GANDIA. La sección segunda de la Audiencia de Valencia ya ha señalado las sesiones del que será el juicio del caso de Tele 7, que investiga las ayudas económicas que concedió Arturo Torró, por entonces alcalde de Gandia, al poco de cerrar la televisión pública de Gandia a dos televisiones privadas de la ciudad y que, supuestamente, una de ellas era de su entorno. Se trata de la última cuenta pendiente del exalcalde de Gandia por el Partido Popular con la Justicia y por la que, definitivamente, se sentará en el banquillo para dar explicaciones.
El juicio arrancará el próximo día 12 de diciembre y se extenderá hasta el 21 de ese mes. Así, a lo largo de siete jornadas se abordará el sistema arbitrado por el gobierno del Partido Popular para dar una subvención pública a dos televisiones privadas a través de la ya extinta empresa pública de Gandia Iniciatives Publiques de Gandia (IPG). Concretamente, las beneficiarias de la adjudicación —y únicas en presentarse— fueron Comarques Centrals Televisió e Inversiones Especiales del Mediterráneo (Tele 7), que recibieron un total de 7 millones de euros entre las dos.
Un juicio que se inicia más de un año después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Gandia, tras el pronunciamiento favorable del Ministerio Fiscal, solicitara la apertura de Juicio Oral ante la Audiencia Provincial contra el exalcalde de Gandia Arturo Torró y Ricardo Manuel Faura, quien fuera el administrador de la mercantil Comarques Centrals Televisió, con sede en Xàtiva y propiedad de un empresario cercano al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus. Tanto a Arturo Torró como a Ricardo Manuel Faura se les atribuyen presuntos delitos de malversación de caudales públicos y fraude en la contratación pública.
Delitos por lo que la Fiscalía pide una pena de ocho años de prisión y la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de codena (artículo 56 del Código Penal) y la inhabilitación absoluta durante veinte años. Igualmente, solicita que ambos abonen al Ayuntamiento de Gandia 480.000 euros (más intereses legales) por “el perjuicio causado a las arcas públicas del consistorio” y que abonen las costas procesales.
Además de contra Torró y Ricardo Manuel Faura, la acusación también se dirige contra Javier Reig (vicepresidente de Iniciatives Públiques de Gandia y exconcejal); Antonio Abad (concejal del PP antes y ahora); el gerente de Inversiones Especiales del Mediterráneo José Vicente Codina, el que fuera director de Tele 7, Josep Lluís Giménez y Cristina Serrano, entonces jefa del Área Económica del Ayuntamiento de Gandia. Igualmente, figura Comarques Centrals Televisió como responsable civil subsidiario.
En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado estableció el ingreso de una fianza de Responsabilidad Civil, que deberán prestar conjunta y solidariamente los acusados, y que fijó en 4.020.000 euros. Además de una responsabilidad civil subsidiaria de la mercantil Comarques Centrals Televisió S.L de 480.000 euros.
Por otra parte, entre las personas citadas como testigos en este proceso está el actual portavoz del Grupo Municipal Popular y presidente del Partido Popular en Gandia, Víctor Soler, quien fue concejal durante la legislatura de 2011-2015 con Arturo Torró como alcalde.
Las penas que pide la acusación particular son más elevadas pues para Arturo Torró pide catorce años por fraude a la administración, malversación de caudales públicos y delito de prevaricación administrativa. Misma cuantía para los concejales Francisco Javier Reig Garrigues por los delitos de malversación de caudales públicos y delito de prevaricación administrativa y para Antonio Abad por fraude a la Administración y delito de prevaricación administrativa. Asimismo, la Acusación particular también solicita catorce años por los delitos de malversación de caudales públicos y fraude a los administradores de las televisiones: José Vicente Codina (Inversiones Especiales del Mediterráneo) y Ricardo Manuel Faura (Comarques Centrals SL) y a Josep Lluís Giménez Estruch, en calidad de legal representante de Inversiones Especiales del Mediterráneo.
Además, solicita que los acusados indemnicen, conjunta y solidariamente, al Ayuntamiento de Gandia (como perjudicado y sucesor de la mercantil IPG) las cantidades pagadas de forma fraudulenta. Esto hace una cantidad de 4 millones de euros, según su escrito de acusación.
Los hechos por los que se juzga a Arturo Torró y a Ricardo Manuel Faura se remontan a julio de 2011, con el cierre de Gandia TV, la emisora municipal con más de veinte años de emisiones, y cuando meses después Iniciatives Publiques de Gandia (IPG) recibió una encomienda de gestión del Ayuntamiento de Gandia para la realización de las actividades de comunicación.
Así, en 2012 IPG adjudicó dos contratos de prestación de servicios públicos de comunicación audiovisual televisiva a dos mercantiles: Comarques Centrals Televisió S.L e Inversiones Especiales del Mediterráneo S. L (Tele 7). El contrato estipulaba que cada una de las empresas iba a recibir 1.750.000 a cambio de realizar "producciones audiovisuales y retransmisiones de interés general para la ciudad”. Una prórroga del contrato otorgado por tres años, elevó la cuantía de la concesión a cuatro millones de euros más, elevando el importe a más de siete millones entre las dos beneficiarias.
Cabe recordar que Ricardo Manuel Faura firmó un contrato con el alcalde de Gandia, por el cual asumía la exigencia de Arturo Torró de "no emitir programación de carácter político de la ciudad de Gandia" y que, en todo caso, tendría que consensuar con el ayuntamiento la programación de temática política a emitir”. Dicho contrato, firmado en 2012, fue rescindido en febrero de 2013, por lo que el Ayuntamiento de Gandia acabó pagando a Comarques Centrals Televisió S.L casi 500.000 euros por dejar de emitir (dos pagos de 50.000 y cinco de 80.000).
Entre otros aspectos, Arturo Torró deberá aclarar ante la juez la titularidad y el contrato con Inversiones Especiales del Mediterráneo S. L (Tele 7) pues según se puede leer en la querella presentada por el Partido Socialista y en el escrito de acusación particular, “hay indicios de que en esa sociedad participada Arturo Torró, a través de terceras personas, tanto físicas como jurídicas, a las que utilizaba como testaferros a modo de parapeto con el fin de ocultar que detrás de la referida mercantil estaba su persona”. Según la documentación hallada y entregada al juez, se trataría de José Codina, hombre de confianza del ex alcalde de Gandia y quién fue el administrador único de Inversiones Especiales del Mediterráneo. De hecho, durante diez años fue gerente de la cooperativa del Centro Histórico cuando Torró era presidente de ésta.
Una investigación por la que en febrero de 2016 y coincidiendo con la resolución favorable del pleito que mantenía por las preferentes de Bankia, Arturo Torró dejó su acta de concejal. Un paso atrás de la política que se confirmó con su anuncio de dejar la presencia del Partido Popular, propiciado por la presión de Isabel Bonig, por entonces la presidenta del Partido Popular en Valencia, al ver las distintas causas judiciales en las que Torró estaba inmerso: Operación Aplauso y Caso Púnica.