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pobreza energética

Así viven los olvidados por la recuperación

Para algunos, lo peor de la crisis ya ha pasado; otros siguen anclados en ella. Según un estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales, mueren seis veces más personas por pobreza energética que por accidentes de tráfico

12/02/2018 - 

VALÈNCIA.- El 23% de la población de la Comunitat la sufre. Como el mal silencioso que estalla ante nuestras consciencias durante los meses de frío pero que acarrea consecuencias duras y a largo plazo. Enfermedades físicas y emocionales que se ceban con los más vulnerables, especialmente niños, mujeres y personas mayores, y que tienen responsables directos no solo en factores internos sino externos. Una subida del precio de la luz desorbitada en los últimos años, un sistema de viviendas mal acondicionadas y una percepción social y política de que no pasar frío es todavía una cuestión de poder y no de derecho. Es pobreza a secas, dicen algunos. Quienes la padecen les contestan que sí, pero que tiene causantes y un apellido. Energética. 

Refresca en la terraza de la cafetería de la estación de tren de Godella. Conforme avanza la tarde, el frío y la humedad va calando en los huesos a pesar de que el temporal de lluvia y viento ha escampado hace ya algunos días. En la mesa, Miguel se termina el cortado que ha pedido. Le acompaña su perro. Ni rastro de los seis compañeros que en un principio iban a estar en la entrevista. «No es fácil dar la cara cuando vives en un sitio pequeño. Temes que te vayan a reconocer y a asociar con personas morosas. Es un estigma que recae sobre deudores de buena voluntad que no pagan porque no pueden», comenta con el último sorbo disponiéndose a ir hacia su casa.

Una vez dentro, las manos entumecidas se siguen protegiendo en las mangas de la chaqueta a cuadros que, bien entrada la tarde y la noche, Miguel seguirá vistiendo en el interior del piso. El invierno valenciano es sigiloso. Húmedo como pocos, pernicioso para la salud. Doloroso para quien lo sufre sin poder hacerle frente en igualdad de condiciones. 

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Miguel Ballesteros tiene 53 años. A lo largo de su vida profesional ha sido dueño de tres empresas. Con el arranque de la crisis, el trabajo se fue al garete y aparecieron las dificultades para pagar las necesidades básicas, entre ellas encender un radiador o ducharse con agua caliente. En 2014 consiguió una renta básica a golpe de huelga de hambre que fue solo una solución temporal porque las ayudas se terminan, pero para Miguel supuso un punto de inflexión consigo mismo. «Somos una gran bolsa de personas que vivimos esta situación de mierda, y veo difícil que vayamos a salir de aquí. La alternativa es pelear, o cerrar la puerta sintiéndote un fracasado e intentar hacer como que no ocurre nada para que la gente piense que no estás pasando por lo que estás pasando. Yo he elegido la primera opción», indica.

Desde entonces, Miguel es un interlocutor clave en materia de reivindicaciones respecto de la situación de la pobreza energética. Primero lo fue con la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de València, llegando a participar en la concepción de la Ley de la Vivienda y la de Pobreza Energética, ahora recurridas por el Gobierno central, y hoy como coordinador del grupo de afectados de su localidad, donde solo en su grupo de WhatsApp son 35. A pesar de los años de reivindicaciones, «para mí como para muchos, esto es algo estructural, un lastre de vida», dice. Un lastre que afecta a familias y a personas solas, con una edad que dificulta volver a reincorporarse a las exigencias del mercado laboral. Gente como Miguel. 

Cifras de escándalo

Se calcula que 5,1 millones de personas en España, un 11% de los hogares, no tienen posibilidades de mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante la estación fría; es decir, son pobres energéticos. Son las cifras del último informe de la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA), que maneja datos del Instituto Nacional de Estadística junto con indicadores propios que han permitido establecer factores coyunturales y estructurales para seguir la evolución de la pobreza energética.

Este estudio apunta que más de cuatro millones de ciudadanos en España no pueden llevar al día las facturas de gas o electricidad, mientras que son casi siete millones (un 15% de hogares) los que dedican más del 10% de sus ingresos familiares al pago de las mismas, dos veces más que la media, y el 21% (12 millones de personas), una vez descontados sus gastos de energía y vivienda se encuentran por debajo de la renta mínima de inserción (el 23% en el caso valenciano).

A finales de 2016, la Universitat Politècnica de València (UPV) realizó un estudio que dibujaba el mapa de situación en la capital y en diecinueve distritos de la misma a través de indicadores similares a los de ACA, pero también con más de 600 encuestas propias. Además de la crisis económica que ha golpeado con especial dureza a la Comunitat, la investigación apunta claros factores externos como causantes de la pobreza energética: un desorbitado incremento de los costes energéticos, cuyos precios han subido más de un 73% desde el año 2008, bajos ingresos familiares con los que no pueden hacer frente a las facturas, y especialmente en la Comunitat, viviendas mal acondicionadas, con aislamiento deficiente, que conllevan un mayor gasto energético para calentarlas. 

Victoria Pellicer Sifres trabajó en la realización de este estudio. Es investigadora de la UPV y el CSIC, y uno de los referentes académicos en materia de pobreza energética. «Vimos perfiles claramente identificados con consecuencias muy serias sobre su salud física y mental. En primer lugar, la porción de afectados que sufre una situación de pobreza multidimensional, o que ya estaban en situación de exclusión; pero también un importante grupo de gente de clase media que de pronto se ha quedado sin trabajo. Muchos de ellos han vuelto a casa de sus padres y de pronto se encuentran en un hogar con seis miembros donde la pensión de los abuelos es sustento principal, o personas extranjeras sin una red social fuerte, que con la crisis ven agravada su situación», señala. 

Entre las consecuencias que apunta el estudio están las que sufren los más vulnerables. Niños que no descansan bien por el frío, que no pueden estudiar por falta de luz o que viven con temor a un corte de suministro. Mujeres, como las grandes afectadas emocionales que soportan la carga del hogar, hombres de mediana edad que se han quedado solos, y miles de afectados por bronquitis, asma, pero también depresión, ansiedad, soledad, miedo o vergüenza. 

¿Cuestión de ley o caridad?

Son síntomas de sobra conocidos entre los que comparten lucha en el grupo de afectados de la PAH en Alaquàs. En la entrevista a la que han decidido acudir en bloque dejando atrás los estigmas sociales falta un compañero. Hace unos días la depresión le llevó a intentar lo peor. «Por suerte, no lo consiguió», señalan.

Tomás Cobos tiene un taller de carpintería. Es autónomo y cada mes se encuentra con verdaderos problemas para pagar la factura de electricidad de su taller. Ocurre un mes sí y otro también porque España en eso del gasto energético profesional es también de los países más caros de la Unión Europea. Manuel López llega tarde a su revisión médica. Vive solo con su hija y espera de un día para otro el corte del suministro. Tiene una incapacidad reconocida y una pensión de algo más de 400 euros que le hace enfrentarse a diario a la elección de comer o pagar la factura. «Cuando cae la noche, no hay luz, quieres asearte y no hay agua, ¿cómo crees que se siente una persona?», pregunta. Agustín Ajado y su mujer, Lorena Blanco, también acuden a la entrevista. Ambos trabajan, él como autónomo y ella como celadora. Llegaron en su día al grupo porque se veían al borde del desahucio, pero han decidido quedarse para prestar su apoyo a gente en una situación similar. Rafael Arjona y su mujer viven de la Renta Activa de Inserción (RAI). Conviven con una hija separada y una nieta, todos juntos con 800 euros al mes. «El mes que viene se me acabará la ayuda y me tiraré once  meses sin cobrar. ¿Qué hago? Me gustaría preguntárselo a los que han hecho que las cosas estén como están», indica. 

Las pocas manos tendidas que encuentran son las del ámbito municipal. Los municipios son los grandes paliativos de la situación de la pobreza energética de sus vecinos.  En Gandia, en 2017, se pagaron 1.619 facturas de 310 familias. Es una localidad costera donde la precariedad laboral azota especialmente en épocas no vacacionales, y el ayuntamiento tira del carro para muchos afectados. Su presupuesto anual del ejercicio pasado para este fin fue de 40.000 euros otorgados por el Consell pero el gasto total ascendió a 92.000, diferencia que asumió íntegramente el Consistorio.

«Al impugnarla el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, nos vemos desprotegidos de un marco que obligue a las distribuidoras eléctricas a no cortar el suministro

Nahuel González, concejal delegado de Responsabilidad Social y Políticas con la Ciudadanía explica que el primer año de puesta en marcha de este mecanismo fue el de la propia Ley de Pobreza Energética impulsada por la Generalitat. «Al impugnarla el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, nos vemos desprotegidos de un marco que obligue a las distribuidoras eléctricas a no cortar el suministro a las personas que no pueden hacer frente a los pagos». En Barcelona, fue un recurso de Endesa el que paralizó en 2015 un protocolo similar. Ante la posibilidad de sufrir un revés, la estrategia del Consell ha sido la de anularla. Así, el tripartito la derogó el pasado diciembre e incluyó en una nueva ley cláusulas para dar ayudas para el consumo de energía. 

Ante esta situación, muchos ayuntamientos, como el de Gandia, han capeado la situación negociando directamente con las empresas para que no haya cortes de suministro a las personas en situación de vulnerabilidad. Un acuerdo que depende en gran medida de la buena voluntad y sintonía de los implicados. 

El secretario general de Podemos en la Comunitat, Antonio Montiel, representa a la coalición que diseñó el marco de Ley de Pobreza Energética que, tras el recurso del Gobierno de Mariano Rajoy ante el Tribunal Constitucional, ha quedado en papel mojado, ya que ha sido prácticamente derogada por Les Corts a través de otra ley aprobada en diciembre, la de Renta Valenciana de Inclusión (RVI), que prevé ayudas al pago de las facturas de luz y gas.

«Buscábamos un mecanismo que antepusiese los intereses de las personas a los de las compañías. En ningún momento entrábamos en competencias de la regulación del mercado económico, tal y como interpreta el Gobierno, sino que estábamos legislando en materia de política social donde las comunidades autónomas deben hacer frente a una nueva realidad en la que también la pobreza ha cambiado», explica Montiel en relación al Artículo 3 de la Ley que daba competencias a la Generalitat para determinar cuándo un hogar era «vulnerable energéticamente» y para restringir a las empresas de suministro el corte del servicio a los ciudadanos, competencia que desde Moncloa consideran estatal y que ha sido objeto de la creación de una comisión bilateral entre ambas administraciones para saltear el fallo del Constitucional. Aun siendo así, todo hacía prever que la Ley de Pobreza Energética tenía poco recorrido ante el TC. 

A la luz de una vela

«Intuíamos que nos la iban a tumbar, y la enmienda presentada por los tres grupos lo que hacía era abrir la puerta a poder incluir en la Renta Valenciana de Inclusión un complemento por pobreza energética», manifestaban desde el partido a Plaza explicando el porqué de la decisión de derogar todos los artículos susceptibles de ser derogados, y cuya enmienda ha jugado un importante contrapeso en el diseño final de la RVI, que será a partir de abril, fecha de su entrada en vigor, la normativa estrella del tripartito. Montiel explica que «en el momento de la creación de la Ley de Pobreza Energética, y ante la gravedad de la situación, no podíamos esperar a la aprobación de otra ley que diera cobertura a los suministros energéticos, si bien ahora con la RVI había otro marco donde integrar estos complementos. No obstante, sigo pensando que el del Tribunal Constitucional es un recurso meramente político que lo que finalmente ha provocado es que los ayuntamientos estén haciendo en estos momentos un sobreesfuerzo tremendo sin mecanismos de amparo y coordinación», añade. 

Mientras la pobreza energética avanza a la espera de encajar en un marco legal que la combata, Nieves, a sus 80 años, seguirá cargando este invierno con el peso del paro de sus hijos y nietos. En el barrio de Santa Cruz de Alicante, es una vecina que pasa otro invierno alumbrándose muchas noches con velas. Su historia la refleja el documental de pobreza energética que está ultimando un equipo de estudiantes del taller municipal de cine, subvencionado por la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Alicante.

«Buscamos anteponer los intereses de las personas  a los de las compañías; no entrábamos en competencias de la regulación del mercado»

El profesor y coordinador del film, Guillermo Alcalá, ha recorrido los barrios de la ciudad entrevistando a numerosos afectados, pero perfiles como el de esta octogenaria son especialmente vulnerables. No hay estudios en firme, pero la ACA indica que cada año se asocian 7.000 muertes en España a la pobreza energética. Dolencias y accidentes domésticos con desenlace fatal por falta de condiciones adecuadas en la vivienda causan seis veces más víctimas que los accidentes de tráfico, según sus cálculos.

«La de Nieves es sólo una historia de tantas. A lo largo del rodaje nos dimos cuenta de que esto no afecta a gente marginal. Todo lo contrario. Son cada vez más las personas para las que es un lujo tener suministros básicos», indica Alcalá. De la misma opinión es la investigadora Victoria Pellicer quien recuerda estremecedores porcentajes del diagnóstico de situación del estudio realizado por la UPV para el Ayuntamiento de València. El 32,7% de las familias señala que pasa bastante o mucho frío en invierno y bastante o mucho calor en verano. Consecuencias directas de lo que puede definirse como cambio climático cuya responsabilidad sería paradójico que recayese exclusivamente en el deudor.

Planes de rehabilitación energética de edificios, ayudas de emergencia, medidas de eficiencia energética para rebajar el consumo, cambio de miras hacia la problemática y más y mejor formación del personal de los servicios sociales para paliar el llamado analfabetismo energético, pero sobre todo responsabilidades compartidas entre las grandes empresas energéticas y la voluntad política. «Si la educación es una cuestión de derechos, ¿por qué no lo es la pobreza energética?» se pregunta Pellicer.

* Este artículo se publicó íntegramente en el número 40 de la revista Plaza

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