Foto: JOSÉ CUÉLLAR/CORTSVALÈNCIA (EP). La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recibió un total de 556 denuncias durante el año pasado, lo que supone un aumento del 22,73% respecto a 2022, y permitió recuperar un total de 5.145.193 euros. El 40% de las denuncias versaron sobre recursos humanos, principalmente en relación a procesos selectivos.
Así lo recoge la memoria anual del organismo, entregada este martes en Les Corts por su director, Joan Llinares, a la presidenta de la cámara autonómica, Llanos Massó, en un acto con representantes de la Mesa y de los cuatro grupos parlamentarios.
Durante 2023, AVAF finalizó 456 expedientes, lo que representa un incremento del 37% con respecto al año anterior. En la fase de análisis se dictaron 392 resoluciones de terminación con 153 archivos, 175 inadmisiones y 64 acuerdos de inicio de investigación, mientras en la fase de investigación se emitieron 65 resoluciones finales que cerraron 93 expedientes.
Actualmente no existe ningún expediente de antes de 2022 en fase de análisis y ya no quedan pendientes de 2017 y 2018. En la memoria se destaca la complejidad de las investigaciones; por ejemplo, una de las finalizadas en 2023 afectó a 26 municipios con más de 80 personas implicadas.
El importe del dinero recuperable gracias a AVAF ascendió a 5.145.193 euros el año pasado. El coste real ejecutado de la agencia fue de 3.818.569 euros por lo que la ratio de retorno económico es del 134,74%. los siete años en funcionamiento del organismo se han recuperado más de 34 millones de euros.
Como balance, en 2023 hubo más entidades que incumplieron las recomendaciones de Antifraude, pero al mismo tiempo aumentaron las que iniciaron expedientes de recuperación en cumplimiento de sus recomendaciones. En total se dictaron 21 resoluciones de incumplimiento, con 22 administraciones y entes públicos afectados, referidas a 25 expedientes.
Las administraciones que no aceptaron las recomendaciones fueron los ayuntamientos de Albal, Alcoi, Alicante, Aras de los Olmos, Benidorm, Borriana, Callosa de Segura, Canet d'en Berenguer, Castelló de Rugat, Chiva, Cortes de Pallás, Elche, Foios, Godella, Rojales, Tous, Turís, València, Vilamarxant (19), Mancomunitat del Carraixet, Divalterra (Diputación de Valencia y Consorcio Valencia Interior.
Entre las denuncias recibidas, el 56% (309) hacían referencia a la administración municipal, seguida en un 12% (66) por la Generalitat y en otro 12% (65) por el sector privado. Según el canal, el 89% (497) de las denuncias se presentaron a través del buzón de denuncias (+2%). Por provincias, el 52% (287) de las denuncias se realizaron en Valencia, el 26% (147) en Alicante, el 8% (47) en Castellón y el 13% (75) en el ámbito de la Comunitat Valenciana.
La temática predominante de las denuncias fue la gestión de recursos humanos, con un 40% de las denuncias (221), y dentro de ella los procedimientos selectivos con 151 denuncias. En segundo lugar, la contratación pública y el urbanismo al suponer cada ámbito el 11% de las denuncias (63 cada uno).
Respecto a los denunciantes, el 57% de las denuncias de 2023 se presentaron de forma anónima (317). El 36% por personas físicas (198), ya sean particulares (16%), empleados públicos (7%) o cargos públicos (4%), y el 7% por personas jurídicas como asociaciones y ONG (25).
Por género, el 29% de las denuncias fueron presentadas por mujeres, hasta un total de 56, frente a las 139 de hombres (71%). El año anterior, las denuncias presentadas por mujeres representaron el 18% y las de hombres el 82%.
En cuanto a la protección de denunciantes, AVAF realizó en 2023 un total de 128 asesoramientos, aunque solo 21 personas solicitaron el estatuto de protección y este se concedió en seis casos. En sus siete años se ha otorgado en 35 ocasiones.
Por administraciones, el 51% de las afectadas por las denuncias son ayuntamientos (18), el 20% sociedades mercantiles de la administración local (7), el 11% la Generalitat (4), el 5% empresas contratistas de la Generalitat (2) y el 2% fundaciones de la Generalitat, corporaciones de derecho público, diputación y sector público.
Por provincias, el 48% están en Valencia (17), el 42% en Alicante (15) y el 8% en Castellón (3). Por género, el 68% de las personas protegidas son hombres (24), el 28% mujeres (10) y el 2% jurídicas. En cuanto a su condición laboral, el 51% son funcionarios de carrera (18), el 20% personal de sociedades mercantiles y entes locales (7) y el resto funcionarios interinos, personal laboral y otros.
Entre las materias que les llevaron a solicitar el estatuto de persona denunciante, el 42% afecta a la contratación pública (15), el 22% al acceso a la función pública y selección de personal (8) y el 17% a la gestión de personal (provisión, retribuciones...). El resto son temáticas de policía local, urbanismo, servicios sociales o salud.
Según la memoria, a pesar de que se denuncia más sobre gestión de recursos humanos, las represalias suelen ser más frecuentes para las personas que denuncian sobre cuestiones relacionadas con la contratación pública.
En materia de colaboración con la justicia, AVAF aceptó en 2023 la designación como perito judicial en ocho procedimientos judiciales que suman un total de 31 en siete años. El año pasado también se entregaron cinco informes de auxilio judicial y se realizó la exposición y testificación en juicio oral en dos procedimientos.
De las investigaciones iniciadas durante 2023 se trasladaron 12 expedientes a otros órganos: seis a órganos administrativos (Inspección de Trabajo y la Agencia Tributaria), cuatro a órganos judiciales (Fiscalía y juzgados) y dos al Tribunal de Cuentas.
En ciberseguridad, el año pasado se detectaron y bloquearon un total de 13.221 intentos y actividades maliciosas contra los sistemas de información de AVAF.
Por otro lado, el organismo fue invitado por el grupo de expertos de la Comisión Europea para explicar el funcionamiento de su buzón de denuncias. También firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado y formó a la 61 promoción de acceso a la carrera fiscal.
Por primera vez en 2023, Antifraude organizó un curso propio con homologación del Instituto Valenciano de Administración Pública (IVAP) que tuvo dos ediciones y en el que participaron 160 personas de 74 administraciones públicas de la Comunitat.
El portavoz de Hacienda del PSPV-PSOE en las Corts Valencianes, José Díaz, asegura que Mazón se dispuso a modificar la ley de Antifraude porque "se le ocurrió un plan mejor que eliminar la Agencia: dirigirla desde dentro para usarla a su antojo"
