Foto: POOLVALÈNCIA. El real decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez para permitir a los ayuntamientos poder hacer uso de sus ahorros tiene un pequeño problema: las probabilidades de que salga adelante, a juzgar por la actual aritmética parlamentaria, son muy pequeñas. Son múltiples las fuerzas que ya han manifestado su rechazo frontal a la norma del Ejecutivo conformado por PSOE y Unidas Podemos. Incluso miembros de la propia formación morada. No convence a casi nadie. Tampoco a Compromís, cuyo representante en la Cámara Baja, Joan Baldoví, ha vertido duras críticas al texto y su posición se inclina mucho más próxima al botón rojo que al verde.
Así lo aseguran fuentes de la coalición valencianista consultadas por este diario, quienes han apuntado que "seguramente" la posición que mantenga la formación hasta que se produzca la votación sea una rotunda negativa al mencionado decreto, ya publicado inicialmente en el BOE pero que todavía requiere de la ratificación del Congreso de los Diputados. El texto fija que los ayuntamientos que deseen usar sus propios ahorros -amasados a la fuerza por las restricciones para la estabilidad presupuestaria de Cristóbal Montoro- deberán entregarlos al completo al Gobierno central, que devolverá el 35% entre este año y el próximo, y el resto, hasta los próximos 15 años.
Una medida que, ciertamente, servirá a La Moncloa para financiarse sin pagar ningún tipo de interés, y a cambio de la cual permitirá a los consistorios que accedan poder utilizar los ahorros bloqueados en sus cuentas bancarias. El mecanismo se ganó la animadversión de las principales ciudades españolas y fue aprobado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) con el único voto de los alcaldes socialistas, la abstención de Unidas Podemos y el rechazo del resto de representantes locales de todo signo. Hubo empate y el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, sacó adelante el documento. Una auténtica fractura que obliga al Gobierno de Sánchez a hacer un nuevo ejercicio de convencimiento antes de que llegue a votarse en un plazo de 30 días.
Preguntadas las mencionadas fuentes sobre una posible negociación con los socialistas, en Compromís ya advierten: mucho tiene que cambiar la situación para mover su postura del previsible 'no'. El desacuerdo es con el fondo del decreto, por lo que si este no cambia y se pone sobre la mesa un texto diferente, poco hay que hacer. Con presencia en el gobierno municipal de numerosos consistorios valencianos, la coalición considera el mecanismo una auténtica "confiscación". Y aunque es un mecanismo de adhesión voluntaria, entienden que es una manera de forzar a los ayuntamientos a la voluntad del Gobierno si quieren hacer uso de sus propios fondos. Hay quien incluso lo llama un "chantaje en toda regla".
Precisamente el propio Baldoví dijo del acuerdo que era una decisión "nefasta y absolutamente catastrófica para los ayuntamientos". A juicio del diputado valenciano, "no se puede tomar una medida que rompa el consenso de tantos años en la FEMP". Por ello, consideró este amplio desacuerdo un "mal precedente" que no se debería haber producido "nunca". "No se puede castigar a todos los ayuntamientos que han ahorrado durante todos estos años para hacerle la faena al Gobierno", sentenció el parlamentario de Compromís, quien calificó el documento de un "mal acuerdo".
Una negativa en el Congreso que no es la primera en los últimos meses, después de que la formación valencianista rechazara apoyar las dos últimas prórrogas del estado de alarma después de que el Gobierno no aceptara ninguna de sus reivindicaciones -como la creación de un Fondo de Nivelación en los fondos europeos para las CCAA- con el argumento de que no tenían relación con la decisión sobre el estado de alarma. Sin embargo, Sánchez si pactó la derogación -primero íntegra y luego parcial- de la reforma laboral con EH-Bildu, lo que aumentó la sensación de agravio de los nacionalistas valencianos.
Actualmente, el decreto de los remanentes tiene en contra a una quincena de partidos del hemiciclo que suman 190 diputados de los 350: se trata de partidos tan dispares como PP, Vox, Ciudadanos, ERC, Junts, PNV, Bildu, Navarra Suma, Compromís, Foro Asturias, PRC, Coalición Canaria, Nueva Canarias, BNG o la CUP. Buena prueba de esta transversalidad se vivió en la Diputación de Alicante, por ejemplo, donde Compromís se sumó al PP y a Ciudadanos para rechazar el decreto gubernamental.
Este lunes, sin ir más lejos, los alcaldes y portavoces municipales del PP unieron sus fuerzas con un rotundo 'no' al Gobierno de Sánchez. Según han anunciado los populares, los ayuntamientos donde gobiernen no se adherirán al decreto y, por ende, no transferirán "ni un sólo euro" al Estado. Robo, incautación, chantaje, traición o latrocinio fueron algunos de los vocablos empleados por el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, para referirse al decreto. También anunció movilizaciones de sus cargos este mes y el próximo, antes de la votación, y anunció un recurso al Tribunal Constitucional.
El PP valenciano reclamó al president de la Generalitat, Ximo Puig, del PSPV, dejarse de "fe, confianza y palabrería" y pedir a los diputados de su partido el rechazo al decreto. El socialista dijo confiar en un posible "acercamiento" en las próximas semanas dado que "todos tenemos que hacer esfuerzos para buscar acuerdos y, sobre todo, jerarquizar prioridades".
Los socialistas intervinieron durante la jornada de ayer para echar balones fuera y el síndic del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, indicó que el PP "no está legitimado" para hablar sobre el decreto porque fue "el PP del incautador Cristóbal Montoro, y su jefe, el expresidente, Mariano Rajoy, que colapsó los ayuntamientos cuando gobernaba".
Múltiples representantes de Compromís se han opuesto al decreto de los remanentes. En València ciudad, antes de que se alcanzase el acuerdo, el gobierno municipal decidió dedicar 32 millones de su superávit a pagar deuda, con la posibilidad de poder revertir este movimiento -como publicó este diario- si finalmente se decidía 'prestar' ese dinero ahorrado al Gobierno central en virtud del mencionado decreto. Y aunque las dos formaciones que constituyen el gobierno local, Compromís y PSPV, admiten la posibilidad de acometer este cambio, no ambas se expresan en los mismos términos. Así, el alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), ha rechazado pública y frontalmente el decreto al considerarlo "paternalista" e "insuficiente".
En los socialistas, que dirige Sandra Gómez, aunque tampoco acaba de convencer del todo, tiran de pragmatismo para admitir que lo importante es que los consistorios puedan desbloquear sus remanentes, antes que tenerlos parados sin poder hacer uso de ellos. Es, al fin y al cabo, la opción menos mala. En este sentido, también hacen referencia a la delicada situación financiera que están atravesando las arcas estatales precisamente en estos momentos, así como la que tendrá que afrontar en los próximos meses y años debido a una merma en la recaudación.
La discrepancia quedó patente la pasada semana, cuando el viernes tuvo lugar una reunión de los principales ayuntamientos de España para suscribir un manifiesto de rechazo al decreto de los remanentes. Así, preguntadas fuentes socialistas si el Ayuntamiento de València estaría presente en dicho encuentro, respondieron con una negativa. No obstante, finalmente, el primer edil, Joan Ribó, sí suscribió -pese a no estar en el encuentro- el documento contra la medida del Gobierno central.
La portavoz del PP en el Ayuntamiento de València, María José Catalá, alertó este lunes que si el gobierno local no dedica los 32 millones de euros a deuda y decide participar de "esta cacicada del Gobierno" entregando sus ahorros, no deberá dar 32, sino 36 millones de euros, dado que todavía quedan cuatro millones en la partida del superávit. Catalá avanzó en este sentido que el grupo municipal popular llevará una moción para "defender los ahorros municipales, la autonomía local y la libertad del Ayuntamiento para gastar los remanentes en aquello que consideren". "No valen medias tintas", aseveró.
Así, dijo que Compromís y el PSPV "van a tener que pronunciarse y elegir entre estar con los valencianos o hacer de cajeros de Pedro Sánchez, que va a conseguir financiarse durante los próximos 15 años gracias a los remanentes de los ayuntamientos". Su partido ha presentado en Les Corts una proposición no de ley (PNL) en este mismo sentido. El tripartito de la Generalitat Valenciana -PSPV, Compromís y Unidas Podemos- deberá mostrar sus posturas.
Huelga recordar que el decreto contiene varios puntos, entre los cuales también destaca el fondo extraordinario para el transporte urbano. Una línea reclamada por los principales consistorios del estado debido a la merma de usuarios y recaudación que han sufrido las empresas municipales de transporte. Ascenderá a 275 millones de euros ampliables a 400 millones siempre que se justifique y acredite la insuficiencia de la dotación inicial, y se cargará a los Presupuestos Generales del Estado, por lo que previsiblemente no llegaría hasta 2021.
Según el real decreto, dependerán de los ingresos tarifarios de cada empresa en 2018, y concretamente llegará el 33% de esa cifra. En València, la EMT tuvo unos ingresos tarifarios ese año de 47,3 millones de euros, por lo que previsiblemente recibirá 15,7 millones de euros. Esto permitiría cubrir parte del déficit previsto por la firma municipal, cuya peor proyección es alcanzar unas pérdidas de 27 millones de euros. Por ello, tanto el alcalde de València, Joan Ribó, como la vicealcaldesa socialista, Sandra Gómez, celebraron esta medida. Ahora bien, si se deroga el decreto de los remanentes, esta medida también caerá.
