Promotores piden al Gobierno seguridad jurídica y no intervenir en los precios del alquiler

VALÈNCIA. Una nueva Ley Estatal de Vivienda que ponga "fin al cóctel de precariedad laboral y alquileres desorbitados que impide a los jóvenes independizarse". Ese era el compromiso que este lunes lanzaba el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, sobre sus planes más inmediatos en materia de vivienda. Un departamento con grandes retos por delante y al que agentes del sector inmobiliario valenciano ya ponen 'unos deberes'. Y es que meses de Gobierno en funciones han dejado en el aire cuestiones importantes en un contexto en el que el precio del alquiler no ha dejado de subir en la mayoría de ciudades españolas.

Un problema para el acceso a la vivienda de colectivos más vulnerables como la gente joven al que el Gobierno quiere poner solución. Lo cierto es que todavía está por ver los ejes sobre los que girará la política de vivienda, aunque, de acuerdo al programa de Gobierno presentado por los dos partidos que sustentan el ejecutivo central, PSOE y Unidas Podemos, la receta podría estar en la aprobación de una normativa "para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado", según señala el documento. Para ello, se prevé un Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda para regular los valores. 

A falta de concretarse su desarrollo, a priori se trata de una medida que no gusta al sector inmobiliario. "No se pueden poner puertas al campo", subraya el presidente de la Asociación de Empresas Promotoras de Valencia (Aprova), Antonio Olmedo, quien incide en que "estamos en un mercado libre" y "todo lo que sean limitaciones e intervenciones siempre son perjudiciales". "Lo que se necesita es aumentar la oferta. Eso es lo fundamental y conseguir seguridad jurídica para que se siga invirtiendo en España", recalca en declaraciones a este diario.

Una idea compartida por el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de València que pide al nuevo Gobierno de España medidas fiscales que incentiven la oferta de alquiler y rechaza sanciones a las viviendas vacías o índices que regulen el precio de los arrendamientos. Su portavoz, Vicente Díez, indica que una fiscalidad favorable al arrendador tradicional es una de las claves para conseguir "más oferta privada en el mercado y bajar los precios de la renta del alquiler". 

“El principal motivo de la gran subida de los precios en el alquiler es la baja oferta de viviendas que existe en el mercado.Es fundamental ofrecer incentivos a los propietarios para que pongan en arrendamiento las viviendas que están actualmente vacías o que vuelvan al mercado del alquiler residencial las viviendas que se han desviado al alquiler turístico”, afirma. Por ello, pide que el Gobierno se coordine con las comunidades autónomas y los ayuntamientos para aplicar medidas como reducciones en IBI, o en el ITP cuando se venda una vivienda destinada al alquiler tradicional.

Por el contrario, advierte, "las medidas limitadoras de rentas o coercitivas sobre propietarios de pisos vacíos perturban las leyes del mercado libre, fomentan la economía sumergida y coartan a muchos propietarios". "Esto sucede especialmente con los propietarios que compran para invertir en vivienda destinada al alquiler, a los que no se puede cambiar las reglas de un día para otro”, sostiene.

Otra petición al Gobierno de Sánchez de los agentes de la propiedad para impulsar la oferta en alquiler es aumentar la seguridad jurídica de los propietarios para que no tengan miedo a alquilar. Su solución pasa por agilizar aún más los procesos judiciales de desahucios, siempre en equilibrio con la salvaguarda de los derechos de los inquilinos. En este sentido, abogan por permitir convertir locales comerciales vacíos en viviendas para alquilar y por ampliar el parque público de viviendas. "Se trata de introducir más viviendas en el mercado a precios razonables", subrayan.

Agilizar las licencias de obra

Además, el presidente de Aprova recuerda que en muchas ciudades existe muchos suelos de titularidad pública que están paralizados y podrían reactivarse a través de una colaboración con las entidades privadas. "Llevamos tiempo con grandes palabras. Necesitamos menos titulares y más realidades y que se pongan a trabajar para generar empleo", incide. A su juicio, a través de la colaboración público-privada podrían agilizarse los trámites para el desarrollo de suelos y desatascar el actual embudo que tienen las administraciones, en este caso la valenciana. Un verdadero quebradero de cabeza para los empresarios que en ocasiones han desistido de llevar a cabo proyecto por la ralentización del proceso. 

En este sentido, también el presidente de la Federación Valenciana de Empresarios de la Construcción (Fevec), Francisco Zamora, exige un mayor compromiso al Gobierno central. "Se debe de agilizar la función administrativa y apoyar a las administraciones locales ante el retraso que sufre el sector en cuestiones de licencias", sostiene.

También, desde sector de la construcción reclaman potenciar la vivienda pública y crear un banco hipotecario aprovechando los inmuebles que disponen las entidades financieras tras la burbuja inmobiliaria del pasado que sirva "verdadero catalizador e impulsor de un sector y una demanda que se promueva ajena a intereses financieros y fondos anónimos". Al respecto, Zamorano explica a Valencia Plaza que el gobierno debería promover que la dación en pago de prestamos hipotecarios fuera una realidad y llegar a acuerdos con los bancos para ofrecer sus inmuebles con unas condiciones más ventajosas y más flexibles que permitan el acceso a una vivienda a colectivos más vulnerables.

Uno de los grandes demandas problemas en la construcción es precisamente la falta de mano de obra y, en este sentido, urge a apostar por una formación profesional cualificada y actualizada a las necesidades de un sector que evoluciona en cuestiones de sostenibilidad, medio ambiente, tecnología y nuevos materiales, así como ayudas en I+D+i, economía circular, eficiencia energética e industrialización. "La construcción es la industria de las industrias", enfatiza.    

Finalmente, incide en resolver grandes reivindicaciones de la sociedad valenciana como son asegurar esa cuota del 10% de los presupuestos en infraestructuras para la Comunitat Valenciana, anunciada y reconocida por Pedro Sánchez en sus visitas a la Comunitat y abordar la reforma del sistema de financiación autonómico.