VALENCIA. Banco Popular vuelve a las andadas en bolsa y ayer encadenó la cuarta caída consecutiva, que le ha hecho dejarse en el camino casi un 5% en tan corto espacio de tiempo. Y, por si faltaba algo, un nuevo bajista se ha dejado ver por el capital del banco presidido por Ángel Ron: Samlyn Capital.
Se trata de un hedge fund o fondo de alto riesgo estadounidense, que el pasado 15 de julio declaró una participación del 0,51% ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Cierto es que se ha convertido en el único bajista con nombre y apellidos -por aquello de tener más del mínimo legal a partir del cual hay que declarar como es el 0,50%-, puesto que ha desaparecido el 'cazaOPAs' Oceanwood Capital Management.
Conviene recordar que hasta hace unos días controlaba el 0,57% como publicó la semana pasada este diario, mientras el porcentaje total de posiciones cortas sigue desinflándose y según la última comunicación del organismo supervisor -de esta misma semana- el porcentaje se ha reducido hasta el 2,74%. O lo que es lo mismo: la cota más baja desde el 1,93% de finales de octubre de 2014.
El repliegue de los bajistas llega tras conocer la decisión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de no aplicar la retroactividad "limitada en el tiempo" en el cálculo de las cantidades que los bancos deberán devolver a los afectados por las cláusulas suelo en España. Unas prácticas declaradas abusivas por el Tribunal Supremo en mayo de 2013 y que al Popular le podían haber impactado en 160 millones de euros, según las estimaciones de Goldman Sachs, caso de que hubiera habido retroactividad total.
Mientras tanto la entidad madrileña, que el último viernes de julio publicará sus resultados semestrales, está estudiando crear una sociedad vehículo para disminuir sus activos improductivos en al menos 4.000 millones de euros. No hay que olvidar que coincidiendo con el anuncio de ampliación de capital a finales de mayo, la entidad adelantó que tenía la intención de acelerar la estrategia de reducción del negocio inmobiliario con un objetivo de desinversión de 15.000 millones de euros de activos improductivos hasta 2018.
"Aún sin estar configurada ni la estructura definitiva, ni el importe, ni el perímetro, en todo caso el importe final de esta alternativa sería significativo y no se estima a día de hoy que fuese inferior a los 4.000 millones de euros brutos", advertía la entidad hace una semana por hecho relevante ante la institución presidida por Elvira Rodríguez,