VALENCIA, (EP). La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha prorrogado seis meses más la investigación abierta contra la exalcaldesa de Valencia y senadora del PP Rita Barberá por presuntas irregularidades en gastos de representación cargados al consistorio entre los años 2011 y 2014.
El ministerio público abrió diligencias de investigación el pasado mes de mayo a raíz de una denuncia interpuesta por Compromís que acompañó de 466 facturas por valor de 278.000 euros y que dio a conocer en la web 'Ritaleaks'.
Entre los "dispendios" publicados en esta página web figuraban una comida con gyn tonics, gazpachos de langostas, ron Caquique, ostras, mariscadas, pacharán, vieiras o "mojama extra". Entre estos gastos, figuraba también 600 euros por una noche en una suite de hotel con 'full crédit', que cubría todos los gastos, "desde masajes hasta la pedicura".
Transcurridos los primeros seis meses de investigación, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido prorrogar la investigación medio año más, han informado a Europa Press fuentes conocedoras de la causa.
La denuncia interpuesta por Compromís se centraba en facturas que podían esconder una presunta financiación irregular del PP, ya que se indicaba que Barberá usó fondos del Ayuntamiento pagar viajes a actos del partido, como asistir a conferencias en Madrid del expresidente del PPCV, Alberto Fabra, o costear el viaje al entierro del fundador de la formación Manuel Fraga, "amigo personal" de la ex primera edil.
De igual modo, se denunciaba el "excesivo gasto" en lo presupuestado y que, además, en 2012 se duplicó por dos, desde los 36.000 euros iniciales a los 64.000, gastos autorizados por la entonces asesora de la exalcaldesa y también hermana. Por último, Compromís alertaba de un posible fraccionamiento de contratos para eludir la ley que obliga a las administraciones públicas a recurrir a concurso público para contratos superiores a 18.000 euros.
Los denunciantes consideraban que estos hechos podían ser constitutivos de varios delitos contra las administraciones públicas, como uno de malversación de fondos públicos; tráfico de influencias en las contrataciones fragmentadas, así como prevaricación por la aprobación de facturas fuera de presupuesto. Algunos de estos delitos están penados con la inhabilitación e, incluso, con la cárcel.
En ese momento, cuando se presentó la denuncia, Compromís también requirió al ministerio público que pidiera todas las facturas desde 2007 para evitar que los delitos hubieran prescrito ya.
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