Blasco niega cualquier relación con Taula y achaca su comparecencia a "un interés partidista para animar cosas que están muy desfasadas en el tiempo"
VALÈNCIA. (Agencias). El exconseller 'popular' Rafael Blasco, condenado a seis años y medio de cárcel por fraude en las ayudas a la cooperación, ha afirmado este lunes que tras su "doloroso" paso por el centro penitenciario de Picassent (Valencia) ha "aprendido la lección" y ha sido "una persona consecuente con una sentencia judicial condenatoria" que ha "asumido con toda su importancia", lo que supone "una asunción de errores y delitos que, por sentencia, se me ha planteado".
Sin embargo, ha apuntado que en la prisión "hay un porcentaje muy importante del colectivo que son inocentes". "Hay mucho inocente dentro de la cárcel y hay muy buenos profesionales que contribuyen a que un sistema penitenciario más que obsoleto funcione con cierta garantía", ha remarcado el 'conseller', que ha comparecido en Les Corts días después de obtener el tercer grado penitenciario tras cumplir tres años y siete meses de su condena.
Blasco se ha pronunciado en estos términos en una comparecencia en la comisión de Les Corts que investiga la contratación de la Generalitat con empresas vinculadas con la Operación Taula, derivada del caso Imelsa, a la que ha asistido saludando a los periodistas y señalando que estaba "contento".
De hecho, ha comenzado su intervención mostrando su alegría por ver a los diputados y por volver a la cámara autonómica valenciana donde ha recordado que estuvo "muchos años" --fue diputado y portavoz del PP en la cámara-- y de la que siente "tanto respeto al trabajo que se hace aquí". "Me encuentro muy bien para contribuir a responderles, pero me resulta difícil opinar en cuestiones no tengo vinculación y relación", ha afirmado para incidir en que no tiene vinculación con lo que la comisión investiga.
De hecho, en numerosas ocasiones ha apuntado desconocer el motivo por el que había sido citado porque ha negado vinculación con el caso, pero ha dicho que se siente "muy bien de contestar" aunque fuera para "contradecir afirmaciones" que "no se corresponden más que con interés partidista para volver a animar cosas que están muy desfasadas en el tiempo y no se corresponden con la realidad".
"Si estoy aquí, no es por nada relacionado con Taula, pero tengo relativa experiencia política y sé cómo se utilizan arteramente los mecanismos parlamentarios y legales para introducir temas que no teniendo nada que ver con el motivo y el elemento esencial de una comisión permiten animar el asunto para intentar generar cierta confusión", ha señalado.
Blasco ha afirmado que, aunque "no hay ninguna justicia humana que sea perfecta y la divina es casi un milagro, como demócrata "uno debe aceptar las condenas por las razones que sean" y, en este sentido, ha subrayado que él las ha aceptado "desde el primer momento" y yo las he aceptado desde "el primer momento", independientemente de su opinión.
"He aprendido la lección de lo que ha sido una estancia dolorosa, de lo que ha sido estar en la cárcel. Me siento muy agradecido a las personas que me han venido manifestando desde el primer día la solidaridad. Yo he recibido una media de dos cartas diarias en el centro penitenciario todas de personas que no conozco afirmando la solidaridad con mi persona y eso me hace ser fuerte en mis convicciones", ha subrayado.
Preguntado por si va a devolver el dinero de las ayudas a cooperación, ha remarcado que él "no tiene responsabilidad civil, sino contable por un dinero defraudado a la administración pública". "Estamos desde hace nueve años esperando a que el Tribunal de Cuentas ejecute esa responsabilidad contable porque tenemos esos bienes embargados y no podemos hacer más allá de lo que ya hemos hecho que, ha sido poner nuestro patrimonio a disposición del Tribunal de Cuentas para que ejecute esa responsabilidad contable y resarcir las arcas de la administración pública", ha remarcado para señalar que, además, han pagado con "la cárcel".
"Mi disposición ha sido no solo a colaborar con la Justicia, sino que estamos pidiendo que ejecuten la responsabilidad contable con nuestros bienes embargados".
Sobre sus responsabilidades políticas, Blasco ha remarcado que nunca pensó que "la algarabía" que había en la Conselleria de Cooperación por "unas adjudicaciones que un señor defraudó", que iban a ser finalmente "irregularidades" y de las que él, según ha señalado que indica la sentencia, no se benefició "de un solo euro". Pero ha señalado que las asumió y está pagando por ello.
"Quizás en vez de resistirme como me resistí a aceptar políticamente que había un lío tremendo, yo pensé que eso no iba a derivar en una causa judicial con estos efectos y por eso me resistía a dimitir, quizás debería haberlo hecho antes. Me equivoqué", ha admitido.
El exconseller ha acusado al PSPV que dirigió Joan Lerma de haber dado indicaciones a sus cargos públicos para que reclamasen el pago del 10 % en comisiones a los contratistas.
"He vivido muchas cosas en política, he estado en un partido socialista en el que el secretario de organización mandaba circulares a los cargos públicos pidiéndoles a todos los que contrataban en las instituciones que cobrasen una comisión del 10 %, lo he visto, está firmado", ha asegurado.
En este sentido, ha invitado a los periodistas a recurrir a la "maldita hemeroteca", porque "verán cosas sorprendentes".
Por otro lado, el exconseller ha asegurado que durante el tiempo en el que formó parte del Gobierno valenciano con el PP no tuvo constancia de que se "invitase" a ninguna empresa a optar a contratos públicos ni tampoco que se cobrase comisiones a contratistas.
Preguntado por su relación con el exsecretario autonómico de Educación y exgerente de Ciegsa, Máximo Caturla, ha señalado no tener ninguna relación con él más allá de una relación "institucional" con él, mientras que con el exgerente de Imelsa Marcos Benavent ha indicado que ésta no existía y ha lamentado que "se haya convertido en un oráculo" y "se creen todo lo que dice".
"Me siento con suerte de no haber contratado con Benavent", ha ironizado sobre el autodenominado 'yonki del dinero'. Asimismo, ha negado relación con la empresa Engloba, ha dicho que no la conocía, al ser preguntado por un contrato de 9.000 euros de la Conselleria de Cooperación, que él dirigía, para un video promocional del hospital.
El exconseller se enfrentará a partir del 15 de abril a un nuevo juicio por el desvío de unos cuatro millones de euros de ayudas públicas destinadas a proyectos humanitarios, entre ellos la construcción de un hospital en Haití.
Sobre este asunto, se ha limitado a apuntar que "es un tema interesante" sobre el que "circula mucha desinformación".
Preguntado por sus responsabilidades al frente de varias campañas electorales del PP, Blasco ha explicado que se limitó a "elaborar programas y estrategia electoral", tanto con el PP como en etapas anteriores en el PSPV-PSOE.
El portavoz de Compromís, Fran Ferri, ha preguntado por la actividad empresarial María Consuelo Salom Císcar, una de las hijas de la esposa de Rafael Blasco, Consuelo Císcar, relacionada con las ITV y con las residencias para personas dependientes.
Blasco ha asegurado que su hijastra no ganó un sólo euro con esta actividad y ha negado que las adjudicaciones en materia de ITV o plazas residenciales a las que según Ferri concurrió se realizasen a través de una "maraña" de sociedades para ocultar su nombre.
Blasco ha mantenido varios enfrentamientos verbales con los diputados de PSPV, Compromís y Podemos, especialmente con la diputada socialista Clara Tirado, una de las denunciantes de la trama corrupta que operó en materia de cooperación, cuyo discurso ha sido tachado de demagógico y populista por el exconseller.
También ha tachado de "ignorante" a la diputada de Podemos Fabiola Meco, antes de insistir en que no se ha quedado un sólo euros, que no tiene responsabilidad civil alguna, y que espera que se ejecute cuanto antes la responsabilidad contable que pesa sobre él por el dinero que "defraudaron terceros a la administración".
"Tengo lo justo para llegar a casa, mi pensión de jubilación y mi vivienda están embargadas desde hace cinco años", ha lamentado.
Tras abandonar la comisión, los periodistas le han preguntado si reivindica su inocencia, a lo que Blasco ha respondido que eso es para su "fuero interno", pero que "sería estúpido que dijese que soy inocente, eso lo he asumido, he reflexionado sobre mis responsabilidades, sé bien lo que he hecho y lo que no".
Sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo de conformidad en relación a las causas que tiene pendientes con la justicia, ha apuntado que "los acuerdos los deberá plantear la Justicia en su momento. Si hay posibilidad de acuerdo será porque la Justicia lo considera satisfactorio; reconoceré mis responsabilidades, pero no lo que no haya hecho".
Preguntado por si se siente maltratado por el PP, ha asegurado que no, que, al contrario, se siente "muy apoyado por amigos que saben cómo soy, que me han mostrado su afinidad y su apoyo" y ha insistido en que ha recibido una media de dos cartas diarias de apoyo durante su internamiento en Picassent.
Si pudiese volver atrás en el tiempo, ha admitido que "hubiese salido antes del Gobierno, pero tenía responsabilidades en la Conselleria y como portavoz en un momento de dificultades y pensé que tenía que resistir hasta el último momento, pero quizá debería haber puesto antes el punto final"
El exconseller que coincidió en el centro penitenciario de Picassent con el expresident Eduardo Zaplana, ha reclamado "humanidad" para que éste no regrese a prisión porque "peligra su vida". Blasco ha explicado que vio algunas veces a Zaplana en Picassent, donde fue recluido en prisión preventiva tras su detención en mayo por supuestos delitos de corrupción.
"Mientras estuvo allí -fue trasladado a La Fe en diciembre, donde sigue ingresado- le vi algunas veces. Es un caso sobre el que deberíamos reflexionar, porque no está juzgado, se ha de mantener su presunción de inocencia, y además está enfermo".
"La estancia en la cárcel, sé lo que es eso, pone en peligro su vida; y no puede ni debe estar en unas instalaciones que no reúnen las condiciones para el tratamiento de su enfermedad", ha agregado.
"Desde el punto de vista humanitario debería contemplarse que no esté en un sitio en el que un simple resfriado o una gripe le puede matar. Una justicia sin sentido humano ni es justicia ni es nada".
"Sé que quizá no soy el más apropiado para decirlo, pero todos los comportamientos humanos han de tener una componente de ternura y humanidad, de compasión frente a quienes estén en determinadas situaciones económicas o físicas", ha concluido.
Además, Blasco ha asegurado en relación al expresident Francisco Camps que "lleva ya un recorrido de imputaciones, todas fracasadas, que me da que pensar que algunas son en falso, es un calvario".
"Yo cumplo condena por unos hechos que se iniciaron en 2008, y eso no hay cuerpo humano que lo aguante", ha asegurado en relación al "calvario" por el que a su juicio también atraviesa Camps.
Igualmente, ha reivindicado que una causa judicial contra él "por una denuncia que puso una diputada hace seis años", se ha archivado y "nadie ha dicho que yo he estado sufriendo un calvario".
Insistido por si pondría la mano en el fuego por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps y por su relación con el expresidente de la Diputación Alfonso Rus, ha indicado que el exjefe del Consell es "una persona honorable" y sobre él ahora mismo no hay "ninguna sentencia judicial que cuestione su comportamiento, mientras que de Rus ha dicho que le unía una amistad y siempre le ha parecido que era "una buena persona y un excelente gestor en la Diputación".
Blasco ha deseado a los diputados "una buena campaña electoral", "que tengan mucha paz" y que ahora sus objetivos prioritarios son "acabar de cumplir la condena y dedicarse a su familia".
Se da la circunstancia de que fue este pasado viernes 1 de febrero cuando el exconseller del PP salió del centro penitenciario, en el que ha estado durante tres años y siete meses cumpliendo condena, tras haber accedido al régimen de semilibertad al tener los requisitos para ello.
Así lo propuso la Junta de Tratamiento de la prisión de Picassent donde cumple condena y lo ha concedido la secretaria general de Instituciones Penitenciarias (IIPP). En este caso, Blasco cumplió la mitad de su condena en septiembre de 2018. El resto del tiempo que le queda hasta liquidarla --termina en diciembre de 2021-- lo cumplirá en el Centro de Inserción Social (CIS) que determine IIPP.
El exconseller tiene otro juicio pendiente, el resto de piezas de Cooperación, junto a otras 23 personas más, acusadas de irregularidades en subvenciones a ONG y en la construcción de un Hospital en Haití que no llegó a llevarse a cabo. La vista está señalada a partir del 15 de abril.
En total, Blasco lleva en prisión tres años y siete meses, después el que el Supremo le condenara en junio de 2015 a seis años y medio de cárcel por el fraude de ayudas al Tercer Mundo, dentro de la pieza 1 del conocido como caso Cooperación, relativa a irregularidades en la concesión de ayudas por parte de Solidaridad a la Fundación Cyes para proyectos en Nicaragua. Esta condena suponía un año y medio menos que la impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
El alto tribunal valenciano le había denegado el pasado mes de junio el tercer grado que había solicitado Blasco al tener en cuenta el informe de IIPP que apreciaba un riesgo "medio-alto" de reincidencia y por la naturaleza de los bienes a los que afectó, ayudas al Tercer Mundo, que hacía que los hechos fueran "especialmente reprobables".
Además, la sala alegaba la "alarma social" que produjo el caso, pendiente de enjuiciar otras piezas, y que no había hecho el "más mínimo intento" de paliar las "graves consecuencias económicas" a la administración pública. Precisamente, a mediados de este mes se supo que el Tribunal de Cuentas había embargado 59.000 euros de tres condenados en el Caso Cooperación, entre ellos Blasco, y transfirió esa cantidad a la Generalitat dentro del procedimiento de reintegro por alcance para recuperar el dinero sustraído a las arcas públicas.
En el mes de marzo de 2018, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ya había rechazado una queja del exconseller por negarle permisos, por parte de la Junta de Tratamiento de la prisión, ya en diciembre de 2017.