Anticorrupción se reúne con Blasco y sus abogados en prisión para salvar su acuerdo

VALÈNCIA. La Fiscalía Anticorrupción se reunió este jueves en la prisión de Picassent con el exconseller Rafael Blasco y abogados del resto de encarcelados en el caso Cooperación, entre ellos el encargado de los asuntos penitenciarios del exconseller, Juan Molpeceres, pocos días después del acuerdo alcanzado entre ambas partes y los demás acusados en las piezas dos y tres del caso Cooperación.

Este acuerdo, que incluye rebajas muy sustanciales de las penas de cárcel a cambio de su confesión y facilidades para que Rafael Blasco acceda a permisos penitenciarios –aún le quedan tres años y medio por cumplir– todavía no tiene el apoyo del resto de acusaciones y ha generado un revuelo que compromete su continuidad en los términos actuales.

Tal y como viene contando Valencia Plaza, la Fiscalía pedirá penas de dos años y medio de cárcel para el exconseller de Cooperación y para el empresario César Augusto Tauroni, muy por debajo de los 16 y 22, respectivamente, que les reclamó inicialmente. El resto de acusados, excepto Marc Llinares, se librarían de entrar en prisión porque se les piden penas inferiores a dos años pese a que la Abogacía de la Generalitat calificó su actuación como la de "grupo criminal".

La reunión en la cárcel de Picassent, confirmada a este periódico por Instituciones Penitenciarias, se desarrolló en una sala especialmente habilitada a tal efecto –de gran tamaño y con buena iluminación– y no en los locutorios, espacio habitual de reunión entre los abogados y los reos con capacidad para cuatro personas. A la misma acudió el el fiscal del caso, Vicente Torres, el también fiscal anticorrupción Pablo Ponce, Juan Molpeceres y otros letrados de implicados en el caso.

Se trata de un formato anormal, ya que lo habitual es que los abogados se reúnan con los fiscales tras haberlo hecho con sus clientes en prisión, pero no que los fiscales se vean con los reos y sus abogados en la cárcel.

El encuentro en la prisión de este jueves se produjo en plena agitación tras desvelar este periódico que el acuerdo de conformidad al que han llegado la Fiscalía Anticorrupción y los 24 procesados incluye varias contrapartidas muy beneficiosas para Blasco, como la ya mencionada posibilidad de obtener permisos para salir de la cárcel o rebajar la acusación contra su mujer, Consuelo Císcar, en la pieza del caso IVAM cuya instrucción está más avanzada y por la que se le exige una fianza de 4,1 millones de euros.

Los beneficios alcanzarían también al hijo de Rafael Blasco y Consuelo Ciscar, un joven artista conocido como Rablaci a quien la jueza de Instrucción 21 imputa varios delitos por aprovecharse de la estructura y fondos del IVAM para promocionar su carrera.

El acuerdo fue negociado y cerrado por el fiscal Vicente Torres a principios de la pasada semana y al margen de las otras acusaciones. En los día posteriores, el fiscal ha buscado la adhesión de la Generalitat –que inicialmente pedía 17 años para Blasco y 8 millones de euros de resposabilidad civil– con el pretexto de que permitía la recuperación del dinero presuntamente malversado por el exconseller.

Sin embargo, el pacto no garantiza la reparación efectiva del daño causado en las arcas públicas porque todos los bienes que los principales imputados ponen a disposición están embargados. Llama especialmente la atención el caso del chalet del exconseller en la Barraca de Aigües Vives que Anticorrupción ha aceptado para reducir los años de condena, embargado por el Tribunal de Cuentas. A ello se suma, además, que no se ofrece un desembolso efectivo, sino una promesa de puesta en venta de estos bienes. 

La Coordinadora Valenciana de ONGD, que también ejerce la acusación particular, se ha desmarcado desde el principio de este pacto "inaceptable" porque, además de contemplar rebajas muy sustanciales de la prisión para los principales procesados –Blasco, Tauroni y Marc Llinares– permite eludir la cárcel a los otros 21 procesados pese a que se pedían penas que en algunos casos, por la gravedad de los delitos, llegaban a 7 años y que ahora se quedarían en 4 meses.

Así las cosas, sin haber logrado la adhesión de las otras dos acusaciones para evitar tener que celebrar el juicio, Instituciones Penitenciarias confirmó que el fiscal del caso estuvo este jueves en la cárcel de Picassent reunido en una sala especialmente habilitada al efecto con Rafael Blasco, sus abogados y el fiscal Pablo Ponce, probablemente con el objetivo salvar la conformidad, el acuerdo que evitaría la celebración del juicio.

Preguntada por si en las últimas horas se había producido algún encuentro entre fiscales anticorrupción y acusados en el caso, la fiscal portavoz de la Fiscalía Provincial de Valencia aseguró a Valencia Plaza no tener constancia de ninguna reunión "oficial", sin poder descartar que haya existido algún contacto de otro tipo.

Este periódico intentó recoger también la versión de la Fiscalía General del Estado a través de un portavoz, así como la del letrado que se encarga de tramitar las solicitudes de permisos penitenciarios de Blasco y de defender a Consuelo Císcar en el caso IVAM, Juan Molpeceres.

Este último, a raíz de una información publicada por este diario sobre los pactos cruzados entre los abogados y fiscales presentes en los dos casos –Cooperación e IVAM–, reconoció haber participado en "todas las reuniones" previas al acuerdo de conformidad, pero no si su presencia obedecía a que los permisos fueran materia de negociación: "Es evidente por qué estaba en esa reunión".

Rafael Blasco, que no ha devuelto ni un euro de la responsabilidad civil de la pieza por la que se encuentra en prisión, ha recibido reiteradas negativas a sus solicitudes de permiso por parte de todas las instancias que intervienen en su concesión. Se han opuesto tanto la Junta de tratamiento de Picassent, que aprecia riesgo medio-alto de reincidencia, como la sección de Vigilancia Penitenciaria de la propia Fiscalía, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y la Audiencia Provincial de Valencia, que llegó a revocarle un permiso que inicialmente le había sido concedido.

La Generalitat dio el OK al acuerdo sin la lista de bienes

La visita de Vicente Torres a Rafael Blasco en prisión se produce también poco antes de reunirse con las otras dos acusaciones del caso: la Coordinadora de ONGD y la Abogacía de la Generalitat. Se trata de la primera vez que las tres partes se ven las caras desde que la Fiscalía cerró su acuerdo. Anticorrupción les había informado del mismo, pero por separado.

El propósito de este encuentro de cariz informal es atajar la crisis abierta la trascender los beneficios para los acusados contemplados en el acuerdo. Las partes se habían emplazado a este jueves, pero el encuentro se pospuso un día.

A medida que se han trascendido las prebendas del acuerdo, la Abogacía de la Generalitat ha ido marcando distancia con el mismo. Cuando Anticorrupción le expuso "verbalmente" los términos de la conformidad, la Generalitat se mostró partidaria porque supuestamente permitía reparar una parte del daño económico causado.

De hecho, hace justo una semana, la portavoz del Consell, Mónica Oltra, subrayó que el principal objetivo de la personación de la Generalitat en esta y otras causas de corrupción, por encima de las penas que vayan asociadas a los delitos, es "recuperar el dinero robado".

Según explicó un portavoz del Consell, cuando posteriormente se les permitió acceder a un "borrador" del pacto, se comprobó que la lista de bienes que el exconseller y el resto de acusados se ofrecían a vender estaban todos embargados.

La postura de la Abogacía de la Generalitat ahora es la de no apoyar ninguna conformidad que no implique recuperar el dinero de la responsabilidad civil, fijado por la propia Abogacía en 5 millones más otros 3 por "daños morales".