Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude. Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA (EFE). La Agencia Valenciana Antifraude no ha encontrado irregularidades en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos de la empresa pública Divalterra, y se ha sorprendido de que una vez finalizado el procedimiento se haya "cuestionado todo desde dentro de la propia empresa".
Así lo ha asegurado el director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana, Joan Llinares, tras la entrega de la Memoria de Actividad de 2020 a la Mesa de Les Corts Valencianes.
En declaraciones a los periodistas, ha explicado que la Agencia Antifraude tuvo que analizar el proceso de selección de este cargo, y no encontró irregularidades.
Por ello, le sorprende que una vez acabado el procedimiento, "se cuestionara todo desde dentro de la propia empresa", pues, a su juicio, "es un tanto extraño que una entidad vaya contra sus propios actos y diga ahora: 'lo hemos hecho todo mal'".
Esto puede coincidir, según ha dicho, con que la persona que ha salido del procedimiento de selección "no fuera la que se quería", y aunque ha reconocido que ha habido "tensiones", ha señalado que una vez realizado el trabajo, "cada uno tiene que asumir sus responsabilidades".
El director jurídico de Divalterra, José Luis Vera, cuestionó en un duro informe la intervención de Antifraude en el conflicto interno -lo hizo a petición de la mesa de contratación-, pero el citado informe fue rechazado hasta tres veces por el Consejo de Administración de la empresa pública.
Llinares también ha confirmado, como desveló Valencia Plaza, que la Agencia Valenciana Antifraude reanudó la investigación sobre los sobresueldos de concejales del Ayuntamiento de València durante la pasada legislatura (2015-2019) tras pasar por Fiscalía a raíz de la denuncia de "una tercera persona".
Se trata del cobro de 772.000 euros en sobresueldos de diez concejales del PSPV, Compromís y València en Comú en el anterior mandato. En concreto, se investiga si los ediles se fijaron un complemento de 25.000 euros al año para cobrar el mismo sueldo que uno con dedicación exclusiva.
Llinares ha recordado que este caso entró en Antifraude en 2019, cuando también "una tercera persona presentó la misma denuncia en Fiscalía" y esto obliga a paralizar las diligencias de la agencia.
Ahora, "cuando Fiscalía o el Juzgado de Instrucción comunica que se ha archivado o que no hay caso penal", Antifraude ha reanudado la investigación. "El expediente está en marcha y cuando se acabe el análisis y la investigación se sabrán los resultados", ha zanjado el director.
Este lunes, el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), aseguró que la decisión que llevó a aplicar en sus nóminas un complemento se hizo "legalmente" y "con el visto bueno de la Intervención" municipal, además de recordar que "nadie dijo absolutamente nada: ni el PP ni Ciudadanos".
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
