VALÈNCIA. (EP). La presidenta en funciones de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, de Compromís, ha defendido que los contratos de alta dirección de la empresa pública Divalterra que originaron la operación Alquería fueron "absolutamente legales", aunque ha agregado que "quien debe pronunciarse es la Justicia".
Así se ha expresado la actual presidenta en funciones de la corporación provincial a su entrada a la Ciudad de la Justicia de Valéncia, a donde ha acudido a declarar como testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 9 de València, encargado de las investigaciones relacionadas con la llamada 'operación Alquería', que llevó a la detención, puesta en libertad y dimisión del hasta entonces presidente de la Diputación, el socialista Jorge Rodríguez.
El juez ha citado a declarar este viernes en calidad de testigos a miembros de los grupos políticos de PSPV, Compromís, PP y Ciudadanos en el consejo de administración de la empresa de la Diputación de Valencia Divalterra.
Se trata, además de Amigó, del portavoz del PSPV, Pablo Seguí; de Rafael Soler (PP) y de Jorge Ochando, de Ciudadanos. Este último fue quien presentó una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de Valencia contra el presidente de la corporación provincial por presuntas irregularidades en los contratos de alta dirección.
La operación Alquería, en la que fueron detenidos Jorge Rodríguez, dos asesores y tres altos cargos de Divalterra, investiga presuntas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra --la antigua Imelsa-- en 2015. La causa está abierta por prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
En su declaración ante los medios a su llegada a los juzgados valencianos a las 9.45 horas, Amigó ha explicado que "evidentemente" acude con voluntad de "colaborar con la Justicia": "Hay secreto de sumario y desconocemos de qué va el asunto, pero nuestra colaboración es total y a ver si podemos aclarar un poco los hechos".
Preguntada por la legalidad de los contratos bajo sospecha, ha señalado que, en su opinión, fueron "absolutamente legales", pero ha añadido que "quien tiene que pronunciarse sobre la legalidad o las posibles irregularidades es la Justicia".
Tras su declaración en los juzgados, Amigó ha reiterado ante los periodistas que no ha tenido "constancia de la ilegalidad de ningún contrato de la Diputación" y ha asegurado que sale de la Ciudad de la Justicia "exactamente igual de tranquila" que a su llegada.
"Ahora me tengo que hacer cargo, de forma interina, de la presidencia de la Diputación, tengo muchas cosas que hacer y estoy con la conciencia tranquila. Ahora lo importante es dar una solución y normalidad institucional", ha indicado.
Ante la cuestión de si se debe producir la dimisión de los investigados en esta causa, la presidenta en funciones ha argumentado que "esa es una cuestión en la que los partidos tendrán que tomar las decisiones que consideren", mientras que sobre si continúan percibiendo su sueldo, ha manifestado: "Desconozco su situación. El presidente ha dimitido, pero desconozco cuál es la situación laboral del resto".
A su salida, ha explicado que el posible cese de estos cargos "es una decisión del Consejo de Administración, que se reunirá la semana que viene". "No se ha reunido todavía desde que pasaron las detenciones, evidentemente. Es una decisión del Consejo de Administración, no de Presidencia", ha precisado.
Precisamente, este mismo viernes la dirección de Compromís ha decidido el cese de Agustina Brines como cogerente de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación, detenida en la operación Alquería, según ha informado la coalición en un comunicado.
Inquirida sobre la fecha para la celebración del pleno de la Diputación que certifique la renuncia de Jorge Rodríguez y de otro más para la elección de su sucesor, Amigó ha dicho desconocer "exactamente el día", pero ha explicado que el equipo de gobierno se reunirá, se convocará junta de portavoces "y a lo largo de la semana que viene haremos el pleno para tomar constancia de la dimisión del presidente y después ya vendrán los demás plenos para que entre el nuevo diputado o diputada y para la nueva elección del presidente o presidenta", ha señalado.
Asimismo, sobre la posible disolución de Divalterra, ha llamado a tener "cautela" porque, ha sostenido, "hay muchísimas familias detrás y evidentemente hay que estudiar la situación y preservar derechos de los trabajadores". "Y no solo de Divalterra, también del resto de empresas semipúblicas de la Diputación", ha resaltado.
"Igual hay que hacer una reflexión, pero todavía no tenemos clara la hoja de ruta. Lo que ha pasado en Divalterra no significa que durante estos tres años del nuevo equipo de gobierno se haya trabajado mal. Tenemos que mantener los servicios que estábamos prestando a los pueblos", ha concluido.