¿Pudo resistir el alcalde de Alicante? Con dos procesos judiciales en marcha su estrategia era resistir. Desde la Generalitat se valoraba la situación como un obstáculo para la promoción de las acciones de gobierno. En ese pulso, las 72 horas que definieron una derrota
ALICANTE. Es miércoles 21 de marzo. Las 23:30 horas de la noche. El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig, acaba de llegar a Alicante, procedente de Bruselas, y hace una llamada telefónica. La decisión está tomada: el partido exigirá mañana jueves al alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, que deje el cargo, que dimita y acabe con el bloqueo que vive la política municipal de la ciudad. La confirmación del segundo procesamiento judicial, por haber despedido a una trabajadora municipal contratada como interina, a su vez, cuñada del portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, colma la paciencia del Molt Honorable, y del PSPV. «Gabi —así se le llama en el partido— se tiene que ir, sí o sí». La situación no puede perdurar más. Echávarri arrastra, además, otro primer caso judicial por el que también se sentará en el banquillo de los acusados: el supuesto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio. El 18 de abril de 2017, el PP le denunció en este primer caso; dos días más tarde, Echávarri ejecuta el despido. Un año después, la situación es insostenible: el alcalde está procesado; gobierna en solitario desde que sus dos imputaciones rebasasen todos los límites éticos soportables para Guanyar y Compromís (máxime después de más de dos años de hartazgo por sus decisiones unilaterales); las relaciones con ellos están dinamitadas y la acción de gobierno, paralizada y cuestionada. Y, cada vez que Puig pisa Alicante, los titulares se los lleva Echávarri y no la gestión del gobierno. A veces, incluso el propio alcalde se ocupa de ello, postulándose para repetir candidatura en 2019 en busca de un respaldo público de Puig que, sin embargo, no llega. Así que, no hay salida. Sobre todo, después de que la instructora de las diligencias sobre el llamado ‘caso despido’ haya destapado las vergüenzas del proceder de Echávarri: «La voluntad del alcalde era cesar a la referida funcionaria como represalia a la denuncia interpuesta contra él mismo y por el motivo que fuera, haciendo de su voluntad fuente de derecho». «Existen indicios de que el decreto de cese de la funcionaria en cuestión obedece únicamente a la voluntad del alcalde en una evidente, patente, flagrante y clamorosa desviación de poder, dando apariencia de legalidad a su voluntad que se erige como fuente del derecho y ejerciendo sus facultades de forma manifiestamente arbitraria», añade el auto. Ya no había más excusas administrativas en las que parapetarse; esas, con las que Echávarri había conseguido retener la confianza de su partido y ganar tiempo en busca de un archivo que nunca llegó.
En ese escenario, el president cena esa misma noche del 21 de marzo en Alicante, y se aloja en el hotel AC de la avenida de Elche. En un principio, debía hacerlo con el alcalde, pero llega demasiado tarde, y posponen el encuentro. La orden está dada. Al día siguiente tiene un acto con los regantes en la sede la Universidad del céntrico Paseo Ramón y Cajal. Allí acudirán toda la flor y nata de los agricultores de Murcia, Almería y sur de la Comunitat Valenciana para reivindicar el trasvase Tajo-Segura. La dirección del PSPV, y los más allegados a Puig, consideran que no sería recomendable que el todavía alcalde acudiera al acto. Esteban Vallejo, delegado de Presidencia en Alicante, se encarga de ello. Llama a su jefe de Gabinete, Lalo Díez, la noche de antes, pero Díez no le garantiza nada.
Es jueves ya, un día soleado en la capital de la Costa Blanca. Puig se dirige hacia la sede universitaria. Surge un imprevisto, un flash. Alguien de la cúpula socialista ha filtrado la noticia a la emisora de Radio Valencia, de la Cadena Ser: o Echávarri deja el cargo o será expulsado. La noticia apenas está unos minutos publicada. Pero es así. Alicante Plaza lo contrasta a través del vicesecretario general del PSPV, Manuel Mata. Más tarde, Puig lo confirma en otro acto público que tiene con la consellera de Medio Ambiente, Elena Cebrián, aunque con más elegancia. «Se deben asumir responsabilidades», asegura. «Creo que he sido lo bastante explícito», añade ante la insistencia de los periodistas. Lo cierto es que, en ese momento, la maquinaria ya estaba en marcha. El Secretariado del PSPV, el órgano reducido que reúne a la cúpula del partido, ya se ha convocado para el día siguiente, el viernes, y en él se abordará la solución. Comienza una contrarreloj para buscar o escenificar una salida: o inminente, como quieren los antiguos socios de gobierno del PSOE, incluso el entorno del president, o pactada, como quieren los socialistas alicantinos. Para ello, se barajan varias fórmulas.
*Lea el artículo completo en el número 13 de la revista Plaza