El alcalde de València, Joan Ribó. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València, que recientemente ha decidido apartarse a una de las piezas separadas en las que se divide el caso Taula, justifica su retirada como acusación particular en que no puede "aportar nada más". Así lo señalan fuentes del consistorio después de que Valencia Plaza publicara que ha dirigido un escrito al juzgado de Instrucción número 18 de València para comunicarlo. En la práctica, supone que deje de pelear por recobrar el dinero público que figura en esta pata de la investigación, algo que niegan. "Seguiremos luchando para recuperarlo", aseguran.
Desde el Ayuntamiento defienden que ya han remitido al juzgado toda la documentación que consideraban que podía servir para las indagaciones, razón por la que, aseguran, ahora se retiran. Sobre el hecho de que suponga no continuar con la reclamación del dinero público sustraído, replican que esta labor ya la está cumpliendo la Fiscalía Anticorrupción.
La pieza de la que se retira es, precisamente, la primera –Taula consta, por el momento, de once– que será juzgada. En ella figuran como acusados excargos del PP, empresarios y funcionarios del Ayuntamiento de València por un presunto desvío de fondos públicos a través de la firma Thematica Events. En su auto, la juez sentaba también al Partido Popular en el banquillo como responsable civil subsidiario junto a otras empresas.
La Fiscalía Anticorrupción, aparte de las penas de prisión, solicita una indemnización de 106.728 euros para el consistorio. Algo que ahora el propio afectado no tratará de reclamar al haber salido del procedimiento. Los hechos por los que pide esa cantidad son los relacionados con el servicio del Bibliobus, una iniciativa de biblioteca itinerante durante el verano que en 2008 y 2009 se concedió a la misma mercantil de manera discrecional.
El presupuesto real para la ejecución era de 89.431 euros, por lo que se debía de haber sacado a oferta pública. Sin embargo, se fragmentó en importes inferiores a 18.000 euros, cantidad máxima para ser considerado contrato menor. Todos ellos fueron adjudicados a la misma firma con el visto bueno de dos jefas de servicio del consistorio, las cuales consideran los investigadores que tuvieron un papel preponderante en la tramitación. La Fiscalía calcula el perjuicio ocasionado al erario público en la cantidad de 53.364 euros cada año, lo que da la cifra de los 106.728 euros que pide que recupere el Ayuntamiento.
Éste, que resta importancia a su retirada, hace hincapié en que todavía se encuentra personado en otra de las piezas. En concreto, la que indaga en los contratos de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento dirigida por María José Alcón (fallecida en 2018). La investigación apunta, como en otras, a 'mordidas' en la adjudicación de trabajos. En este caso, para la rehabilitación de las Torres de Quart, de los puentes de Serranos y Trinidad o varias ediciones de La Mostra.
