Imagen del pleno de la Diputación de este mesEl Consejo de Administración aplaza la votación sobre si revoca la contratación de la nueva jefa de Recursos Humanos en una reunión con momentos de tensión que no deja claros los equilibrios; el representante de Ciudadanos, denunciante del caso Alquería, dimite del cargo
VALÈNCIA. La situación que se vive en el seno de Divalterra se complica con el paso de los días y la Diputación de Valencia busca ahora tomar el control de la empresa pública en mitad de una nueva polémica. Fuentes de la corporación provincial señalan que el responsable de la firma, el diputado socialista Ramiro Rivera, instará de manera urgente a convocar la Junta General (el pleno de la Diputación que preside Toni Gaspar) para que "adopte las medidas necesarias" dirigidas a "permitir la adecuada operatividad de la empresa y sus trabajadores". ¿El motivo? La "imposibilidad por parte del Consejo de Administración", señalan las mismas fuentes, de "resolver aspectos importantes". Una "inoperatividad", añaden, que se ha "agravado" tras la dimisión de algunos consejeros –como el de Ciudadanos, Jorge Ochando, este mismo jueves–.
Fuentes de la Diputación aluden a "la imposibilidad por parte del Consejo de Administración de resolver aspectos importantes", lo que se ha "agravado" tras la dimisión de algunos miembros
Este planteamiento supone, en definitiva, que el pleno de la corporación provincial –donde cuentan con mayoría PSPV y Compromís– pueda pasar a asumir el mando de la empresa, dado que tiene potestad para, por ejemplo, cesar a todo el Consejo o nombrar a nuevos representantes. A la espera queda ver en qué se concretará.
La reacción resulta de importancia por el momento en el que se produce y dados los acontecimientos recientes –incluyendo los de este jueves–. La nueva polémica se desató cuando el presidente de Divalterra ordenó suspender a mediados de enero el nombramiento de la vencedora del proceso –elegida por el tribunal– después de que el aspirante que quedó en segundo lugar presentara un recurso. El gerente, sin embargo, no obedeció la orden y procedió a la contratación al entender que todo se había realizado correctamente.
A partir de ese momento, el jefe jurídico, José Luis Vera, inició una investigación interna mientras la Agencia Antifraude abría otra tras recibir una denuncia desde el propio tribunal por todos los movimientos para revocar el proceso, que muchas voces de la empresa pública consideraban injustificados.
A raíz de ello, elaboró dos informes en su condición de, además de director jurídico, responsable de riesgos penales (atribución que pasó a ostentar pese a que se aprobó la convocatoria pública del cargo). En uno resuelve el recurso presentado por el candidato José Fambuena, lo estima parcialmente y rechaza las alegaciones de la ganadora, Eugenia Fernández. Igualmente, propone que el tribunal, que hace escasos días se ratificó en su decisión, realice una nueva valoración de los méritos de Fernández.
En el otro documento, enumera más de una decena de irregularidades que considera que han existido en el proceso de selección de la nueva jefa de RRHH de la empresa pública. Concluye, de este modo, que procede anularlo todo: las bases, el mismo procedimiento y el contrato al haberse realizado, asegura, en fraude de ley. Un pronunciamiento que llega siete meses después de la convocatoria, cuya publicación, junto a la de las bases y la de conformación del tribunal evaluador, tuvo lugar el pasado 17 de julio sin que ningún aspirante las impugnara. Tampoco Vera, que no intervino hasta después de conocerse quién era la ganadora.
Con el tribunal reafirmado en su decisión y los informes del director jurídico emitidos, el siguiente paso era que éstos pasaran por el Consejo de Administración, lo que tuvo lugar este jueves en una reunión que contó con ciertos momentos de tensión, según fuentes de la Diputación de Valencia, ante la diferencia de opiniones sobre la manera en la que se está desarrollando el asunto y cómo ha trascendido a los medios de comunicación.
EL ENCUENTRO CONTÓ CON CIERTOS MOMENTOS DE TENSIÓN, SEGÚN FUENTES DE LA DIPUTACIÓN, ANTE LA DIFERENCIA DE OPINIONES
El presidente de la empresa comunicó que se dejaba en el aire tanto las conclusiones sobre la anulación de todo el proceso de selección de la nueva jefa de RRHH como la votación –algo que generó reticencias entre algunos miembros–, cuyo resultado es incierto puesto que no quedó claro si los equilibrios se podían decantar hacia la revocación de la contratación de la ganadora. Entre otros motivos, por diversas ausencias en la reunión y nombramientos de representantes todavía pendientes.
Tras la cita sin pronunciamiento, el presidente de la empresa pública emplazó a un nuevo consejo extraordinario a la mayor brevedad posible para acabar de resolver la cuestión. Pero el encuentro deparó una sorpresa final: la dimisión del consejero de Ciudadanos, Jorge Ochando, también denunciante del caso Alquería por el que el juez acaba de abrir juicio oral al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos de PSPV y Compromís por supuestas contrataciones ilegales en Divalterra. Desde el grupo señalan que su marcha se debe exclusivamente a motivos personales y que nada tiene que ver ni con Alquería ni con la polémica de RRHH. Aun así, el momento escogido para la salida no deja de resultar llamativo.
Después de todo ello, se convocó la Junta General de la empresa pública para el próximo martes, cuyo orden del día inicial era el de cubrir diversos puestos del Consejo de Administración en los que se tiene que producir un relevo. Son los casos de Jorge Ochando, de Carlos Gil (diputado del PP que ha pasado al grupo de no adscritos tras ser procesado por posible violencia machista), de Emili Altur (Compromís) y de Javier Cuenca (exjefe de la unidad de preselección de la Diputación de Valencia que desde diciembre ocupa la jefatura de la Inspección General de Servicios de la Generalitat).
Las intenciones de tomar el control de Divalterra, sin embargo, pueden acabar por alterar el mencionado orden del día. Dado que el Consejo está formado por nueve miembros y cuatro de ellos o han dimitido o han de ser sustituidos, el peso de estos últimos parece evidentemente relevante. Si lo que ocurra en la Junta del martes supone un vuelco en la gestión de la empresa pública en mitad del escándalo de RRHH y las dimisiones habrá que esperar para comprobarlo.
