Algo tendrá que decir, querido President

VALÈNCIA. No es la primera vez que escribimos sobre este asunto, imagino que desgraciadamente no será la última, pero la situación empieza a ser límite y sorprendentemente aquí no pasa nada y el máximo responsable del tinglado, el Molt Honorable no ha dicho esta boca es mía. Un estilo, por cierto, muy rajoyesco, dejar que los temas desaparezcan o se esfumen, es decir, se les olviden a los ciudadanos. Pero ni es ético, ni es de recibo, puesto que tanto antes como ahora a los gobernantes se les debe exigir explicaciones y justificaciones a sus decisiones, especialmente cuando afectan a sectores tan delicados como sanidad, educación o cultura. 

La percepción, quizá errónea, que tengo sobre muchas de las informaciones que leemos y oímos en los medios y que afectan a decisiones concretas y polémicas del actual Consell, es que aquí no pasa nada –si osas criticar o comparar, siempre salen datos sobre la corrupción del anterior gobierno– y me llama la atención que el máximo responsable, es decir, Ximo Puig, suele salir indemne de todos los asuntos espinosos de sus consellers, verbigracia: educación, sanidad, cultura, etc. Es más, se suele justificar que el talante del President no tiene nada que ver con el de algunos de sus díscolos miembros del gobierno autonómico.

Peligrosa disociación y huidizo argumento para exonerar de responsabilidad a quien es el máximo responsable de todas las decisiones que se toman en el ámbito público autonómico. Hace tiempo que la Sanidad comenzó a ocupar titulares por la idea fija de la señora Carmen Montón de revertir los modelos de colaboración público privada, con especial notoriedad del famosos modelo Alzira, pese a haberse probado su utilidad y viabilidad. Un tema que cada vez más se ha demostrado como una decisión ideológica y no técnica o práctica. 

Pero siempre es bueno escuchar varias voces, contrastar argumentos, no apresurarse a etiquetar frívolamente a un cargo público aunque tome polémicas decisiones. Mi asombro llegó el pasado domingo al leer en este diario las declaraciones de Rosa Atiénzar, secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO-PV, quien entre otras lindezas dijo sobre el departamento de sanidad valenciano: “En muchos aspectos hay falta de transparencia, además de una falta de respeto a las personas que representan a los 50.000 trabajadores y trabajadoras de la Conselleria de Sanidad.”

La consellera sigue ocupando su cargo porque el señor Puig quiere. Desde las tensiones internas a la cantidad de políticas que no dejan de incomodar a diversos colectivos de sensibilidades distintas, hay motivos sobrados para que hubiera realizado un recambio en la cartera sanitaria. Y si es fundamental apaciguar y reconducir ese ámbito, qué decirles de la educación. Las manifestaciones de los centros concertados, las quejas de asociaciones de padres de alumnos, los problemas y retrasos en los pagos del bono escolar y algo mucho más importante que todo ello: un pacto educativo planteado como una auténtica trampa, puesto que el Conseller Vicent Marzà no quiere renunciar al adoctrinamiento –gradual y progresivo–, o a la opción monolingüe que premie cada vez más el valenciano tanto a nivel educativo como mérito docente. 

Aquí se suele recordar que el conseller es miembro de Compromis y del ala más nacionalista. Al principio era un argumento válido, pero ya ha pasado un tiempo más que prudencial y tras algunas decisiones, el señor Puig podría haber hablado seriamente con su vicepresidenta y haberle propuesto que en un mundo globalizado, interconectado y donde el talento vuela rápido y habla inglés, quizá otro perfil más ‘open mind’ para gestionar la educación de los jóvenes valencianos, sería más razonable, pero nada, ahí sigue. 

Y para completar el silencio negativo para la sociedad y positivo para los bolsillos de los consellers, la semana pasada se volvió a cruzar una línea roja, se puso de manifiesto que los que parecían agoreros y pesimistas cuando criticaban (cierto que antes de los hechos, pero basándose en el conocimiento del personal) que los miembros de Compromis podrían comportarse de manera partidista y sectaria, tenían razón. La dimisión de Davide Livermore como intendente del Palau de les Arts Reina Sofía y las declaraciones posteriores de voces autorizadas en el ámbito cultural y operístico, como Plácido Domingo o Fabio Biondi han dejado en evidencia que la política cultural que dirige el conseller Marzà se basa en un provincianismo ridículo y nocivo para los intereses de una sociedad moderna que pretende estar a la vanguardia en un ámbito tan nuestro como el de la cultura musical. No sobrarían explicaciones y dimisiones.