Una de las reuniones de negociación. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El documento relativo a la hoja de ruta política del Botànic II que debe firmarse este martes -si es que finalmente hay acuerdo- circulaba ya en la tarde noche de ayer especialmente entre los afiliados de Podemos, que tenían que decidir por voto telemático si dan luz verde a sus dirigentes para respaldar este acuerdo a través de dos preguntas: si los inscritos de la formación morada son favorables a apoyar la investidura de Ximo Puig si este pacto se confirma y si son partidarios de que Podemos se integre en el Gobierno valenciano.
Más allá de la respuesta, el documento viene a mostrar, a falta de los retoques finales que puedan producirse, las líneas maestras del Pacto del Botánico que se firmará este martes. En él, se puede apreciar cómo se han abordado alguna de las cuestiones conflictivas que han estado presentes en la negociación.
Una de ellas es la gestión de las ITV, que para Compromís deben revertirse bajo el mandato público. Así, el enunciado dice lo siguiente: "Ante la finalización de la concesión en la próxima legislatura, trabajaremos para retornar a la gestión pública directa el servició de las Inspección Técnicas de Vehículos (ITV), con total prioridad de salvaguardar la seguridad viaria en las carreteras valencianas, la mejora en la calidad del servicio, la rebaja de las tarifas para las personas usuarias y una gestión transparente y eficiente".
Ahora bien, si ha habido un punto de fricción en la negociación del 'qué' -programa- ese ha sido el apartado referido a la fiscalidad y, por tanto, de las tasas que tanto Unides Podem como Compromís querían implantar. De los cuatro impuestos -turístico, viviendas vacías, bebidas azucaradas y residuos- que los morados reclamaban incorporar en el documento, podría concluirse que solo dos de ellos han quedado nítidamente reflejados como tal en el texto.
La tasa a las bebidas azucaradas, salvo retoques de última hora, quedó así: "Promoveremos una alimentación saludable y estableceremos medidas que desincentiven el consumo de bebidas azucaradas destinando estos recursos a mejorar la atención primarias en la salid y abrir equipamientos deportivos del plan valenciano de barrios". Esto es, no queda reflejada la obligatoriedad de implantar una tasa como reclamaron en la legislatura pasada y como habían venido defendiendo en campaña electoral, pues el hecho de "implantar medidas dirigidas a desincentivar el consumo de bebidas azucaradas" no conlleva necesariamente la puesta en marcha de este nuevo gravamen. La palabra impuesto, tributo o tasa no aparece en este apartado.
Por su parte, la tasa turística ni siquiera aparece en el texto. No ha ocurrido lo mismo con el impuesto a las viviendas vacías. En el artículo 14.e del tercer eje del nuevo pacto referido a servicios públicos, el Botànic II se compromete a "gravar a los grandes propietarios de viviendas vacías, especialmente a las entidades financieras e inmobiliarias que las mantengan vacías por un tiempo determinado sin causa justificada". Un redactado que, si bien queda bastante abierto a la interpretación dado que no estipula ningún plazo ni forma de gravar a esos propietarios, sí marca de alguna manera la intención de que se pague este tipo de impuesto como ya sucede en Cataluña.
Respecto a la tasa de residuos -puesta en marcha en la legislatura pasada a través de la Ley de Acompañamiento de 2018-, PSPV, Compromís y Unides Podem se comprometen en este documento a "avanzar en medidas fiscales que desincentiven la quema de residuos de ciclo abierto, la eliminación a través de los vertederos y el flujo de residuos más contaminantes". Sin embargo, no llegan a definir lo que implica "avanzar en medidas fiscales" o si ello supondría aumentar los distintos tramos del impuesto a los residuos ya aprobado, tal y como pretendía Podem en la Ley de Economía Circular y Residuos que quedó pendiente de validar por el adelanto electoral.
A lo largo de la campaña electoral una de las promesas de Compromís iba dirigida a gestionar de forma pública los comedores escolares. En el documento, el punto dedicado a esta cuestión queda de la siguiente manera: "Aumentaremos de manera progresiva el número de estudiantes con comedores gratuitos durante la legislatura, con un proyecto integral como espacio de socialización en igualdad, donde se fomente una alimentación saludable, sostenible y de proximidad que, además, potencie el producto de proximidad y ecológico".
El Sistema de Depósito Devolución y Retorno de envases (SDDR) no aparece como tal sino que se encuentra dentro del Plan Integral de Residuos (PIR). "Impulsaremos una Ley por la Economía Circular, que integre los principios de Economía Circular de la UE. Impulsaremos el cumplimiento del recién aprobado Plan Integral de Residuos (PIR)", reza un punto del documento. Una norma, la de Economía Circular, que en el trámite de negociación en Les Corts durante la legislatura pasada dejó fuera el SDDR por las enmiendas que presentaron PSPV y Compromís. La ley no logró aprobarse por el adelanto electoral y ahora volverá a presentarse a expensas de conocer cómo quedará reflejado el sistema de retorno de envases.
