánades consideró entonces que su situación en este enclave tiene “poco sentido” dado que es un centro “obsoleto”. Ahora bien, admitió que si la decisión de estos propietarios es quedarse, la inmobiliaria deberá adaptarse. No obstante, podrían darse negociaciones para cambiar la postura de estos centros.
