VALÈNCIA. El Ayuntamiento de València zanjó el año pasado el litigio que mantenía con la concesionaria de uno de sus parkings, situado en la calle Martí Grajales, en las inmediaciones del Mercado del Cabanyal. La compañía que explotaba el aparcamiento adeudaba dinero a la empresa municipal Aumsa por impago del canon. Pero ambas partes alcanzaron un acuerdo y en 2023 Aumsa recibió formalmente el inmueble, que está tasado en 5,4 millones de euros.
Así consta en la auditoría de la compañía pública sobre el pasado ejercicio, donde explica que a finales de 2022 "tras varias negociaciones se alcanzó un acuerdo con la concesionaria del parking", la compañía Multiaparcamientos Valencia, para "resolver de mutuo acuerdo el contrato con la administración concursal -la empresa estaba en concurso de acreedores-".
Un pacto, explica, por el cual la concesionaria "entrega a Aumsa la posesión de la infraestructura libre de cualquier carga, gravamen, garantía o embargo que pudiera pesar sobre la misma y sin ningún tipo de compensación económica o pago de ningún tipo". Se cerraba así el conflicto abierto entre la administración y la compañía explotadora, que como había publicado este diario, debía más de un milllón de euros a Aumsa en concepto del canon de explotación.
En ese sentido, el documento expone que en 2023 se procedió al registro contable del aparcamiento entre el patrimonio de Aumsa. La empresa pública recibió las instalaciones por un valor de tasación de 5.385.835 euros concretamente. Por ello, subraya, "queda resuelta la demanda por reclamación de cantidades. De esta manera, el Ayuntamiento municipalizó el aparcamiento que, desde el año pasado, está gestionado directamente por parte de Aumsa.
A principios de siglo, la concesión fue adjudicada a Secopsa, pero en 2009 la empresa separó esta parte de su negocio y traspasó la concesión a la firma Multiaparcamientos Valencia. Tras la crisis económica, en 2015, Secopsa, ya transformada en Fovasa, llevó a cabo una reestructuración financiera y vendió esta rama de gestión de aparcamientos.
Era un servicio claramente deficitario, pues desde entonces la empresa registra pérdidas. Aquel año, 2015, el agujero en las cuentas de la compañía fue de 2,5 millones de euros, y le sucedieron pérdidas por valor de 200.000 euros al año siguiente, 180.000 en 2017, 160.000 en 2018 y 115.000 en 2019. Algo a tener en cuenta si se atiende que, según la propia compañía, su viabilidad "depende únicamente de la explotación" de este aparcamiento, el único que gestiona.
Esta situación empujó a la empresa a solicitar a Aumsa el reequilibrio financiero del contrato, algo que la empresa pública había ido rechazando en varias ocasiones, al igual que la solicitud de resolver unilateralmente el contrato. Así que la firma privada dejó de pagar el canon a Aumsa, y esta inició en vía judicial un proceso de reclamación económica por el impago de la concesión. Con el acuerdo y la municipalización del aparcamiento, se consiguió cerrar el capítulo judicial.
