Anticorrupción denuncia a los administradores del PP de Valencia por delito electoral

VALENCIA. El magistrado instructor de la operación Taula, Víctor Gómez Saval, ya tiene sobre su mesa la denuncia del fiscal Anticorrupción, Pablo Ponce, contra los administradores generales únicos del PP de Valencia como representantes del partido en las tres últimas campañas electorales municipales, y contra la cajera del PP de Valencia, Mari Carmen García-Fuster, como presunta cooperadora necesaria de un delito electoral cometido a lo largo de las tres últimas campañas electorales de las municipales.

Según fuentes consultadas por Valencia Plaza, el magistrado decidirá si admite a trámite la denuncia a lo largo de esta semana. Las mismas fuentes aseguran que, de admitirse, la citada denuncia pasaría a formar parte de la pieza principal, ya que nada tiene que ver con el blanqueo de capitales.

Aunque la principal investigada por el presunto blanqueo de capitales, la secretaria del Grupo Municipal Popular y mano derecha de la exalcaldesa Rita Barberá, Mari Carmen García-Fuster, sí que tendrá que responder sobre este delito que afecta al grupo municipal.

el fiscal solicitará que se impute a García-Fuster como cooperadora necesaria en la comisión del delito

Según ha podido saber este periódico, el fiscal Anticorrupción ha recogido el guante de Compromís y, tras investigar, solicitará que se impute a García-Fuster como cooperadora necesaria en la comisión del delito. Esta decisión se ha tomado teniendo en cuenta que la cajera del PP fue la persona que manejó cada euro del grupo desde que fue nombrada en 1991.

Además, ella misma declaró que conocía la identidad de la persona a la denominó como “el recaudador” del Grupo Municipal del PP durante más de 20 años. Ese presunto recaudador fue el encargado de ingresar en la cuenta del partido más de 300.000 euros que no tienen justificación.

Dicha cuenta fue bloqueada este mismo lunes por el magistrado instructor. Los investigadores siguen esperando la respuesta del Tribunal de Cuentas sobre si la cuenta pasaba los controles pertinentes, o si como prevén era una cuenta opaca del Partido Popular de la Ciudad de Valencia.

Personas físicas no jurídicas

Por el delito electoral, tal como informó Valencia Plaza, no se puede investigar al Partido Popular como persona jurídica puesto que el nuevo Código Penal aprobado hace apenas un año prevé la imputación de un partido político por la comisión de delitos electorales, sin embargo hasta 2015 no era así. Es más, el delito electoral ni siquiera se regía por el CP sino por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg).

El extesorero del partido Luis Bárcenas no sólo fue designado administrador general único del PP para las elecciones municipales de 2007, sino que a vez fue designado como administrador de la candidatura del PP en la circunscripción electoral de la provincia de Valencia, como quedó acreditado en julio de 2014 cuando el magistrado del TSJ de la Comunitat, José Ceres, incorporó a la rama de la financiación irregular del PPCV dentro de la causa de Gürtel un certificado que acreditaba este extremo.

En España se aplica la irretroactividad de las normas penales y sancionadoras, por tanto, “se aplica el código que más beneficioso le sea al reo”, siempre y cuando hayan cometido los delitos de forma previa al endurecimiento de las penas por parte de legislador. Por ello, jamás se pueden imponer dichas penas debido la citada irretroactividad.

Por tanto, el hecho de que se investigue la comisión de un presunto delito electoral en las campañas de 2007, 2011 y 2015 beneficia sustancialmente al PP como partido, ya que aunque el fiscal quisiera imputarle dicho delito no podría. De hecho, no podría aunque quedara acreditado que lo han cometido.