GRUPO PLAZA

varios alcaldes socialistas ingresan de sus consistorios pese a tener sueldo en la diputación

El código ético del PSOE desautoriza el cobro por asistencias de los cargos públicos

Puig y Bielsa congreso del PSPV
17/11/2022 - 

VALÈNCIA. El cobro de dietas en concepto de asistencia a plenos municipales y otro tipo de reuniones dentro del ámbito local sigue coleando en el PSPV-PSOE que lidera Ximo Puig. Tal y como informó Valencia Plaza días atrás, la estadística referente a 2021 de Información Salarial en Puestos de la Administración (ISPA) del Ministerio de Hacienda hecha pública días atrás reflejaba determinados ingresos en paralelo de algunos alcaldes y concejales de distinto signo político a la institución donde perciben su sueldo completo, en su mayoría diputaciones provinciales. Una práctica que el último código ético del PSOE -fechado en octubre de 2014 pero todavía vigente- desautoriza en su articulado.

Así, una docena de alcaldes socialistas de las tres diputaciones y un número de concejales indeterminados (el informe del ministerio no permite identificar a los ediles) perciben el salario con dedicación exclusiva de la corporación provincial pero, además, ingresan distintas cantidades de dinero. Según el citado documento, dos primeros ediles destacan por encima del resto: el alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa (PSPV), que percibió de Mislata 42.900 euros brutos anuales en 2021 además de su salario íntegro de 73.661 euros brutos anuales de la Diputación de Valencia, y el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP), quien ingresó 38.200 euros al margen de su sueldo de 74.705 euros de la corporación.

En el caso de la formación socialista, diversos alcaldes son los que se encuentran en esta situación en la Diputación de Valencia aunque con menores cuantías que los anteriormente mentados: Rafa García (Burjassot) con 20.340 euros brutos; Jordi Mayor (Cullera) con 16.600 euros; Maria Amparo Orts (Moncada) con 12.450 euros; Andreu Salom (l'Alcúdia) con 5.014 euros y, con una cantidad testimonial, Pilar Sarrión (Anna) con 300 euros brutos anuales. Una circunstancia que también se produce en otras instituciones, siempre según el citado informe, puesto que diputados socialistas y alcaldes como José Chulvi (Xàbia), Carmen Martínez (Quart de Poblet) y Vicent Arques (l'Alfàs del Pi), también percibieron en 2021 de sus consistorios 21.108. euros, 18.375 euros y 16.489 euros respectivamente.


Más allá de la cuantía de las retribuciones, esta práctica se rechaza en el mencionado documento colgado en la web del PSOE, que puede encontrarse dentro del apartado de Transparencia. Así, en epígrafe 4 referido a 'Retribuciones y finanzas', aparece el siguiente anunciado en el punto dos: "4.2. Los cargos orgánicos socialistas que perciban retribuciones públicas se comprometen a no recibir complementos retributivos del partido. Igualmente, los cargos públicos y orgánicos se comprometen a no recibir complementos retributivos que no estén integrados en los baremos salariares aplicables al cargo que ejercen".

Una cita que precisamente parece señalar -al menos así lo admiten distintos dirigentes socialistas consultados- a situaciones como la de las retribuciones en concepto de asistencias a los plenos o juntas de gobierno de los consistorios, por lo que todo indica a que los alcaldes y concejales que se embolsan estas percepciones estarían incumpliendo el código ético socialista.

Una impresión que compartió el propio presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, cuando a preguntas de este diario, consideró que habría que "clarificar" este tipo de retribuciones. "No lo veo normal", sentenció en referencia a las altas dietas por asistencias de algunos alcaldes. Por su parte, el propio Fernández Bielsa fue preguntado en la diputación por el PP por esta cuestión, mostró su rechazo a entrar en cuestiones "que tienen que ver con el desprestigio de lo público y de la política" y defendió el nivel de compromiso de los alcaldes ante la ciudadanía: "Cada uno tiene que valorar si su sueldo es acorde a lo que trabaja y a su responsabilidad". 


Por otro lado, otros asuntos que se abordan en este código ético es la obligación de los cargos de "contribuir a las finanzas del partido de forma progresiva en función a sus ingresos" (el conocido popularmente como "impuesto revolucionario". Además, también incluye en este compromiso que los cargos públicos socialistas, todos los años de su mandato, deben entregar a la Secretaría de Organización Federal "los certificados resumen de la declaración de IRPF y, en su caso, Patrimonio emitidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria o Haciendas Forales correspondientes".

El PP pide "austeridad" pero sin exigencias

Por su parte, el Partido Popular incluye en su código ético, disponible en la web de Transparencia de la formación, algunas indicaciones respecto a las percepciones económicas de sus empleados. Según el documento, sus "retribuciones dinerarias" deben regirse por los principios de "austeridad y eficiencia que rigen la actuación de la organización", pero la pauta iría solo dirigida a aquellas personas que trabajan u ostentan un cargo en el partido y no a sus miembros con responsabilidades públicas.

Así lo indica el propio PP en el apartado del código ético que hace mención a su ámbito de aplicación, donde se especifica que el documento "es de obligado cumplimiento para todos los empleados y cargos directivos y orgánicos del partido" y en cambio "no es de aplicación a las actuaciones que desarrollen aquellos miembros en el ejercicio de funciones o cargos públicos". La formación justifica esta decisión en que estas últimas actividades son "objeto de control por parte de las Instituciones Públicas correspondientes". 

Ello dejaría por tanto en 'papel mojado' las recomendaciones del código ético del partido para los cargos públicos. Aun así, el documento matiza que el PP "adoptará las medidas que estén en su mano y que se detallan en las políticas que conforman su Programa de Cumplimiento Normativo y en los Estatutos" para "concienciar" a las personas que ejercen cargos o funciones públicas de que las desarrollen "conforme a la más estricta legalidad".

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