Uno de los interrogantes es si al acto de conciliación acudirán los cargos del PSPV que intentaron anular el nombramiento de la ganadora
VALÈNCIA. El proceso de selección para la jefatura de Recursos Humanos de Divalterra ha acabado en vía judicial. Hasta el momento por partida doble. El candidato que quedó en segundo lugar, José Fambuena, ha impugnado el resultado en el juzgado. El aspirante presentó un recurso el pasado enero ante la propia empresa dependiente de la Diputación de Valencia. En él pedía frenar la contratación de la ganadora, Eugenia Fernández, por diversos motivos como posibles incompatibilidades del presidente del tribunal o puntuaciones mal otorgadas.
Su solicitud que fue atendida por el presidente de Divalterra, Ramiro Rivera, quien en dos ocasiones ordenó suspender el proceso. Pese a ello, el gerente de la firma sí contrató a la elegida y ésta se incorporó a su puesto. A ello se sumó que el intento de anular el nombramiento fue refrendado, tanto en ese momento como en informes posteriores, por el jefe jurídico de la empresa, José Luis Vera. Sin embargo, el Consejo de Administración no sacó adelante estas conclusiones pese a las maniobras de los cargos socialistas.
La controversia surgió porque tanto cargos de la corporación provincial como expertos o la propia Agencia Antifraude consideraban que el aspirante 'perdedor' no podía recurrir en vía administrativa puesto que Divalterra es una empresa pública pero se rige por derecho privado. En su opinión, únicamente podía acudir a la vía judicial, a la jurisdicción laboral, ya que sólo un juez podría anular el resultado del proceso y no, como se pretendía, el presidente de la firma.
Ahora, el aludido sí que ha impugnado ante el juzgado, que será el que decida sobre cómo se ha llevado a cabo el proceso de selección. Pero en este procedimiento existen cuestiones relevantes. El acto de conciliación entre Fambuena y Divalterra está previsto para el próximo 11 de mayo, pero uno de los interrogantes es quién irá en representación de la empresa.
Podrían ser los servicios jurídicos externos, pero existe la posibilidad de que asista a la cita algún cargo, como Ramiro Rivera o José Luis Vera. Salta la pregunta, por tanto, de si ellos defenderán los intereses de Divalterra después de sus movimientos e informes favorables a que el proceso de selección de RRHH se anulara por completo.
En vía judicial se encuentra, igualmente, la denuncia interpuesta por el PP en la Fiscalía Anticorrupción por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias de varias cargos socialistas