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El juez no ve indicios de delito

Archivada la denuncia por los contratos de Sanidad con Over Marketing en época de Serafín Castellano

Foto: EVA MÁÑEZ

El magistrado archiva la causa a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras no encontrar suficientes pruebas para imputar a dos ex altos cargos de Sanidad y dos empresarios

30/03/2016 - 

VALENCIA. El juzgado de Instrucción número 3 de Valencia ha decidido archivar la investigación por posible malversación en contratos firmados entre los años 2001 y 2006 por la Conselleria de Sanidad con la empresa Over Marketing, dirigida por Daniel Mercado, que es uno de los principales investigados en el caso Palma Arena tras haber reconocido la presunta financiación ilegal del PP balear.

Según ha podido saber Valencia Plaza de fuentes de toda solvencia, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el archivo ante la falta de pruebas para procesar a Roberto Roig y Eloy Jiménez, ex secretario general y ex director general de Recursos Humanos de la Conselleria de sanidad, respectivamente, por varias contrataciones firmadas entre el 2001 y 2006 con Over Marketing. El magistrado ha procedido al archivo temporal de la causa tras mantener la misma tesis que el fiscal.

Del proceso también han salido indemnes los dos consellers de Sanidad de ese período, Serafín Castellano (2000-2003) y Vicente Rambla (2003-2006), como responsables en la época que se firmaron los contratos presuntamente amañados. Ambos fueron investigados, aunque no llegaron a ser imputados.

La querella fue presentada en 2014 por la Asociación contra la Corrupción en la Comunidad Valenciana  por presuntos  delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación. Esta asociación, además de a Roig y a Jiménez, también denunció a los empresarios Daniel Mercado y Juan José Prados del Pino.

La denuncia

Tanto la Fiscalía Anticorrupción como el juzgado de Instrucción número 3 han investigado dos contratos por valor de 3 millones de euros. El primero de dichos contratos era una adjudicación por 2,1 millones de euros de 2002 que tenía como objeto la ejecución de una campaña publicitaria. Por otro lado también se investigó la campaña para "el uso racional del medicamento" del año 2005, que costó 832.000 euros.

Según la querella, el contrato de 2,1 millones tenía una cláusula que especificaba que se necesitaba una copia de la factura para cobrar. Sin embargo, en el expediente no constaba que se hubiera aportado pero sí se había abonado, según los querellantes.

La querella se presentó tras saberse que el empresario balear Daniel Mercado había reconocido ante el juez Castro, instructor del caso Nóos, que se amañaron contratos en Baleares, la Comunitat Valenciana, Madrid y Castilla León que beneficiaron a sus empresas y que ayudaron, entre otras cosas, a presuntamente financiar irregularmente al PP balear.

En su día, Mercado aseveró ante Castro que se "utilizaban los contratos negociados y sin publicidad para amañar los contratos a los que su empresa, de publicidad y eventos, se llevaba de los diferentes gobiernos del PP en varias provincias españolas".

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