Benavent asegura que Rus y Deusa amañaron el pliego de condiciones para beneficiar a la empresa Servimun  

VALENCIA. El magistrado instructor de la Operación Taula ha levantado el secreto de sumario de una de las piezas separadas del sumario, la que afecta al Servicio de gestión multicanal a los contribuyentes o “call center” adjudicado a la empresa Servimun.

Dentro de esta pieza están como investigados, entre otros, el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, el exdiputado provincial de Empresas Públicas y consejero delegado de Imelsa Rafael Pérez, el exjefe de sección de evaluación y planificación de Diputación de Valencia adscrito a Imelsa Salvador Deusa y el exsuegro de Benavent, Mariano López.

Según explica el magistrado en un auto al que ha tenido acceso Valencia Plaza, “la persona designada por Imelsa como responsable del contrato fue Salvador Deusa. El 1 de septiembre de 2013, dejó de desempeñar ese cometido al ocupar en virtud de comisión de servicio otro puesto en la Diputación de Valencia. En esa tesitura, el director gerente de Imelsa Marcos Benavent designó para dicho cometido de control de la ejecución del contrato a la empleada de dicha entidad María Escrihuela”.

Y prosigue exponiendo que “Escrihuela encargó a la entidad PwC un informe de auditoría relativo al contrato. En dicho informe, confeccionado en junio de 2014, se recoge como motivo del encargo la posible ejecución defectuosa e incompleta por parte de la empresa adjudicataria, Servimun, que esta empresa no habría mantenido por completo su actividad empresarial propia basada en sus recursos patrimoniales, medios y organización, y que no estaría prestando la formación necesaria, por su cuenta, a los trabajadores empleados para la realización de los trabajos contratados”.

“Las conclusiones de dicho informe indicaron la existencia de cumplimiento defectuoso imputable al contratista”, añade el magistrado. También explica que “a la recepción de dicho informe por Imelsa, Rafael Pérez, consejero delegado de la empresa pública, encargó en julio de 2014 a Salvador Deusa un informe o memoria de evaluación del contrato”.

Al parecer, y siempre según el auto pero tal y como adelantó Valencia Plaza en exclusiva, “en su informe Salvador Deusa, sustancialmente, alegó la cesación de su cometido tras el 1 de septiembre, concluyendo que en el periodo junio-septiembre, en que fue responsable del contrato, los servicios de atención telefónica de primer nivel se prestaron satisfactoriamente. María Escrihuela, a la vista del contenido de estos dos informes, presentó su renuncia como responsable del contrato”.

Contratos con terceras empresas por lo mismo

Por otro lado, en febrero de 2013 se suscribió contrato de prestación de servicios por parte de Benavent, en representación de Imelsa, y Salvador S. de la empresa Valencia Interactiva S.L. (Valtiva). Su objeto era la prestación por esta última entidad de servicios de consultoría y asistencia en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para la gestión tributaria, en parte afectante a los servicios de ‘call center’ que finalmente serían adjudicados a Servimun. El procedimiento de adjudicación del contrato fue el de negociado sin publicidad y el importe del mismo ascendía a 46.730 euros, IVA incluido, hasta diciembre de 2013.

En relación con Salvador S., el magistrado explica que “otra empresa de éste, Inter Europa de Proyectos Informáticos S. L. facturó en marzo y octubre de 2012, por servicios técnicos de asesoramiento aparentemente relacionados con el servicio de ‘call center’, facturas que fueron visadas por Salvador Deusa.

Finalmente, Marcos Benavent manifestó que la adjudicación del contrato de servicio de gestión multicanal a los contribuyentes (call center) se encontraba “amañada en cuanto al pliego de condiciones”, de lo que responsabilizó a Alfonso Rus y a Salvador Deusa, a fin de que la empresa adjudicataria fuese Sermimun para de esta forma indirectamente favorecer a su exsuegro.

Los responsables

Para el instructor “aparecen indicios de que la adjudicación del servicio call center a Servimun, con cargo al presupuesto de Imelsa, pudo ser decidido por voluntad de Alfonso Rus con la intención de favorecer los intereses particulares de dicha empresa y de su legal representante,  contando para ello Alfonso Rus con la colaboración de Salvador Deusa”.

Para conseguirlo dice el auto que “se manipuló de manera interesada el proceso de adjudicación, y con vulneración del principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública, la concesión de la contrata a la empresa antes citada, debiendo ser consecuentemente objeto de dicha investigación, el eventual incumplimiento por parte de la empresa adjudicataria Servimun de prestaciones contractuales que venían establecidas y a las que estaba obligada.”

Y apostilla que “si dicho incumplimiento generó un daño o perjuicio patrimonial que la presunta adjudicación ilícita y ejecución defectuosa pudieran haber causado en el erario público, así como posibles conductas de fraude contractual, falsedad, malversación y cohecho que pudieran derivarse de los contratos accesorios que por parte de Imelsa se celebraron con las empresas Valtiva, Auriba e Indepro, así como la facturación a Imelsa por parte de la empresa Asistencia Catastral y Tributaria S.L.U. en el año 2014, de la que era, también, legal representante otro de los imputados, por importe semejante a la suma de 60.000 euros que por parte de Imelsa se retiraron o descontaron a Servimun como penalización en la ejecución de la contrata del Call Center”.