Alquería: El gran juicio político del Botànic

VALÈNCIA. La Policía Nacional cruzaba el 27 de junio de 2018 las puertas de la Diputación de Valencia en una imagen que desencadenaba una pregunta generalizada: ¿En serio otra vez? La corporación provincial volvía a ser objeto de una investigación judicial. Sorpresa. Estallaba el llamado caso Alquería, coordinado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia y la Fiscalía Anticorrupción. Detenciones, registros, terremoto político y un procedimiento judicial que ponía de nuevo el foco en las supuestas malas prácticas llevadas a cabo en la empresa pública encargada de la gestión de las brigadas forestales. La antigua Imelsa, en ese momento Divalterra y hoy totalmente liquidada. En esta ocasión, las indagaciones se centraban en las contrataciones presuntamente irregulares de altos directivos. Un uso del dinero público de poco agrado para los investigadores.

La empresa ya era conocida. Y no para bien, muy a pesar de sus trabajadores. Imelsa había dado origen, en 2016, a otra macrocausa llamada Taula que consistía en una supuesta red trazada por cargos del PP para la adjudicación de contratos a cambio de comisiones o mordidas en varias administraciones públicas (Diputación de Valencia, Generalitat y algunos ayuntamientos). Mientras esa investigación y sus polémicos audios todavía coleaban en aquel momento, otro escándalo saltaba. Pero esta vez afectaba a la izquierda. PSPV y Compromís quedaban salpicados directamente por el caso Alquería, que este 19 de septiembre, más de cuatro años después de los arrestos, inicia la celebración del juicio.

El primer gran juicio del Botànic, con quince personas en el banquillo. Político, más que penal, aunque la instrucción se haya basado en lo segundo por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos. Durará un total de veintiuna sesiones hasta el próximo noviembre. 

En aquel día de junio, el presidente de la Diputación y alcalde de Ontinyent, el socialista Jorge Rodríguez, era detenido a primera hora de la mañana. A continuación, se producían otros arrestos, como el de los cogerentes de Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simó (del PSPV); el secretario-letrado asesor de esta empresa pública, Jorge Cuerda, y dos asesores de la Diputación, Ricard Gallego y Manuel Reguart. Simultáneamente, se llevaban a cabo ocho registros en la Diputación, el Ayuntamiento de Ontinyent y los domicilios particulares de los encausados.

En unas horas, que los protagonistas mantienen vivas, los detenidos —entre ellos Rodríguez— permanecieron durante la noche en el calabozo. Al día siguiente pasaron a disposición judicial y fueron puestos en libertad con cargos. Lo ocurrido dejaba al PSPV —y también a Compromís— en estado de shock. El discurso oficial comenzó a basarse en que la causa no era de corrupción sino administrativa —pese a que los delitos se basan en lo primero— y en que la operación policial había sido desmedida. Algo que ambas formaciones mantienen a día de hoy. Aun así, los socialistas suspendieron a Rodríguez de todos sus cargos y de militancia. Días después, dimitió de la presidencia de la Diputación, donde le sustituyó Toni Gaspar. Un adiós al partido en el que se encontraba despegando e, incluso, señalado como heredero de Ximo Puig. 

Se refugió en Ontinyent, donde fue recibido prácticamente como un héroe. Se volvió a presentar a la alcaldía en 2019 bajo las siglas de un nuevo partido, La Vall Ens Uneix. Arrasó, dejando al PSPV sin representación, y obtuvo un diputado provincial. Mientras todo eso ocurría, la investigación judicial seguía su curso y se conocían los detalles con el levantamiento del secreto de sumario. 

Alquería, año cero

Todo había comenzado en noviembre de 2015. Meses antes de que la empresa pública Imelsa pasara a llamarse Divalterra para enterrar su pasado marcado por la corrupción, los dos cogerentes Josep Ramon Tíller (PSPV) y Agustina Brines (Compromís) remodelaron la estructura para configurar nuevas áreas en las que colocar a cargos de confianza. Cada partido controlaba, de esta manera, unas competencias bajo esa división realizada entre ambas formaciones. 

La forma de cubrir esas plazas ha sido la cuestionada posteriormente en los tribunales. La Fiscalía apuntó a una actuación «arbitraria y caprichosa» en la contratación de directivos de la cual tenían conocimiento los querellados. Todo ello con unos «artificios» buscados para tratar de amparar unas contrataciones que respondían «al puro voluntarismo político de favorecer a los miembros del partido dominante en la Diputación y afín a su presidente».

Las prácticas, en opinión de Anticorrupción, revelaban la creación de una «estructura de gobierno» paralela a la auténtica voluntad del Consejo de Administración de Divalterra y formada tan solo por los consejeros de PSPV y Compromís. Consideró que no estaba amparada en los estatutos. Las contrataciones se realizaron con doce informes jurídicos en contra —tanto de despachos externos como de los servicios de la casa— hasta que obtuvo uno favorable.

En ellos se incluían apreciaciones como que los nombramientos serían contrarios al principio de eficacia en la gestión; que habría sido necesaria una oferta pública imparcial bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad; que debería haber existido una oportuna justificación, o que los contratos no se corresponderían con el ejercicio de poderes inherentes a la titularidad jurídica de Divalterra.

El juez instructor cifró en 1,1 millones de euros el perjuicio para las arcas públicas. Consideró que se infringió la legalidad en la «cabal y correcta aplicación de los fondos públicos» con la contratación presuntamente «simulada» de nueve directivos «sin observar los requisitos legales ni estatutarios» de Divalterra entre noviembre de 2015 y febrero de 2018. No se cumplieron, añadió, «las normas aplicables a estas contrataciones» y las personas «nunca» ejercieron funciones de altos cargos, por lo que no existían motivos suficientes para los nombramientos. Todo ello conllevó «un presunto desvío» de dinero y, con ello, «malversación de caudales en favor de unos particulares por puros intereses de índole partidista» de las dos formaciones en el poder.

El juez remarcó la intervención para este fin de los gerentes de Divalterra dentro de un supuesto «plan preconcebido» por Jorge Rodríguez y su equipo más cercano (Jorge Cuerda —al que denominó como «presunto director de facto» de la empresa pública—, Ricard Gallego y Manuel Reguart).

La investigación apunta a la creación de una «estructura de gobierno» paralela formada por los consejeros de PSPV y Compromís para colocar a afines

El origen de la investigación fue una denuncia inicial llevada a la Fiscalía por José Luis Castellote y José Luis Pellicer, responsables de los departamentos financiero y jurídico de la empresa pública. Ciudadanos presentó otra posteriormente, que se incorporó a las diligencias ya en curso. La guerra interna en la Diputación, tanto en lo concerniente a los directivos de Divalterra como en las diversas corrientes dentro del PSPV, siempre quedó patente en el caso Alquería. Y una de las piezas clave que ahora resurge de cara al juicio es José Luis Vera. 

Vera, cercano históricamente a los socialistas, era responsable jurídico de la empresa desde 2015, cuando fue nombrado a propuesta del ex número tres del PSPV José Manuel Orengo. En aquel momento, este último —muy cercano a Ximo Puig— era vicesecretario de Relaciones Institucionales de los socialistas valencianos y jefe de Gabinete del entonces presidente de la Diputación. Orengo también nombró al primer gerente de Divalterra, Josep Ramon Tíller. Tanto él como Vera formaban parte de su equipo de asesores cuando era alcalde de Gandia. 

Unas relaciones que resultan de importancia en lo político, pese a que no formen parte de la investigación judicial. Aunque la cadena de responsabilidad en los contratos viene dada por la cúpula de la Diputación, muchos de los afectados se afanan en atribuir el diseño real de las altas direcciones a estos anteriores protagonistas. Y hay quien no oculta que previamente al estallido de Alquería, en los hechos que posteriormente se investigaron hubo mucho de movimientos de venganza política entre familias socialistas. Orengo acabó declarando como testigo ante el juez a petición del propio Rodríguez. Este último apuntó a que el equipo del que el primero formaba parte fue en realidad el responsable del reparto inicial de áreas entre PSPV y Compromís y de dar apariencia de legalidad a las contrataciones. Orengo afirmó que «el empastre vino más tarde», cuando aparecieron los informes en contra.

Estrella invitada: José Luis Vera

Pero si existe un protagonista relevante en toda esta causa es José Luis Vera. El jefe jurídico de Divalterra pasó a ser un colaborador importante para Anticorrupción, aunque en un informe de junio de 2016 no habló claramente de la necesidad de suprimir los contratos de alta dirección que ahora se consideran ilegales. En ese documento, opinaba que existían «dos formas» de abordar el problema. Una, que los siete directivos contratados «se mantuvieran como tales hasta que se determinara su régimen de contratación en la clasificación de la empresa Divalterra»; dos, y como alternativa, «rescindir o sacar a pública concurrencia las plazas y, después de la selección, extinguir objetivamente el contrato de quienes no la hayan sacado».

Vera, ya con la instrucción en marcha, relató ante el juez cómo tuvo conocimiento del proyecto de nombramiento de siete altos directivos, «distribuyéndolos en dos grupos según los partidos de gobierno de la Diputación: tres del PSOE y cuatro de Compromís». Y que los dos gerentes de entonces «debían aceptar a esas personas según su partido, pues venían impuestas por el propio presidente» (Jorge Rodríguez). El discurrir del tiempo, sin embargo, ha puesto el foco sobre él y no precisamente de manera positiva. Actualmente, el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia le sitúa en el centro del caso Azud, una presunta trama de corrupción urbanística con cobro de mordidas en varias administraciones. Los investigadores lo señalan como supuesto conseguidor a cambio de comisiones entre el empresario considerado cabecilla, Jaime Febrer, y algunos alcaldes. 

Uno de los grandes interrogantes de cara al juicio de Alquería es qué papel tendrá. Su testimonio como colaborador de la Fiscalía no parece fácilmente sostenible mientras permanece como uno de los principales acusados en otra causa de supuesta corrupción. Algo que será usado por las defensas de los acusados, tanto en el caso de que se mantenga en su versión como en el de que la cambie —lo cual no parece del todo improbable según algunas fuentes—. 

Los abogados de los quince encausados confían en una absolución de todos ellos. La Fiscalía pide ocho años de cárcel para Jorge Rodríguez y para su exjefe de Gabinete Ricard Gallego, su exasesor Manuel Reguart, el exgerente de Divalterra Josep Ramon Tíller y la excogerente Agustina Brines; y seis años de prisión para el exsecretario del Consejo de Administración de Divalterra Jorge Cuerda, el excogerente Xavier Simón y los siete directivos contratados.

Para los investigadores existe un precedente importante en una condena de este tipo. Se trata de la primera por los llamados «zombis» de Imelsa (personas que cobraban pero que no iban a trabajar). La resolución, ratificada recientemente por el Tribunal Supremo, desarrolla una tesis similar a la de los instructores de Alquería. Dictada en 2019 por la Audiencia de Valencia, impuso dos años y medio de prisión al exalcalde de Quartell Francisco Huguet y al exconcejal Emilio Máñez por prevaricación y malversación. El exedil había sido contratado como brigadista en Imelsa, pero en realidad trabajó como asesor en la Diputación de Valencia para el que fuera alcalde de su municipio. 

La importancia de aquella sentencia radica en el destino del dinero público. «Existió un claro beneficio para asesor y asesorado y un perjuicio real para los presupuestos de la empresa pública y de la propia Diputación», sostuvo la sala, que hizo hincapié en la «desviación ilícita de los fondos públicos de su destino». A la vez, recordó que estas sociedades están sometidas a los principios de publicidad y concurrencia en la contratación. Unos principios que «determinan las resoluciones que se adopten» y que, si se dictan de esta forma arbitraria, «constituyen el elemento objetivo de un delito de prevaricación». Habrá que ver si estos criterios pueden aplicarse en el caso Alquería.  

* Este artículo se publicó originalemente en el número 95 (septiembre 2022) de la revista Plaza