Lucía Beamud, responsable de la Concejalía de Actividades. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. València sigue 'atascada'. Un total de 4.641 expedientes siguen pendientes de tramitar en la concejalía de Actividades, que dirige Lucía Beamud. Muchos de ellos llevan en el aire desde 2016. Y es que el principal atasco en la tramitación de licencias que muchos empresarios e inversores afean al consistorio valenciano radica en el área de Actividades donde el embudo ha entorpecido la puesta en marcha de varios proyectos en la ciudad y pone en riesgo nuevas inversiones en el cap i casal.
Según los datos a los que ha tenido acceso este diario, A fecha de 2019, había 4.641 expedientes pendientes, muchos de los cuales llevan esperando una respuesta desde 2016, un ejercicio en el que solicitaron 2.891 autorizaciones en toda la ciudad, la mayor cuantía en los últimos tres años. De ellos, todavía siguen pendientes 854 están sin resolver.
Y es que, casualidad o no, pero el número de expedientes para obtener una licencia de actividad ha ido desciendo progresivamente, mientras el número de autorizaciones pendientes de valorar se ha ido engrosando. En 2017, fueron 2.618 los expedientes que entraron al servicio de Actividades, de los que quedan pendientes 948; en 2018, 2.374, y quedan 1.144 pendientes y en 2019 entraron en dependencias municipales un total de 2.307, de los que 1.695 expedientes siguen sin respuesta, de acuerdo con la documentación.
Mientras Urbanismo ya ha puesto solución al problema que había con las licencias de obra, a través de la creación del Registro de Entidades Colaboradoras Acreditadas y que permitirá a entidades externas emitir un certificado de conformidad, un documento equiparable al generado por los técnicos municipales para obtener la licencia de obra, en el caso de las de actividad, relativas a comercios, locales y hoteles, en Actividades se busca una salida al problema.
"Las licencias de obra han ido mejorando, pero estamos disgustados en materia de licencias de actividad porque no se han agilizado y hace falta un empujón para solucionar el atasco. El Ayuntamiento tiene que poner toda la carne en el asador", afirmaba el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción, Francisco Zamora, en declaraciones a Valencia Plaza tras el encuentro que mantuvieron a principios de mes colegios y patronales del sector inmobiliario con el alcalde de la ciudad, Joan Ribó; la vicealcaldesa y concejala de Urbanismo, Sandra Gómez, y la edil responsable de Licencias de Actividades, Lucía Beamud.
Una cita que, como publicó este diario, se convocó a petición de los empresarios quienes en un escrito conjunto solicitaban al alcalde un encuentro ante "los continuos retrasos y demoras en la tramitación de las licencias de actividad y de obra" y "los múltiples reparos tanto técnicos como documentales que suelen oponer los técnicos municipales ralentizando considerablemente el proceso".
Aunque desde el área que dirige Beamud ya se baraja la posibilidad de externalizar parte de este servicio para agilizar la tramitación, lo cierto es que todavía es una idea embrionaria. Entre las medidas que se pusieron encima de la mesa en aquel encuentro se plantearon la modificación de la ordenanza municipal para simplificar trámites y la digitalización mediante un registro único de actividades y obras. Se trataría de un sistema informático que, a través de un formato pregunta-respuesta simple, encaminara al inversor hacia procedimiento que necesita para solicitar una licencia de actividad y, de esta forma, agilizar los trámites.
Precisamente la creación de un programa informático era una de las peticiones del sector inmobiliario que ponía como ejemplo la iniciativa impulsada por el consistorio madrileño de Rivas Vaciamadrid en donde se implementó un software gratuito para agilizar el procedimiento permitiendo al inversor conocer de forma automática si su proyecto se ajusta a la legislación urbanística vigente de la ciudad y, por tanto, conocer de antemano si es viable o no.
Son varios los empresarios que, desde hace años, claman agilizar los trámites. El presidente de las promotoras valencianas (Aprova), Antonio Olmedo, insistía en pedir al nuevo gobierno presidido por Pedro Sánchez una mayor colaboración público-privada para agilizar los trámites para el desarrollo de suelos y desatascar el actual embudo que tienen las administraciones. Y es que este problema ha generado que algunos inversores privados hayan desistido de sacar adelante proyectos en aquellas ciudades donde los tiempo entre la solicitud del permiso y su obtención se eternizan.
Así lo ponía de manifiesto el CEO de Casual Hoteles, Juan Carlos Sanjuán, en un desayuno informativo organizado por Valencia Plaza, en el que señalaba que mientras en ciudades como Cádiz en ocho meses se obtiene una licencia, en València se supera el año y medio y muchas veces pasado ese tiempo se sigue “sin respuesta”.
Un tema que también copará el debate político en el pleno municipal del Ayuntamiento de València de este próximo jueves. Y es que el Grupo Popular en el consistorio valenciano llevará una moción que reclama un aumento en el número de funcionarios encargados de resolver las licencias, tanto de actividades como urbanísticas. También solicitan que se amplíe la atención presencial con personal técnico que presta el servicio de licencias y se realice todos los días laborales de la semana, con cita previa telefónica o mediante correo electrónico.
En su propuesta, los 'populares' proponen el diseño e implantación de un sistema de trazabilidad que permita que cualquier ciudadano con un expediente iniciado en el Ayuntamiento pueda hacer un seguimiento del estado de tramitación del mismo, conociendo en todo momento en que departamento se encuentra, que funcionario lo tiene asignado y los distintos pasos que se han de seguir hasta la finalización del mismo.
