Joan Llinares, director de la Agencia Valenciana Antifraude, en la sede de la entidad. Foto: KIKE TABERNEREl tribunal del proceso de selección que el presidente de la empresa pública intenta suspender se ratifica en su decisión
VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha pasado a tener un papel fundamental en la polémica sobre el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos de Divalterra. Como desveló Valencia Plaza, el presidente del Consejo de Administración de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, trató de impedir a mediados de enero el nombramiento de la ganadora –elegida por un tribunal– después de que el aspirante que quedó en segundo lugar presentara un recurso.
La entidad que dirige Joan Llinares ha abierto una investigación tras una denuncia proveniente del propio tribunal y ha otorgado el estatuto de protección del denunciante a varias personas que acudieron a detallar posibles irregularidades. Pero no sólo eso. Sus letrados, según ha podido saber este periódico, elaboraron un informe que avala mantener la contratación de la jefa de RRHH de Divalterra porque todo se hizo correctamente y según establecía la convocatoria.
El documento fue redactado con motivo de la reunión que los miembros del tribunal del proceso de selección celebraron este martes para deliberar sobre la situación. En el encuentro se ratificaron en sus actuaciones hasta ese momento: la elección de Eugenia Fernández –procedente de RRHH del Instituto Valenciano de Atención Social-Sanitaria (IVASS)– como la mejor candidata para ocupar el puesto; y el rechazo, antes de cerrar el proceso el 15 de diciembre, a las alegaciones presentadas por el aspirante que quedó segundo, José Fambuena –quien estuvo al frente de RRHH del Hospital General de Valencia–.
El tribunal también concluyó que no resultaba justificado admitir el contenido del recurso presentado posteriormente –el 12 de enero– por Fambuena, en el que pedía frenar la contratación de la ganadora. Solicitud que fue atendida por el presidente de Divalterra, quien en dos ocasiones –una de ellas refrendado por un informe del jefe jurídico de la empresa, José Luis Vera– ordenó suspender el proceso. Pese a ello, el gerente de la firma sí contrató a la vencedora y ésta se incorporó el 18 de enero.
Debido a las tensiones que se viven a nivel interno en la Diputación en relación a este asunto, la Agencia consideró oportuno emitir por escrito su propio pronunciamiento para apoyar la forma de actuar del tribunal de cara a la mencionada cita de ayer martes. El informe defiende, con criterios técnicos y jurídicos, una tesis que comparten varios cargos de Divalterra. Y es que, pese a ser empresa pública, ésta se rige por el derecho privado, como reflejan sus propios estatutos. Lo que comporta, al serle de aplicación el derecho laboral, que en un procedimiento de selección de personal como el de RRHH, no se podría acudir a la vía administrativa para presentar recurso, sino que la única posibilidad de reclamar de los aspirantes sería la judicial. De esta manera, sostienen que sólo un juez podría anular el resultado del proceso y no, como se pretende, el presidente de Divalterra.
En algunas de sus reclamaciones iniciales ya respondidas –y semejantes a las presentadas después con el recurso–, Fambuena criticó que el presidente del tribunal fuera, en ese momento, el propio jefe de Recursos Humanos, lo que en su opinión podría derivar en un conflicto de intereses y se reservaba acciones futuras. Expuso, asimismo, puntuaciones hacia él y hacia la ganadora que creía que no habían sido otorgadas correctamente.
Ahora, el tribunal se ha ratificado en todo ello al entender que la valoración fue ajustada y el proceso correcto. Estas consideraciones serán recibidas por el gerente, de Divalterra, por José Luis Vera y por el Consejo de Administración de la empresa, que todavía no está convocado.
Las observaciones de Antifraude ya fueron en su momento compartidas también por el inspector general de Servicios de la Generalitat, quien en una comunicación dirigida al tribunal el 15 de diciembre –día en el que se cerró el proceso– opinó que las puntuaciones otorgadas habían de mantenerse y que el procedimiento había sido sólido, garantista, correcto y motivado en las decisiones.
El movimiento de intentar frenar la contratación de la nueva jefa de RRHH de Divalterra generó un importante revuelo en la corporación desde el principio y muchas voces no lo consideran justificado al creer que existen intereses en desbancar a la candidata ganadora.
