Foto: KIKE TABERNERLa decisión llega después de semanas de ceses, dimisiones y tensiones internas por el proceso de selección de la jefa de RRHH; la responsabilidad de gestionar el cierre de la empresa pasa a ser compartida con Compromís
VALÈNCIA. "Ya está bien. Se ha acabado Divalterra". Con estas palabras trataba de cerrar este martes el presidente de la Diputación de Valencia, Toni Gaspar, lo que esperaba que fuera el último capítulo de la empresa pública: el de su disolución. Un llamativo golpe de efecto que se producía con motivo de la celebración de la Junta General de la empresa pública –equivalente al pleno de la corporación– después de que hubiera sido exigida por los partidos de la oposición –PP, Ciudadanos y Vox– debido a la última polémica en el seno de la firma.
El foco sobre lo ocurrido pasaba de esta manera a la decisión del "cierre ordenado y definitivo" de Divalterra tras diversas semanas de dimisiones, ceses y tensiones internas por los reiterados intentos de cargos del PSPV de anular el proceso de selección de la jefa de Recursos Humanos tras un recurso del aspirante que quedó en segundo lugar, quien desde hace varios años ocupa puestos en Sanidad, donde ha sido nombrado por dirigentes socialistas. Todo ello unido a una investigación abierta por la Agencia Antifraude en una empresa –sucesora de Imelsa– que ha sido centro de presuntos casos de corrupción –Taula y Alquería– con populares y socialistas al frente.
Gaspar avanzó que convocará "cuanto antes mejor" una nueva Junta General en la que se destituirá a los miembros del Consejo de Administración y se nombrará a los liquidadores, paso previo a su disolución, liquidación y extinción. El Consorcio Provincial de Bomberos, cuya responsable es la vicepresidenta de la Diputación, María Josep Amigó (Compromís), absorberá a los brigadistas, la mayor parte de los más de 600 trabajadores de la empresa, mientras que la propia Diputación asumirá y reubicará al resto de la plantilla, como ha sucedido con el Patronato de Turismo. De esta manera, la responsabilidad de gestionar este cierre pasa a ser compartida con los socios de Gobierno del PSPV, que hasta el momento se habían desmarcado de ellos en las recientes maniobras.
No es la primera vez que la palabra "cierre" se pronuncia en relación con la empresa. Precisamente Amigó ya lo anunció en julio de 2018, tras la dimisión del entonces presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, por el estallido del caso Alquería. Con el paso del tiempo no se cumplió y se empezó a hablar de transformación, término que hasta hace poco usaba el propio Gaspar. De hecho, entre el abanico de posibilidades se encontraba incluso que las brigadas forestales pasaran a depender de la Generalitat. Pero según el dirigente socialista, los informes de los departamentos de Secretaría e Intervención de la corporación apuntan a la integración de los trabajadores en el Consorcio de Bomberos.
La determinación resulta sorprendente por el momento elegido. La última crisis en Divalterra, desvelada por Valencia Plaza, ha venido a cuenta del procedimiento para cubrir la jefatura de Recursos Humanos, un puesto clave para la contratación de brigadistas. El proceso arrancó el pasado julio y finalizó en enero. Después de que el tribunal eligiera a la ganadora, Eugenia Fernández, el presidente de la empresa, el diputado socialista Ramiro Rivera, ordenó que se suspendiera su contratación debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena. Fambuena ha ocupado diversos puestos en Sanidad donde fue nombrado por las conselleras socialistas Carmen Montón y Ana Barceló, y logró avanzar en el concurso de Divalterra gracias a una carta del ex subdelegado del Gobierno con el PSOE Luis Felipe Martínez.
El gerente, Antonio Mas, desobedeció al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora se incorporó el pasado 18 de enero. Lo siguiente pasó a ser una guerra total y una 'caza de brujas' a los cargos por supuestas filtraciones y los diferentes posicionamientos sobre lo ocurrido.
Para sus intenciones, Ramiro Rivera se vio avalado por numerosos informes elaborados por José Luis Vera, quien se erigió en instructor de un expediente sobre el caso como responsable de riesgos penales –responsabilidad equivalente a la de compliance o vigilante del cumplimiento normativo–, puesto para el que fue nombrado a dedo en diciembre pese a que el Consejo de Administración de Divalterra –el mismo que aprobó su nombramiento– había autorizado tan solo un año antes una convocatoria pública para cubrirlo. En los últimos informes, Vera concluyó que había que anular todo el proceso siete meses después de su inicio, sin que nadie lo hubiera impugnado hasta que se resolvió, así la contratación de la jefa de RRHH por más de una decena de irregularidades.
El tribunal se ratificó en febrero en su elección, de manera que los documentos de Vera tenían que pasar a votarse en el Consejo de Administración de la empresa. Se llevaron, así, al celebrado a comienzos de marzo, pero se acabó aplazando el pronunciamiento ante una total falta de acuerdo –no quedaban claros los equilibrios a favor de las tesis de Vera–. A lo que luego se sumaron diversas dimisiones de consejeros. Para sustituirlos se convocó una Junta General en la que se votaron los nuevos miembros, tanto los de los grupos políticos como los de los "técnicos" propuestos por Gaspar. Aunque todos ellos son funcionarios, cuentan con vinculaciones políticas debido a que han ocupado cargos con PSPV y Compromís, lo cual podía facilitar esa mayoría deseada dentro del Consejo.
Llegó, posteriormente, la convocatoria de un nuevo Consejo de Administración el pasado 12 de marzo, donde volvía a figurar en el orden del día la votación de un nuevo informe de Vera que venía a establecer lo mismo que los anteriores –la anulación de todo el proceso de selección y de la contratación de la jefa de RRHH– pero que, además, señalaba directamente al gerente como responsable de varias irregularidades –y especialmente por su desobediencia–. De este modo, el otro punto que se iba a debatir era su cese.
El informe de Vera fue tumbado por los consejeros, lo que desactivaba las maniobras del PSPV durante estos meses y ratificaba a la jefa de RRHH. Sí salió adelante la destitución del gerente, que en su turno de palabra de esa reunión aprovechó para recriminar a Vera que hubiera ejercido de fiscal, juez y acusación para 'ejecutarle'. Igualmente, afirmó que habían sido presionados tanto él, como el tribunal de selección al completo y la propia ganadora.
A este relato de hechos se añade otro factor, como es el posicionamiento de la Agencia Antifraude. La entidad que dirige Joan Llinares abrió en febrero una investigación sobre el intento de revocar la contratación de la jefa de RRHH tras las denuncias de varios miembros del tribunal, a los que otorgó la protección del denunciante. Su papel no se limitó solo a esto, sino que elaboró un informe de asesoramiento en el que concluía que el proceso estuvo presidido por el principio de transparencia y que se valoraron correctamente los méritos de la persona contratada conforme a las bases de la convocatoria. También que "no cabía recurso alguno" contra el resultado, que en todo caso se rige por derecho laboral y sólo podría ser impugnado en la jurisdicción social de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo.
Para abordar todo lo ocurrido a petición de los partidos de la oposición se celebraba este martes la Junta General extraordinaria, en la que los portavoces de las formaciones expusieron sus sospechas sobre la intencionalidad real de revocar la selección de la ganadora en la jefatura de RRHH. De hecho, tanto PP como Ciudadanos anunciaron posteriormente que llevarían lo sucedido a la Fiscalía.
Pero la cita se vio totalmente eclipsada por el anuncio de cierre de Divalterra por parte de Gaspar en los últimos minutos. De hecho, entre las peticiones del portavoz de los populares (Vicente Mompó) y de la de los naranjas (Rocío Gil) se encontraba la votación del cese de Ramiro Rivera y de José Luis Vera, algo que no permitió Gaspar porque no estaba en el orden del día y, en su opinión, no correspondía.
Mompó censuró la "caza de brujas" interna, recordó las hasta cuatro veces que el Consejo de Administración ha tumbado los informes de Vera y remarcó la "huida" de miembros de ese órgano. Además, defendió que "cortar la cabeza" del gerente no soluciona nada. Gil cuestionó si todo esto hubiera ocurrido si no se tratara del puesto de RRHH, que controla la contratación de personal en la empresa.
El presidente de Divalterra, por su parte, además de dedicar gran parte de su turno de palabra a hacer un balance de gestión, recordó que "estamos aquí por un recurso" y atacó a la Agencia Antifraude por haber hecho un informe sin pedir información previa a la Diputación. Motivo por el que han pedido amparo a Les Corts Valencianes. Además, defendió de nuevo los informes de Vera sobre las irregularidades en el proceso, quien tenía la "obligación" de hacerlos, y respondió que la oposición ha tenido acceso a toda la información aunque el PP denunció trabas.
